Estado de excepción: una solución inadecuada

Estado de excepción ¿Cómo es que la última ratio se convirtió en una alternativa para enfrentar manifestaciones sociales? El curso de los hechos acontecidos esta semana ha llevado de manera previsible a un aumento en la violencia de la manifestación del descontento de la ciudadanía. Previsible no porque necesariamente un proceso de evasión termine con la toma de calles y destrucción de infraestructura, sino porque desde el mundo político no hubo una lectura correcta de los hechos.

Con una retórica autoritaria, el gobierno mantuvo una posición intransigente ante la petición de congelar la tarifa del metro y enfrentó el conflicto como un hecho delictual: anunció la aplicación de la Ley de seguridad interior del Estado y movilizó fuerzas especiales de carabineros a las estaciones de metro para tratar de desincentivar la evasión. Esta estrategia tuvo, a lo menos, dos falencias: primero, desde el punto de vista de la prevención, el aumento de penas solo tiene efecto desincentivador en aquellos que no comenten el hecho perseguido, pues no quieren someterse al peligro del castigo. En cambio, aquellos que conscientemente realizan el acto, saben que su acción conlleva una consecuencia, pero en la evaluación del riesgo la comparación entre el costo y la finalidad perseguida hace aparecer el castigo como un elemento inocuo, pues de todas maneras es un elemento inherente a la acción que ya se ha realizado.

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Con una retórica autoritaria, el gobierno mantuvo una posición intransigente ante la petición de congelar la tarifa del metro y enfrentó el conflicto como un hecho delictual

La segunda falencia fue no entender el fondo de la manifestación. La profunda desigualdad social y la privación sistemática de derechos sociales genera una sensación de desamparo del ciudadano ante el Estado. El dogma del mercado ha llevado a olvidar el factor humano detrás de la construcción social. Cada ciudadano es una historia individual que vive en forma concreta las consecuencias del desentendimiento del Estado de las necesidades sociales: los aranceles excesivos de las universidades, el alto costo de la vida, la especulación inmobiliaria que hace imposible el acceso a la vivienda, las bajas pensiones, el sistema de ISAPRES, las largas jornadas laborales y las diferencias de sueldos, entre otros.

Si la estructura social fuera distinta, el alza del pasaje del metro hubiera sido un hecho irrelevante e incluso aceptado por la ciudadanía. Sin embargo, dado el panorama social en que vivimos, el alza se transforma una forma más de violentar los derechos sociales que se hace patente día a día. Por ello, es que el anuncio del uso de la fuerza por parte del Estado solo contribuyó a aumentar la sensación de descontento e inconformidad generando así una escalada de violencia.

En suma, el gran problema es la indiferencia de la clase política, de aquellos que tienen el mandato de gobernar en busca del bien común y no de los intereses privados, pues es la indiferencia la que los ha llevado a olvidar que el fundamento de todo poder político proviene, justamente, de aquella masa que reprimen. La violencia en la manifestación es solo un recordatorio de esto. Pero por indiferencia se omite este hecho y antes de reconocer el error y abrirse al diálogo, que debe ser siempre la primera ratio, se prefiere recurrir al uso de la fuerza y plantear como normal algo que solo debe ser una excepción.