El mito del cierre definitivo del proceso constituyente/constitucional

Al igual que Michelle Bachelet decretó en 2015 que se abría el proceso constituyente, hoy los partidos políticos han notificado que éste se cerró. Algunos, el oficialismo, que por lo menos durante este gobierno. La derecha, que para siempre.

En la vida, pero en política más aún, las palabras son esenciales. Así lo demostraron estos cuatro años de discusión profunda: el debate fue de vocabulario, conceptos. De ideas, al fin y al cabo. Era sobre el texto, nos decían en todo momento. Y aquello es correcto. Las normas son eso, párrafos escritos sobre un papel que ordenan, dirigen, regulan la convivencia social en sus distintas facetas.

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Que existe agotamiento en múltiples sectores, difícil es de negar. Y eso incide en la viabilidad política actual. Pero eso no significa que el dilema constitucional esté cerrado

A mediados de los 2000 ya se venía demandando la reposición de la Carta Fundamental, mediante participación vinculante de la ciudadanía, en lo que fue el Movimiento Ciudadano por la Asamblea Constituyente (y antes de éste hubo actores que la reclamaron desde el mismo 11 de septiembre de 1973).  Fue durante las movilizaciones estudiantiles de 2011 que el tema emergió con fuerza pública, tomando en 2013 la forma de Marca tu Voto, posteriormente conocida como Marca AC. Ahí está, también, el manifiesto“Plebiscito para una Nueva Constitución”, suscrito por múltiples liderazgos hoy en el poder, junto al subsecuente libro que junto a Manuel Antonio Garretón, Carlos Ominami, Patricio Rodrigo y Jaime Ensignia publicáramos por esos días.

Recién en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, ya como Nueva Mayoría, la institucionalidad recogió el guante, tras las movilizaciones ciudadanas que dieron la bienvenida a la primera administración de Sebastián Piñera y la oposición de cierta política formal (¿recuerdan eso de que pedir asamblea constituyente era “fumar opio”?). Porque el proceso no partió en La Moneda ni en el Congreso. Tampoco en Sanhattan. Nació en la calle, con su expresión cúlmine en octubre de 2019.

Durante su gestión, la presidenta impulsó diálogos y cabildos ciudadanos, como una forma de dar legitimidad democrática al diseño planteado. Porque el proyecto de Michelle Bachelet fue eso, una propuesta de texto completo a tramitarse en el Congreso Nacional. La iniciativa ingresada habló indistintamente de nueva Constitución y proceso constituyente, aunque se cuidó de aludir a la palabra “asamblea”.

Visto en perspectiva, es posible pensar, sólo como hipótesis, que si el sistema político se hubiera hecho cargo en ese momento de dotar a Chile de una nueva Carta Fundamental la presión social y ciudadana, que derivó en el estallido y sus consecuencias, habría disminuido.  Pero ya sabemos que la historia fue otra.

El Mensaje Presidencial fue ingresado el 6 de marzo de 2018. A menos de una semana de que Sebastián Piñera asumiera el gobierno y su respectivo rol colegislador. Ese mismo día la iniciativa pasó a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, que no emitió informe alguno al respecto. En la práctica, fue un aborto legislativo.

Lo cierto es que declaraciones más, declaraciones menos, los procesos constituyentes no se abren ni cierran por decreto. El poder constituido (léase Ejecutivo, Legislativo, Judicial, partidos políticos incluso) podrá dar más o menos señales habilitantes, tomar medidas a favor o en contra, intentar aportar o trabar el tránsito, pero es en definitiva la ciudadanía la que lo impulsa.

Que existe agotamiento en múltiples sectores, difícil es de negar. Y eso incide en la viabilidad política actual. Pero eso no significa que el dilema constitucional esté cerrado. La de 1980 sigue con problemas de legitimidad, dado que el único Plebiscito que ha consultado si las y los chilenos queremos mantener la actual Carta Fundamental fue el del 25 de octubre de 2020, donde un 78 % se mostró por la opción de una nueva Constitución.  Esto, más allá del mañoso argumento de que el rechazo a las dos posteriores propuestas validaría la vigente. Que se condene la dictadura de Hitler no querrá decir necesariamente que se respalde la de Pinochet.

Se ha dicho que estos cuatro años no han servido de nada. Dudo de aquello.

Una parte del país se repolitizó, tanto en sus componentes positivos (mayor vinculación ciudadana con los fundamentos que definen nuestra sociedad) como negativos (mayor polarización y emergencia de populismos).

Pero más allá de la subjetividad, lo concreto es que la Constitución sí cambió en una parte esencial: sus mecanismos de reforma.  Hoy los quórum para ello no son los cerrojos de dos tercios o tres quintos de legisladores en ejercicio que requería hasta antes de 2022. En agosto del año pasado quedaron establecidos en cuatro séptimos.  Y sólo en la medida de que el Presidente de la República rechace las reformas, el Congreso podrá imponer su propuesta pero sólo con las dos terceras partes de sus miembros en ejercicio, a no ser que el Mandatario convoque a Plebiscito.

Claro que esta verdadera “desfosilización” del entramado constitucional tiene un riesgo. Si el próximo gobierno es proclive a mantener la actual, con sólo tener los cuatro séptimos de ambas cámaras (89 diputado/as; 29 senadore/as), se podría lograr cualquier cambio, profundizando el modelo vigente y posteriormente elevando los quórum para así  dejar, una vez más, inamovible la actual institucionalidad.  Pero también es posible lo contrario, por tanto se abre otra puerta.

Lo dicho claramente es muestra de que el debate constitucional se reabrirá en la próxima contienda presidencial y legislativa.  Una en la cual la discusión sobre la vía constituyente siempre será una posibilidad.