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En columnas anteriores hemos descrito las realidades ocultas existentes en la salud mental en Chile. Hoy hablaremos sobre la exclusión en las escuelas de nuestro país. Hablaremos de la precaria atención salud mental en los establecimientos educacionales de nuestro país.
La fuente de información de ésta columna es nuevamente del Informe del Observatorio de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad Mental (2014).
En el informe se puede apreciar que el Estado de Chile viola el Artículo N°24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), que estipula que la Educación debe ser gratuita y de calidad (niveles primario y secundario), el derecho a la no discriminación y recibir el apoyo personalizado para su formación efectiva.
Además, mencionan que a pesar de las políticas de integración escolar existentes en Chile, solamente uno de cada diez estudiantes con discapacidad mental se beneficia de ellas.
Actualmente, el 90,60% de los niños con discapacidades mentales asisten a escuelas especiales y sólo 9,40% asisten a escuelas generales.
En los establecimientos educacionales de nuestro país, el profesional de salud mental está casi ausente. Específicamente, uno de cada 10 establecimientos educacionales cuenta con un profesional de salud mental.
Se registra un porcentaje algo mayor en las escuelas municipales (18,4% de ellas cuentan con este profesional) que en las particulares (8,4% de las subvencionadas y 4,6% de las sin subvención).
A pesar de las políticas de integración escolar existentes en Chile, solamente uno de cada diez estudiantes con discapacidad mental se beneficia de ellas. Actualmente, el 90,60% de los niños con discapacidades mentales asisten a escuelas especiales y sólo 10,40% asisten a escuelas generales.
El profesional de salud mental en los establecimientos educacionales tiene un rol importante en la prevención de trastornos y de discapacidades mentales, en el tratamiento oportuno y recuperación de éstas condiciones. Además, puede garantizar la inclusión y el desarrollo de sus capacidades.
Ya casi finalizando, éste informe revela que aún se utiliza la expulsión de estudiantes con problemas conductuales en un número no menor de escuelas, en vez de proveer los apoyos técnicos y profesionales personalizados y realizar los ajustes razonables en los procesos de enseñanza de acuerdo a las necesidades individuales.
En síntesis, para apalear éste problema, el informe concluye que debería existir la obligatoriedad de la inclusión de estudiantes con discapacidad mental en todas las escuelas del país; la incorporación de técnicos y profesionales de la salud mental en las escuelas para que ayuden a los profesores en la inclusión y generar un ambiente inclusivo; la formación y capacitación de profesores en competencias específicas para brindar el apoyo a los estudiantes con discapacidad mental y realizar los ajustes razonables en el aula; eliminación del uso de las expulsiones de las escuelas con discapacidad mental; refuerzo del apoyo técnico, supervisión y financiamiento que promuevan la inclusión de estudiantes con discapacidad mental en las escuelas.
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Foto: Municipalidad Antofagasta / Licencia CC
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