Desde su origen, nuestro Código de Aguas alberga una limitada visión sobre este esencial elemento de la naturaleza: se enfoca en el uso antrópico, productivista y desligado de los ecosistemas en que se inserta. La columna vertebral de la institucionalidad se sustenta en los derechos de aprovechamiento privado, donde “no usar el agua” se castigaba con el pago de un impuesto. Algo de esto cambió con la reforma de 2022, al prohibir el otorgamiento de concesiones en áreas protegidas y obligar a la constitución de reservas con fines de conservación en estos territorios. Asimismo, libera del pago de patente a aquellos derechos denominados no extractivos y que estén destinados a la conservación, el uso recreacional o turístico.
Mientras se tramitaba la reforma, desde la administración se impulsaron algunos procesos participativos para enfrentar la crisis hídrica que afecta, en mayor o menor medida, a todos los territorios. Crisis que se origina, en algunos casos, en la insustentable gestión local; en otros, en el cambio climático. Fenómenos relacionados al compartir la misma matriz: una forma de vincularnos con la naturaleza como si no fuéramos parte de ella.La crisis del agua no se origina en lo que pasa allá afuera. Está, básicamente, en nuestra particular forma de pensar y habitar
A principios de 2022 comenzó un trabajo para elaborar múltiples planes estratégicos de gestión hídrica, a cargo del Ministerio de Obras Pública (MOP) a través de la Dirección General de Aguas (DGA). En el caso del sur de Aysén, nos convocaron a participar en la elaboración del instrumento para la cuenca del Baker, Pascua e islas entre el río Aysén, Baker y General Martínez. El último taller fue en noviembre de 2022. A la fecha no se ha tenido mayor información sobre su resultado final y lo único público que existe hoy sobre esta materia es el Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico de 2012.
Este año se dio un paso más allá. Se conformó el grupo promotor de la cuenca del río Aysén, liderado por el Gobierno Regional de Aysén e impulsado por los ministerios de Obras Públicas, Medio Ambiente y Agricultura. Este trabajo se enmarca en la intención de trabajar en 16 cuencas piloto que incidan en los Planes Estratégicos de Recursos Hídricos a los que mandata en nuevo Código de Aguas en su artículo 294 bis. El desempeño de estas experiencias serviría de base para un futuro proyecto de ley que formalice la gobernanza de estos consejos de cuenca.
Los pilotos alertaron a algunos. Fue el caso del abogado Alejandro Vergara, quien con una visión ideológicamente propietarista y alejada de los datos las emprendió en El Mercurio (¡era que no!) contra el proceso. Acusó en su carta que previo a este trabajo se requería que “se manifieste el Congreso Nacional sobre la materia” aludiendo a “una verdadera usurpación de las atribuciones que el vigente Código de Aguas entrega a las juntas de vigilancia”.
En Chile la forma colectiva de gestionar el agua se deriva del derecho de propiedad consagrado por la Constitución sobre los derechos de aprovechamiento. Quien más derechos tiene en determinado curso, con más posibilidades cuenta para decidir lo que se hace. Estas organizaciones de usuarios se denominan junta de vigilancia para los cursos naturales; asociaciones de canalistas y comunidades de agua para los artificiales.
Ya unos días antes de esta el mismo medio alertaba: “A Contraloría: Canalistas acusan al gobierno de instalar nueva administración del agua al ‘margen de la ley’”. En su misiva Vergara señalaba que “las juntas de vigilancia de los ríos están en el centro del modelo de derecho de aguas vigente, y es difícil exagerar la importancia secular que han tenido en la equitativa y pacífica distribución de las aguas, rol que ha sido reafirmado por dos recientes manifestaciones de la voluntad soberana”.
Claramente una iniciativa que busca generar experiencias, sin atribución administrativa ni legislativa alguna, malamente podría entenderse como usurpatoria de lo que mandata la norma, como afirmó el abogado. Más aún cuando el proceso planteó desde el inicio que la eventual legalización de una nueva gobernanza pasaría indefectiblemente por un proyecto de ley a tramitarse en Parlamento.
Pero más allá de las declaraciones, veamos los datos.
Según Escenarios Hídricos 2030, en la cuenca del Maipo (donde vive un 40 % de la población del país) para el año 2016 la recarga promedio de los acuíferos fue cercana a 45 m3/s. Sin embargo, sólo en derechos de aguas subterráneas otorgados se supera en un 35% esa capacidad regenerativa. Y en el caso de la cuenca del Maule para el mismo año, el flujo de recarga fue de 47 m3/s mientras que los derechos de aguas subterráneas privados eran de 13 % más.
Tal es es el modelo “equitativo” y “pacífico” de distribución de las aguas en Chile. Uno donde el concepto de recurso hídrico campea, como si el agua sólo cumpliera una función productiva y antrópica. Porque lo que se precisa modificar, junto con la gestión, es nuestra visión sobre lo que involucra su presencia (y ausencia) para la vida humana, claro está, pero para muchas otras vidas, también. Y para el paisaje, las formas, la seguridad.
Todo esto está involucrado en la figura de cuenca. Una que va más allá de cómo nos agenciamos el agua que fluye sobre y bajo la superficie, sino que nos habla de ríos, lagos y glaciares, de árboles, arbustos y pomponales, fauna, insectos y microorganismos, climas y seres humanos. Todo bajo un prisma de integralidad.
Lamentablemente, hoy pareciera haber un retroceso en la visión. Extraoficialmente se ha sabido que los consejos de cuenca pasarán a ser Mesas Estratégicas de Recursos Hídricos y donde el Ministerio del Medio Ambiente lleva la coordinación ésta pasará a la DGA, con el enfoque en la infraestructura que esto involucra. Incluso, la página de los Consejos de Cuenca del Ministerio del Medio Ambiente no está operativa.
Porque no todo tiene por qué ser artificialización a gran escala.
Nuevamente según cifras de Escenarios Hídricos 2023: en la cuenca del Maipo la eficiencia y el uso estratégico del agua aportaría un 73 % de lo que se requiere para superar la brecha hoy existente, con sólo un 19 % de inversión; las soluciones basadas en la naturaleza un 18 % con un 8 % del costo; y la nueva infraestructura un 9 % con un 73 % de gasto. Y en el caso del Maule aumenta más aún la importancia del cuidado de los ecosistemas: se alcanzaría un 53 % de mayor disposición de agua con medidas de eficiencia y ahorro requiriendo sólo un 0,5 % del costo total; un 46 % con protección y regeneración de las cuencas demandando un 6,5 % de la inversión; y un 1 % con obras de infraestructura que se llevarían el 93 % del presupuesto total.
A pesar de esta evidencia, ¿cuál es la señal que se está dando? Seguir con la mirada de recurso hídrico y de artificialización mediante infraestructuras, como el caso de la ofensiva de mega desaladoras que forman parte del paquete salvador de la industria del hidrógeno mal llamado verde.
La crisis del agua no se origina en lo que pasa allá afuera. Está, básicamente, en nuestra particular forma de pensar y habitar.
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