El tsunami Republicano

La propuesta de la convención fallida –dominada por la Lista del Pueblo y la extrema izquierda- chocó con la negativa del 62% de los votantes en septiembre de 2022. Los chilenos consideraron que el texto no alcanzaba el consenso que necesita la ley que organiza un país bajo valores comunes. Ahora los republicanos van por el mismo camino. Ambos textos proponen proyectos de minorías identitarios que atienden sólo objetivos partisanos y han escrito una Carta Magna pétrea cuando los problemas sociales requieren una negociación constante, con acuerdos que puedan ir solucionando los sempiternos problemas que tienen al país estancado e ignoran que la política es el acto de resolver los conflictos en función del bien común, lo que demanda sacrificios y consensos «dado que el anterior proyecto de Constitución lo dominó la izquierda radical y el actual lo ha dominado la derecha radical, lo que cabría concluir es que ambos sectores están incapacitados para redactar una Constitución para Chile” (Ascanio Cavallo).

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como quedó demostrado hace un año atrás, nuevamente la ciudadanía se va a oponer a cualquier proyecto de marcado perfil identitario

El texto que están imponiendo los republicanos es un programa para un eventual gobierno de Kast, ejemplo de ello es la publicación que hizo por sus redes sociales el diputado republicano Johannes Kaiser, quien indicó que “Los principios políticos que fundamentan esas enmiendas serán la base de nuestro programa municipal, parlamentario y presidencial”.  Convertir una Constitución excluyente de los “otros”, fue la razón principal del repudio ciudadano del 4S. La misma derrota política les puede aguardar a los republicanos por pretender convertir su propuesta en la némesis del proceso anterior y querer mover el país al pasado. Deberían preocuparse por el futuro del país y no seguir impelidos por la sentencia latina, “memento mori”, que se traduce ‘recuerda’ que morirás, pues en política como en la vida la existencia no es eterna, lo que obliga a tomar consciencia de la naturaleza efímera de los triunfos electorales y la volatilidad de los votantes, al igual que la mortalidad del ser humano. Lo confirma el 4S y la derrota de Jair Bolsonaro. Antes ya capotaron Donald Trump en USA y el Partido Ley y Justicia en Polonia, lo que rompe el tándem iliberal que junto a Vox y Hermanos de Italia erosionaban los perfiles de la democracia.

Como en el proyecto constitucional anterior y a diferencia de nuestra actual Constitución, “el texto cae en el exceso de regular la provisión de los derechos sociales. Bajo este nuevo texto, el sistema inglés de salud, el proyecto de ley de pensiones de Sebastián Piñera y, de no aprobarse la observación que elimina el financiamiento por estudiante, el sistema de financiamiento de la educación en la mayor parte de los países europeos y anglosajones, podrían ser inconstitucionales” (Sylvia Eyzaguirre, investigadora CEP).

Frente a la Constitución de las derechas, es mucho más sensata la Constitución de Lagos que ha sido reformada 69 veces desde 1989. Cerca del 80 por ciento de su texto ha sido aprobado desde esa fecha. Solo el 20 por ciento corresponde al texto original de 1980. Adicionalmente, la reforma constitucional aprobada por el Parlamento permite reformar la Constitución por 4/7 (57%) frente a los 3/5 (60%) que propone el texto de la derecha con una Constitución programática, llena de política pública, que cierra el debate legislativo, mediante las normas transitorias y al incorporar “disposiciones demasiado específicas y ajenas a un marco general que exprese consensos ampliamente compartidos” (Arturo Fontaine).

El distorsionado Estado social y democrático de derecho del texto ahora propuesto, bloquea los espacios de deliberación democrática que deberían existir en el Congreso Nacional, como las normativas sobre huelgas, eliminar la paridad de género de salida en las elecciones y la exención de las contribuciones a la primera vivienda. Este bloqueo no existe en la actualidad. Por algo, los proyectos de pensiones de los expresidentes Bachelet, Piñera, y del Presidente Boric, contemplan el ahorro colectivo. Este es otro grave retroceso, como lo es el deseo de constitucionalizar la justicia militar, el artículo referido a la vida “de quien está por nacer” o el que permitiría que enfermos terminales cumplan su condena en sus casas -que es interpretado como un ‘perdonazo’ a los reos de Punta Peuco-.

Como Chile Vamos se marginó de jugar un rol de bisagra dentro del Consejo, no se presentó la chance de forzar acuerdos en cada una de las varias etapas del proceso. Por eso, el proyecto a plebiscitar es un verdadero tsunami ideológico republicano -el consejero de ese partido Luis Silva reconoció que el texto constitucional “acomoda más” al espectro que va “desde la centroderecha hacia la derecha”. Sin el más mínimo rubor intentan imponer una Constitución a su imagen y semejanza. Se conducen igual que la ultraizquierda de la Convención. Pero, como quedó demostrado hace un año atrás, nuevamente la ciudadanía se va a oponer a cualquier proyecto de marcado perfil identitario.

Es difícil de entender que los republicanos estén cometiendo los mismos errores de la convención fallida, tratar que su particular visión política modele un texto constitucional que debería ser representativo de todas y todos los chilenos, por un texto partisano, incapaz de generar acuerdos transversales y que, además, atenta en contra de conquistas democráticas fundamentales y su aprobación significaría una grave regresión hacia un sistema de democracia iliberal.

La postura de las derechas es bastante contradictoria, ya que por una parte han abogado por la austeridad fiscal y rebajar en 17 diputados para disminuir el gasto del Estado, pero conjuntamente se crean 21 instituciones nuevas y reestructuran 20 órganos estatales, causando un crecimiento elefantiásico del Estado con una serie de órganos que van a implicar un desembolso bien importante de fondos fiscales. La mayoría de los cuales son contrapesos o supervisores de los ya existentes. Sólo permanecen libres de supervisión dos órganos unipersonales, el Presidente de la República y el contralor (el híper presidencialismo actual sale reforzado). Es toda una paradoja: se trata de controlar al Estado, pero no reduciéndolo, sino con más organismos del Estado. Esta nueva maraña de contrapesos en lugar de facilitar la modernización del Estado, se verá mermada con este sistema. Se amplía, por tanto, la judicialización de las controversias, puesto que se crean más oportunidades para litigios.

Además, el gran problema del triunfo del “A favor” significa que el rol de control y fiscalización que ejerce hoy el Estado a través de las distintas Superintendencias quedará severamente mermado, lo cual es un cambio radical en el derecho administrativo sancionatorio, poniendo en riesgo de “convertir en inconstitucionales una serie de regulaciones estatales que son actualmente materia de reglamento y no de ley, debilitando el derecho administrativo sancionador” (Soledad Alvear). El miedo al Estado impulsa a las derechas a reducir sus atribuciones de vigilar e intervenir en actividades económicas, sociales y ambientales a su mínima expresión.

Se busca imponer un capitalismo sin regulaciones, lo que motivó a José Piñera Echeñique expresar “que esta Constitución es la vuelta a los principios libertarios de la Constitución de 1980″. Confesión de partes, relevo de prueba. Asimismo, aprobar el texto implica hasta una década de incertidumbre asegurada porque obliga al Presidente a enviar 30 proyectos de ley para adecuar un número similar de leyes que, sin duda, el Parlamento se va demorar muchos años en discutir, por tanto, no cierra este tema, al contrario, se extiende en el tiempo y, los problemas acuciantes que afectan a la ciudadanía continuaran sin tener una priorización en el debate legislativo, pues fuerza al Congreso a enfocarse en la implementación de estas materias, en lugar de concentrarse en resolver las carencias sociales en que viven la mayoría de los chilenos y chilenas, lo que genera no solo incertidumbre e inestabilidad política, sino también pospondría los asuntos sociales y económicos urgentes que han sido relegados por años en el Parlamento.

En este segundo proceso el gobierno no debería intervenir ni “A Favor” o “En Contra”, porque si lo hace, va a articular una discusión sobre la evaluación del Ejecutivo y no sobre el contenido de la propuesta. La prescindencia del Gobierno contrarresta la estrategia de los Republicanos y Chile Vamos que pretenden convertir la campaña en un referéndum sobre el gobierno, como aconteció en el referéndum del 4S. El Ejecutivo debería concentrarse en desempeñar una mejor gestión en resolver los urgentes problemas sociales que afectan a la ciudadanía, como los de la seguridad ciudadana, salud, pensiones, educación y vivienda e informar lo que le corresponde sobre el proceso. Esto tiene que ser analizado desde el punto político y comunicacional. Por tanto, la campaña la deben protagonizar principalmente la sociedad civil y los partidos políticos, posición que debería ser transmitida a los asesores de Palacio para que los ilumine con un fogonazo de realismo la insoportable levedad que han evidenciado, única manera de impedir que siga el desatino que cotidianamente exhiben, como también las “salidas de libreto” y la incontinencia del Presidente.