Cabe destacar que a partir de 1974, el secuestro y la desaparición forzada de personas corresponde a una política planificada por parte de los servicios de seguridad, fundamentalmente la DINA, SIFA, Comando Conjunto y más tarde en menor medida por la Central Nacional de Informaciones (CNI). En las detenciones de esa época, existe información previa del detenido. Éste era torturado con el objetivo obtener información que permitiese nuevas detenciones y seguir con el ciclo represivo.
Si el eje de la política represiva fue la desaparición, precisamente para que «no se supiera», una de las formas de consumarla fueron las técnicas de desaparición y desintegración de los cuerpos. Pero los entierros de NN son parte de la prueba, de los restos humanos que dan testimonio de que los desaparecidos no se esfumaron sino que fueron ultimados (Calveiro, 2004: 164).La política de exterminio de opositores, impulsada después del golpe militar por los servicios de inteligencia del régimen dictatorial, tuvo, probablemente, su expresión más cruel y dramática en la llamada “Operación Colombo”
No debemos olvidar que la implementación de esta política de exterminio, existió gracias a la complicidad de algunas instituciones públicas. El Poder Judicial durante la dictadura cívico-militar, no acogió los Recursos de Amparos (Habeas Corpus) presentados por los familiares de las víctimas. Solamente en 6 casos de 8.000 recursos fueron acogidos, y el único caso de detenido desaparecido considerado por la justicia, fue Carlos Contreras Maluje, que no se procedió a tiempo, por lo cual se encuentra desaparecido desde noviembre de 1976.
En la dictadura cívico-militar, gran parte de los medios de comunicación estaban controlados y censurados desde el gobierno de turno, nunca informaron de lo que estaba ocurriendo con las violaciones a los Derechos Humanos en Chile. A mediados de 1975, los diarios La Segunda, El Mercurio y La Tercera comenzaron a manipular noticias sobre chilenos que habían sido detenidos por la DINA y que aparecían muertos en “enfrentamientos” entre ellos mismos en la Argentina.
El 12 de junio de 1975, el vespertino La Segunda tituló: “En territorio argentino extremistas chilenos son adiestrados en guerrillas”. La información señalaba que “unos dos mil extremistas chilenos están recibiendo entrenamiento guerrillero en Argentina con el fin de reingresar a territorio chileno e iniciar la lucha contra el Gobierno”.
Por su parte, el diario La Patria (que corresponde a La Nación), órgano oficial del gobierno, editorializó el 15 de junio de 1975 apuntando: “Los extremistas ni están muertos ni están desaparecidos; por el contrario, gozan de perfecta salud física, ya que no sería posible decir lo mismo de su salud mental”.
El control de los medios y la campaña se extendió y profundizó. El 16 de junio de ese año, El Mercurio tituló: “Paso de miristas armados a Chile”, agregando, la información fechada en Mendoza: “Grupos armados de combatientes chilenos opuestos a la Junta Militar incursionaron en territorio chileno en operaciones vinculadas con la guerrilla argentina, trascendió aquí en fuentes policiales.
La política de exterminio de opositores, impulsada después del golpe militar por los servicios de inteligencia del régimen dictatorial, tuvo, probablemente, su expresión más cruel y dramática en la llamada “Operación Colombo”, con la cual se pretendió culpar a la izquierda del secuestro, desaparición y muerte de 119 personas, todos jóvenes que estuvieron retenidos y vistos en algún centro de detención clandestino.
La publicación de una lista de 60 personas detenidas en la revista Lea de Buenos Aires, el 15 de julio de 1975, y de otros 59 en el diario O’Día de Curitiba, dos días después, fue la culminación de una burda campaña de mentiras, engaños montada por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) en un intento por desentenderse de la responsabilidad de los desaparecidos y que contó con la participación de importantes diarios chilenos como se pudo constatar jurídicamente años más tarde.
En relación a lo anterior, sí bien el control del país era total por parte de las Fuerzas Armada y de Orden, 95 presos políticos que se encontraban recluidos en el campo de prisioneros Melinka, en la zona de Puchuncaví, iniciaron una huelga de hambre el 31 de julio al 8 de agosto de 1975 en respuesta a la falsedad de la noticias sobre los 119 detenidos desaparecidos.
La huelga fue concebida como una expresión de solidaridad y de denuncia del montaje, como también de exigencia a las autoridades a aclarar la situación de los prisioneros que aparecían en dichas listas. La demanda se hacía también a los gobiernos de Brasil y Argentina, implicados en este caso, pues los listados con los 119 nombres fueron difundidos en publicaciones de ambos países y desde ahí reproducidos en Chile.
Eran 119 los que salieron, a dar la cara al viento; eran 119 alondras, compañeros de puro acero. La cordillera se estremece, el mar se ensancha. Empuñamos las manos, y en los ojos una lágrima blanca.
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