La salud mental es una preocupación presente en todos los ámbitos etarios y particularmente en el mundo juvenil, lo que se agudiza en situaciones de exigencias de rendimiento, como ocurre en la educación superior.
[texto_destacado]El Covid-19 interrumpió la normalidad de las rutinas cotidianas, con largos confinamientos y la adopción de nuevas modalidades de estudio y trabajo, basadas en sistemas remotos y estrictas medidas sanitarias, lo que fragilizó a la población e incrementó el número de estudiantes, funcionarios (as) y académicos (as) con problemas de salud mental.
Las comunidades universitarias regionales experimentaron un aumento explosivo del número de estudiantes, tanto de modalidad diurna, vespertina y nocturna que requerían apoyo psicológico. Se detectaron problemas de aprendizaje, alteraciones psicológicas, irritabilidad, timidez, insomnio y, en un extremo, situaciones de riesgo suicida. Entre quienes respondieron encuestas de salud mental, un alto porcentaje reconoció tener alguna patología.
Las mayores dificultades para el aprendizaje derivaron de la dificultad de los estudiantes para adecuarse a las limitaciones de su hogar para la docencia virtual, sin espacios adecuados y las complejidades del paso de clases presenciales a telemáticas.
Los diagnósticos permitieron implementar estrategias, protocolos e instrumentos, enfatizando el abordaje preventivo, el acompañamiento y la información. Los esfuerzos tri-estamentales fueron claves a la hora de abordar este nuevo escenario y sus desafíos. Para ello, las universidades debieron contratar psicólogos (as) clínicos, aumentando el personal existente y los recursos de las unidades de apoyo para una atención especializada virtual y presencial.
Las respuestas incluyeron a la comunidad universitaria, las familias, programas de salud tipo conversatorios, talleres de yoga, arte, cultura, formación online de facilitadores comunitarios, acompañamiento de pares estudiantes, entre otros. Se constató que muchos alumnos (as) necesitaban sólo ser escuchados y contenidos, por lo que se fortaleció el enfoque preventivo.
En casos más complejos, como riesgo suicida, se implementó protocolos de acompañamiento y estrategias diversas, incluyendo programas de acercamiento entre académicos (as) y funcionarios (as) vinculados cotidianamente a estudiantes. La derivación a centros especializados y unidades de psiquiatría fue compleja en algunas regiones donde no había oferta profesional o era limitada.
En el caso de funcionarios (as) y académicos (as) con problemas de salud mental, las respuestas de las universidades fueron diversas y atingentes, partiendo por la ampliación de los Servicios de Bienestar y Unidades de Apoyo Psicológico. En el caso de personas con licencias médicas se procuró un permanente contacto telefónico y seguimiento de casos. También se hizo trabajo con enfermos crónicos, apoyo y acompañamiento especial.
La adaptación y preparación para el retorno a la presencialidad ha sido el gran desafío, y para ello se ha realizado capacitación a personal en temas como trabajo en equipo, comunicación eficiente y stress. También hubo programas para potenciar el rol de directivos (as) de las unidades académicas pues, la experiencia evidenció que ellos cumplen un rol clave en asegurar la salud mental en sus dirigidos (as) y de toda la comunidad universitaria.
El fenómeno de la salud mental en Chile es parecido al de otros países, que transitaron de metodologías centradas en el caso individual a otra de enfoque comunitario. Las universidades regionales realizaron un esfuerzo extraordinario para prevenir, detectar, atender y dar seguimiento a estas situaciones procurando el desenvolvimiento adecuado de las personas para un buen vivir.
Aquí se ha hecho un breve resumen de cómo estas instituciones enfrentaron este reto con sus estudiantes, funcionarios (as) y académicos (as). Pero en el enfrentamiento global a la pandemia realizaron múltiples y novedosas acciones de apoyo a los servicios públicos y las comunidades locales de su entorno, como lo reconocen las autoridades. Esto explica porque para las comunidades regionales, sus universidades son las instituciones con mayores niveles de confianza y legitimidad.
José A. Abalos K.
Director Ejecutivo AUR
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