Las dos últimas semanas ‘horribilis’ del Gobierno de Sebastián Piñera aún no muestran visos que puedan terminar, generando una de las caídas más bajas de aprobación a su gestión, haciéndole difícil imponer su agenda con el objeto que le insufle algo de oxígeno.
En el asesinato de Camilo Catrillanca por parte de Carabineros no se puede soslayar la responsabilidad política que le cabe al Ejecutivo por haber abordado el conflicto de la Araucanía privilegiando la estrategia de militarizar la zona y estigmatizado al mapuche como terrorista, en vez de reconocer que dicho conflicto es de naturaleza política, lo que implica potenciar el diálogo entre el Estado y las comunidades mapuche en forma sistémica, desechando la teoría de las cuerdas separadas: Por un lado la zanahoria -el Plan Araucanía- y, por otro lado, el garrote de la militarización y choque a través del Comando Jungla.
Es impensable que a través de un despliegue militarizado, el Plan Araucanía logre paz y diálogo. La política de militarizar la zona ha sido un fracaso, solo ha causado aumentar la violencia a niveles históricos. El país requiere con urgencia un debate serio sobre una política de Estado de Seguridad que tenga como ejes principales los elementos provenientes de los organismos de inteligencia para la prevención, el uso racional y proporcional en el legítimo uso de la fuerza cuando se cometan delitos, alteraciones al orden público y la convivencia pacífica en el país.
La seguridad requiere algo más que eslóganes tipo Piñera como “delincuentes se les acabó la fiesta” o la escenificación de prácticas policiales militarizadas que solo buscan réditos políticos, sin un basamento técnico y con un retórica de dividir binariamente a la oposición entre quienes están con la “seguridad” (mano dura) o con la “delincuencia” (los que están contra la militarización de las prácticas policiales y el efectivo control civil de Carabineros y FF.AA). Las categorías binarias, nosotros y ellos, solo crispan el ambiente y normaliza un discurso tóxico para la democracia cuando es esencial promover el debate racional sobre el tema es lo sensato.Las categorías binarias, nosotros y ellos, solo crispan el ambiente y normaliza un discurso tóxico para la democracia cuando es esencial promover el debate racional sobre el tema es lo sensato.
En este período, bajo la lógica de simplificar el problema, se han alcanzado los índices de victimización más alto, el narcotráfico se está extendiendo y los “portonazos” y asaltos aumentan, lo cual certifica lo que todo el mundo está viendo: que el Rey (el sistema militarizado de seguridad) y sus procedimientos está desnudo.
No ayuda a racionalizar el debate sobre el conflicto mapuche la carta enviada este lunes por diputados de la UDI al Presidente Sebastián Piñera para solicitarle que convoque al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) -instancia que incluye a los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y al General Director de Carabineros- “para que se exploren soluciones al conflicto y se pueda entregar una señal de tranquilidad”. Insisten en la teoría del garrote al solicitar “la necesidad de establecer grupos especiales de Carabineros”…. “consideramos que el cáncer terrorista debe ser extirpado con las armas que la democracia y el Estado de derecho nos otorgan”. Nuevamente los nostálgicos de la dictadura cívico-militar olvidan que los métodos e instancias de deliberación política son diferentes en una democracia.
Asimismo, es eludir y no confrontar el desmoronamiento institucional y ético en el que han caído esas instituciones. Ello en momentos en que se filtra un audio en que el Comandante en Jefe del Ejército, Ricardo Martínez, afirma que oficiales del Ejército vendieron armas a narcotraficantes, junto a los múltiples desfalcos cometidos (malversación de caudales en la compra de tanques, tráfico de armas, fraudes millonarios con los fondos de la Ley Reservada del Cobre y con los viáticos para oficiales). A lo anterior se debe agregar el Pacogate, el caso Fragatas en la Armada, tanques Leopard en el Ejército, el evento Mirage en la Fuerza Aérea y que han provocado la salida “obligada” de 21 generales del Ejército y el alto mando de Carabineros.
Tampoco se puede ignorar la arenga hecha por el Comandante del Ejército sobre un tema netamente político: El sistema previsional privilegiado que tienen, deslizando que asumirán una defensa corporativa al señalar que “Las pensiones es algo que hay que cuidar con dientes y muelas”. Es una advertencia que dicha institución es reacia a los controles básicos exigibles en una democracia, pretendiendo seguir manteniendo niveles de autonomía que no se condicen con un régimen democrático. Esa arenga es una abierta deliberación política que constitucionalmente le está vedada a las FF.AA. y Carabineros. Sin embargo, el Gobierno no ha demostrado, al igual que los gobiernos anteriores -reconocido incluso por José Miguel Insulza- el temple y la voluntad política de ponerle el cascabel al gato.
El Gobierno, con “bajadas comunicacionales”, no frenará el menor apoyo de la opinión pública que muestran las encuestas. El voluntarismo y la simplificación, generando expectativas exageradas, no mejorara la recuperación de crecimiento de la economía. La capacidad de crecimiento de Chile ha decrecido de manera sustancial. Piñera y su equipo económico pensó que por el solo hecho de llegar al poder habría mejores condiciones de crecimiento y con ello -automáticamente- mejorarían las expectativas empresariales y luego mediante “business as usual” se recuperaría la tasa de crecimiento.
La realidad muestra que mediante la operación exclusiva del mercado y sin tomar medidas para diversificar la estructura productiva no se recupera la capacidad de crecimiento, lo que exige diálogos que permitan generar una visión compartida frente a los desafíos en este tema. Las reformas presentadas por Piñera (Tributaria, laboral y la defensa irreductible del sistema de las AFP) no ayudan en este diálogo sino que aumentan el grado de crispación. Tampoco ayuda la baja inversión en ciencia, tecnología e innovación estipulada en el Presupuesto Nacional 2019, ni la falta de impulso de nuevas actividades productivas y la baja inversión en infraestructura.
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