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El piedrazo contra el Presidente Boric

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Desde el II gobierno de Piñera se vio una acentuación de la violencia directa, apostando instrumentar a Carabineros con la confrontación con el movimiento social, en lugar de aplicar la cultura del diálogo, declarando “que estamos en guerra contra un enemigo poderoso e implacable”. Así, la violencia discursiva no solo constata la existencia de violencia estructural y de una violencia cultural que la sostiene y alimenta, como el ejercicio de la violencia directa que produce la delincuencia narcotizada en los territorios urbanos y la violencia directa organizada que visibilizan grupos anarquistas y delincuentes en las marchas y protestas, violencia escolar, doméstica, intrafamiliar y el piedrazo dirigido hacia el Presidente Boric en Coquimbo; expresada también en las calles y carreteras entre automovilistas, en los estadios, ferias libres, malls y otros espacios públicos, con resultados muchas veces mortales. Desactivar estas violencias requiere de un proceso metódico y dinámico de cambio cultural, cuyos principales actores son la ciudadanía toda e instituciones en la tarea de una transformación conductual en que se valorice la tolerancia y la solución pacífica de conflictos sociales y las tensiones políticas que estos conllevan.


Es fundamental que los valores humanistas se impongan en la ciudadanía como una lectura prioritaria para resolver los conflictos políticos y sociales, única manera para construir una convivencia cívica mejor, sólida y bien arraigada en las personas

La pregunta relevante es qué elementos operan a nivel cultural y político para que algunos sectores tiendan a legitimar el uso de la violencia. Según algunos politólogos, esta vendría acompañada de una decisión racional, es decir, para quienes la usan, tiene un sentido y permite obtener resultados: “el camino es la revuelta”. Para Hannah Arendt, la violencia es un medio que no necesariamente es inherente al poder, pues esta se desencadenaría cuando el consenso del poder se deteriora. Es evidente que, a través de una mirada socio-histórica, mostraría que política y violencia son expresiones y momentos de un continuo en las rupturas y avances de las sociedades, principalmente en momentos en que para los impugnadores del statu quo se invalida la premisa central de la democracia liberal: resolución pacífica de las discrepancias a través de la mediación institucional que supone un acceso igualitario a la toma de decisiones respetando a las mayorías.

La llegada al gobierno de una nueva coalición de izquierda que conecta y comparte las demandas expresadas en el estallido social, no ha logrado convencer a ciertos grupos que siguen ejerciendo el vandalismo en forma inflexible los días viernes en el centro de Santiago. Esa violencia urbana que daña la convivencia social, se ampara en la tolerancia que aún persiste por parte de ciertos sectores del actual oficialismo que legitimaron en el pasado reciente la subcultura del destrozo y el apedreamiento como método para exteriorizar sus exigencias de cambio político, justificándolas o relativizándolas en cuanto a la seriedad que estos hechos implican para resolver las controversias pacíficamente en la sociedad, bajo el pretexto de la crisis de representación en que se halla la institucionalidad. La valorización del simbolismo de la violencia está desbordando ahora a quienes antes la justipreciaban como herramienta de resolución de conflictos y que actualmente tienen la responsabilidad de resguardar el orden público.

La superación de la violencia en la sociedad requiere, por tanto, restablecer las confianzas en la institucionalidad y generar mecanismos que incentiven la participación e involucrar a la sociedad civil para que la gente no solo se sienta escuchada, sino que también se sienta parte de las soluciones, desde los territorios y a nivel legislativo, para que las políticas públicas respondan a las demandas de las grandes mayorías sociales. Asimismo, es fundamental que los valores humanistas se impongan en la ciudadanía como una lectura prioritaria para resolver los conflictos políticos y sociales, única manera para construir una convivencia cívica mejor, sólida y bien arraigada en las personas, lo que implica desmitificar la señal de que la violencia vinculada al saqueo, asociada a “patologías sociales , el “peñascazo” o una violencia como anomia que se expresa en destrucción a un entorno percibido como excluyente -ejercida por grupos que llevan a cabo ataques a bienes públicos y privados, a Carabineros y contra todo que simbolice el sistema de representación política- es una forma lícita para producir cambios sociales y políticos.

La sociedad y la institucionalidad deben rechazar la violencia en todas sus formas y los partidos políticos deberían asumir un rol protagónico para deslegitimar la violencia como un canon sociocultural de expresar el malestar contra un sistema político democrático, ya que justificarla como medio para lograr cambios políticos, solo genera una espiral de furia irracional que se expresa con cotidianidad en agresiones entre manifestantes y la policía, ensañamiento en la destrucción de bienes públicos y privados y, además, porque cuando se inician es muy difícil de controlarlos sin importar quien gobierne, deteriorando la convivencia social y política en el país, generando las condiciones para que gente proceda “tomarse la justicia por las propias manos”, que pone en serio riesgo resolver los problemas en la sociedad en concordancia con un estado de derecho, tanto entre particulares como entre movimientos sociales y el Estado, lo que nos retrotrae a los tiempos de las cavernas.

Cada vez que se relativiza la violencia, es la democracia que se deteriora porque algunos personas o grupos que controlan muy mal sus emociones y expresan su “indignación” a través del vandalismo para expresar su descontento tanto en espacios públicos como al interior de los hogares, convirtiendo a la sociedad es menos segura y se debilitan los espacios de deliberación para que las reivindicaciones políticas se resuelvan en forma racional y pacífica, pasando por encima de toda la comunidad y, por desgracia, es ésta la que tiene que pagarla, privando a las mayorías sociales el ejercicio de sus derechos.

Nadie puede seguir mirando para el lado cuando la violencia se palpa todo los días en la calle, donde las habilidades socioemocionales que debieran guiar la convivencia con otros se han perdido, por ende, es una torpeza seguir ignorando sus efectos negativos para tener un sistema democrático en plenitud. En las redes sociales es de una brutalidad demoledora, donde la agresividad léxica ignora todas las normas y formas de convivencia y de practicar empatía con otros; atizan de manera insensata emociones destructivas que impiden cualquier interlocución y potencian la cultura de la confrontación, del conflicto y el antagonismo, ejercida sobre todo por las huestes de ultraderecha y ultraizquierda. Allí la reflexión no existe, tampoco desarrollan la capacidad de dialogar y escuchar, lo que los hace rehenes de sus propios prejuicios y de las consignas que los desacoplan de la ciudadanía, pues esos eslóganes no acercan, al contrario, alejan posturas alrededor de defender los intereses y propósitos comunes de toda la comunidad. Es perentorio, entonces, cambiar el foco generando nuevos patrones de convivencia y no avalando la violencia como actos legítimos y admisibles de protesta política en una democracia.

La convivencia social se basa en minimizar el uso de la violencia entre la población con el objetivo que los individuos puedan vivir libremente con la tranquilidad de que no serán víctimas de la violencia de otros individuos ni de violencia institucional. Y la rutinización y la trivialización de la violencia en una sociedad, al margen de toda norma y/o valores aceptables para la comunidad, hace a esta perder cualquier conexión con una finalidad política y la deshumaniza. Por tanto, calificar “al propio acto de violencia como político, es darle una justificación en general noble, una explicación siempre aceptable» (Xavier Crettiez, “Las formas de la Violencia” p. 22,). Por consiguiente, el rechazo social a la violencia política impide la legitimación que se haga de ella. Esta justificación ideológica es la estrategia principal de los grupos anti sistémicos para intentar obtener apoyo, aceptación y la aprobación de sus acciones violentas. Cuando los miembros de una sociedad justifican el uso de la violencia, la probabilidad de ocurrencia de hechos violentos aumenta (Markowitz, 2001) y se corre el riesgo de una escalada que lleve a disminuir drásticamente la seguridad de la población.

Es esencial, entonces, recuperar el camino del dialogo, la relación cívica y los acuerdos para construir los mecanismos que impidan el funcionamiento de las violencias políticas actuales, comprender las subjetividades que la están produciendo. Se requiere ampliar las formas de abordar el tema de la violencia considerando elementos contextuales y relacionales -de individuos excluidos con una frustración económica y política- para evitar reducir el problema de las violencias políticas a sujetos (objetos) como una reacción de víctimas vulneradas y vulnerables.

La violencia urbana en Chile ha tenido una dimensión identitaria la cual no se piensa solamente como una expresión de ira (los viernes de la plaza Baquedano/Dignidad), sino que es ante todo un medio para afirmar la identidad colectiva de quienes la practican. Explican su agresividad verbal y ensañamiento hacia toda autoridad como valentía. En este caso, la violencia hace la tribu, destinada a coligar el grupo, a reforzar su homogeneidad. Para ellos, la violencia funciona como un mecanismo de “reconocimiento político” que los hace sentir valorizados por sectores de la sociedad como combatientes por el cambio social (la primera línea). Por eso que les hace sentido la destrucción como un acto testimonial antisistema.

Mientras la violencia despolitizada simplifica y vacía de contenido los problemas que afectan a la población y no logra ninguna reivindicación social o política que beneficie al conjunto de la población ni tampoco la paz y cohesión social -que es uno de los desafíos de la democracia- solo abre espacio a la destrucción, afecta la vida de las personas, genera incertidumbre y miedo que inexorablemente conduce a polarizar y, con ello, posibilitar la búsqueda de una autoridad “con poderes fuertes” ante los desbordamientos disruptivos y la anarquía que llama a restituir “el orden”.

Tampoco se debe obviar que la relativización de la misma, explica por qué sectores crecientes de la población prefieren las candidaturas que prometen orden, puesto que la falta de seguridad la viven con mayor intensidad los sectores más pobres en los barrios, en las poblaciones, en las comunas con menos recursos y que la derecha ha instrumentalizado, pero ha sido incapaz de proponer una solución concreta, real, sólida y respetuosa de los DDHH para enfrentarla

Esa derecha solo ha atinado a proponer un “orden” inspirado en el temor y funcional a la preservación del actual sistema institucional, económico y social que solo causa gravísimos desordenes porque no resuelve los problemas de fondo que generan los inconformismos, frustración y desconfianza hacia toda la institucionalidad.

TAGS: #ConvivenciaSocial #Violencia Intolerancia

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