“Si la clase dominante ha perdido el consenso, entonces no es más dirigente, sino únicamente dominante, detentadora de la pura fuerza coercitiva” (Gramsci, 2018)
Pronto a cumplirse cuatro años del 18 de octubre de 2019, la presente no tiene intención de escudriñar respuestas sociológicas, ni filosóficas, ni menos politológicas, para dar comprensión al fenómeno que comenzó al inicio de dicho mes, mes de la muerte de Miguel Enríquez Espinoza y del Che Guevara, y de esa alegría que nunca llegó y que menos se ganó con un lápiz como lo plantea, la clase dirigente.
Sucedió poco después de un alza al pasaje en el “sistema de transporte”: una masa de estudiantes secundarios, se concentraron en una estación de metro y cuál corriente de sueños rebeldes ingresaron a andenes sin pagar, solamente con el grito “Evadir, no pagar / otra forma de luchar”, era uno de aquellos gritos. Uno de los primeros en responder fue el ex subsecretario Ubilla Mackenney, que expresó, “me llama la atención que el pasaje de metro no subió para los estudiantes. Y ellos toman esa causa como una forma de protesta. Creo que no es la forma”. Y la evasión se fue prolongando y haciéndose masiva, sin temor y sin miedo, como rezaba una frase del 05 de octubre de 1988. El devenir de los acontecimientos fue el aumento como un volcán que reventó una y otra vez en diferentes lugares de Santiago.La oligofrénica frase del ex presidente Sebastián Piñera señalando que “estamos en guerra” solamente crispó más el ambiente e hizo recordar los tiempos de la dictadura civil militar
Pocos minutos de acontecida la medianoche del día viernes 18 de octubre del año 2019, el ex presidente Piñera Echenique anunció estado de emergencia para la ciudad de Santiago, debido a las violentas manifestaciones ocurridas durante ese día. La medida constitucional comprendió las provincias de Santiago y Chacabuco, además de las comunas de Puente Alto y San Bernardo en un primer momento, luego se fueron agregando otras ciudades y regiones de Chile. Dicho estado de emergencia y el correspondiente toque de queda se extendió hasta la medianoche del lunes 28 de octubre.
El objetivo de la aplicación de dicho estado excepcional, que no se aplicaba desde 1987, fue “con el objetivo de contribuir a que Chile recupere la normalidad institucional”, con el paso de las horas y generalizando la irrupción social, el ex presidente Piñera Echenique expresó que “estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable que no respeta a nada y nadie”, de la misma forma, el general a cargo de las operaciones en la Región Metropolitana, y actual comandante en jefe del Ejército expresaba “soy un hombre feliz, no estoy en guerra con nadie”.
La oligofrénica frase del ex presidente Sebastián Piñera señalando que “estamos en guerra” solamente crispó más el ambiente e hizo recordar los tiempos de la dictadura civil militar (1973-1990). En diversos espacios comunicacionales reflotaron el registro del dictador Augusto Pinochet Ugarte luego del atentado en Melocotón en septiembre de 1986 con la frase “ya está bueno que los señores políticos se den cuenta que estamos en una guerra entre el marxismo y la democracia”.
Cabe mencionar que, desde antes del 18 octubre, Piñera Echenique utilizó diversos conceptos que referían al estado de “oasis” de Chile y que, por ende, “había que cuidar el país”. Luego del estallido social y revuelta popular, los conceptos usados fueron en una dicotomía, las FFAA (orden) versus la delincuencia (caos). Dado lo anterior, el ex presidente fue más allá y partió sus constantes alocuciones, aseverando que “estamos en guerra”, tal como lo hiciera Pinochet Ugarte en dictadura, aludiendo al enemigo interno como foco de la crisis. Con lo cual, externalizó una profunda crisis institucional emanada de la desigualdad del modelo socioeconómico procedente e instalado por la Dictadura Civil Militar y luego, administrado por los diferentes gobiernos de la Concertación en la eterna llamada transición a la Democracia.
Con el transitar de los días y semanas para frenar el descontento social, reaparecieron las FFAA y de Orden “controlando el orden público” con lo cual se fueron profundizando los métodos represivos, contando en la actualidad por lo menos con cerca de 460 personas con traumas oculares, totales y/o parciales, una treintena de muertos, una cifra indeterminada de detenidos en diversos procesos y recintos carcelarios sin claridad en dicha información.
En los primeros ocho días del estallido, según cifras oficiales del Instituto Nacional de Derechos Humanos, solamente en personas heridas se detallaban 1.132 y detenidos 3.243. Cabe aludir que las cifras fueron variando con las manifestaciones, que “es un derecho humano” y el control de la seguridad y el orden público fue mutando desde un primer minuto por personal de Carabineros de Chile a personal de las Fuerzas Armadas, estos últimos ampliaron aún más la situación al no estar dispuestos profesionalmente para efectuar control civil de orden y seguridad y luego, de nuevo a Carabineros de Chile.
Manifestar que agentes del Estado, particularmente Carabineros de Chile y el cuerpo militarizado “Fuerzas Especiales” (actuales COP) contraviniendo sus propios protocolos, utilizó la fuerza de manera irracional y desproporcional y particularmente, los altos mandos hasta el día de hoy no han rendido cuenta por las graves y sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos.
La violencia del Estado contra los manifestantes se fue instalando sin contrapeso y respaldada por las autoridades administrativas del país. A partir de esos hechos se pudo constatar, pesquisar y evidenciar diversas violaciones a los Derechos Humanos, como “aquellos delitos contras los Derechos fundamentales del hombre, en cuanto miembro de la humanidad, que se encuentran definidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y que son realizadas por el Estado directa, indirecta o por omisión, al amparo de su poder único. De esta forma, el Estado anula su finalidad esencial y provoca la inexistencia del Estado de Derecho”.
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