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Efectos políticos del Rechazo

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Si el régimen fuese parlamentario -como les gustaba a no pocos convencionales- el gobierno habría caído esa noche y hoy se estaría negociando la asunción de otras fuerzas políticas. Sin embargo, el régimen presidencial tiene otras válvulas: cambiar el gabinete, abrir negociaciones con el Congreso, reajustar su política de alianzas y su agenda legislativa en concordancia a la nueva situación política, etc. En esta oportunidad, el Presidente recurrió a la válvula de un cambio limitado de su gabinete incorporando personerías políticas con mayor capacidad de construir acuerdos para materializar la continuidad del proceso constitucional y para aprobar las reformas comprometidas.


Poner bajo la alfombra nuevamente el tema de una nueva Constitución que reemplace la vigente, es desestabilizar el entramado institucional que nos rige y se corre el riesgo de tener un nuevo estallido, con las consecuencias que el país ya conoce

Después de seis meses de este Gobierno, el Rechazo tiene costos para ellos, ya que habían puesto todas las fichas en que la nueva Carta Magna ayudaría a reformar los sistemas tributario, de pensiones y laboral, impulsar los servicios sociales y reducir la desigualdad. Posterior al plebiscito, el Ejecutivo ha perdido hegemonía, fuerza y protagonismo al involucrarse tan activamente en la campaña e identificarse tan claramente con la propuesta constitucional emanada de la CC. Muchos se lo advirtieron, pero no se escuchó. Y en eso tiene una responsabilidad importante el ahora ministro del Ministerio de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, al no ver que si ganaba el Rechazo afectaría negativamente al gobierno.

El margen del Presidente para definir los tiempos y el mecanismo para elaborar una nueva Constitución, es mucho menor y la oposición adquirirá mayor relevancia para avanzar o ralentizar el proceso en esa dirección. Las señales de las nuevas ministras Carolina Tohá y Ana Lya Uriarte al presentarse en el Parlamento pretendiendo ordenar el nuevo proceso constitucional, ponerle fechas y decidir sus reglas, fue darle municiones a los sectores de la derecha dura quienes no quieren la continuación del proceso constitucional. El desacierto de las ministras muestra que el Gobierno todavía no ha hecho una autocrítica detallada sobre la aplastante derrota sufrida con el inequívoco triunfo del Rechazo, hecho que disminuye el capital político del Ejecutivo para liderar y definir la modalidad que seguirá la elaboración de una nueva Constitución (¿Producto de un síntoma cognitivo o interpretativo?). De ser ese el caso, podría conducir a dificultar aún más la relación entre el Parlamento y el Gobierno en este tema y en la tramitación legislativa de sus proyectos prioritarios, particularmente la reforma tributaria y previsional, mientras que en otros el desacuerdo interno del gobierno se traduce en una parálisis preocupante, ergo, el TPP-11 para enviarlo de una vez al Congreso.

Sorprende que ahora sectores de la derecha pinochetista, post 4-S, manifieste que no es necesario iniciar un segundo proceso constituyente, atribuyéndose con ello la vocería de buena parte de los 7,8 millones de personas que dijeron que “no” a un texto constitucional “disfuncional y maximalista”. Esos sectores están renegando cumplir la palabra empeñada. El compromiso en la campaña de la derecha, congregada en Chile Vamos, fue de seguir con los cambios constitucionales en caso de un triunfo del Rechazo, y desconocer eso sería una deshonestidad inaceptable e impropia de partidos políticos que deben conducirse bajo normas éticas acordes al momento político que la ciudadanía le está exigiendo a la clase política, contradiciéndose con el relato de que solo rechazaban el “pésimo” texto propuesto pero estaban por “una nueva y mejor Constitución”, y no de mantener el statu quo. La credibilidad de esa derecha ahora está cuestionada. Los partidarios del rechazo no pueden leer la derrota de este texto como una vuelta al statu quo.

Poner bajo la alfombra nuevamente el tema de una nueva Constitución que reemplace la vigente, es desestabilizar el entramado institucional que nos rige y se corre el riesgo de tener un nuevo estallido, con las consecuencias que el país ya conoce. El futuro del país requiere superar las tensiones para resolver los problemas acuciantes que afectan a la población, las cuales se agravarían aún más en la eventualidad de la suspensión de un proceso constituyente en el que ya la gran mayoría aprobó en un plebiscito de entrada. Apostar por el inmovilismo es no estar leyendo bien la gran transversalidad del voto rechazo que, en su gran mayoría, aspiraba darle un cauce participativo e institucional a un nuevo Contrato social que sea sostenible, entregue certidumbres, supere la crisis de representación y conecte con el proceso de cambios que hay en Chile, como fue planteado por quienes “rechazaban para mejorar”.

La derecha debería entender que el Rechazo fue producto de que diversas normas del texto dieron pie a interpretaciones antagónicas: la plurinacionalidad, la justicia indígena, la desaparición del Senado, un nuevo sistema de justicia, el paso de un Estado unitario a uno regional, los derechos de la naturaleza. Otros, sin embargo, siguen concitando un amplio consenso como El Estado social y Democrático de Derecho, avanzar en descentralización, igualdad de género mediante el fortalecimiento de los derechos de la mujer, reconocimiento de los pueblos originarios, la ampliación de los derechos sociales, la supresión de las leyes supramayoritarias, el fin del Estado subsidiario; preocupación por el cambio climático y derechos de las minorías y de los grupos de la diversidad sexual, las iniciativas populares de ley -que faculta a las personas para que puedan presentar proyectos de ley- o la norma que permite que un grupo de ciudadanos inicien un proyecto de reforma constitucional.

Por otro lado, los temas de seguridad marcaron con fuerza la votación: el norte cansado de una migración desordenada, caótica, durante meses. El sur hastiado de la violencia y de la ausencia de justicia frente a asesinatos y atentados; inseguridad en el centro de Santiago; armas en manos de delincuentes con una facilidad nunca antes vista. El mismo gobierno lo reconoció a los pocos meses: estaban desbordados con el manejo de la seguridad. A ello se debe agregar, el déficit de vivienda, las eternas listas de espera en salud, la calidad de la educación, las bajas pensiones y la nula reactivación de la economía.

Ahora es muy necesario reunir habilidad política, vocación de transversalidad y experiencia, porque hay muchos problemas acá de amateurismo, o sea, de falta de experiencia en manejar y en administrar el poder, de creer en un adanismo; que con uno está partiendo todo y simplemente hay que reemplazar las cosas, porque todo lo que se estaba haciendo antes estaba mal. Es evidente que había cosas que estaban mal, pero es ilógico echarlo todo por la borda por extremar las medidas. Esa premisa tan elemental es la que estuvo tan presente en la Convención.

El Rechazo en el referéndum del 4-S da paso a una nueva etapa del proceso constituyente. La Constitución que nos rige está muerta desde que se firmó el acuerdo para redactar otra por medio de una convención y ratificada en el plebiscito de entrada por un 78% de los votantes. Los desafíos de esta tercera década del siglo XXI exigen novedosas respuestas políticas e institucionales que respondan en forma más eficaz y eficiente a las necesidades ciudadanas. No se puede visualizar otro escenario. Esta es la última oportunidad para que, desaparecida la Convención, el Parlamento y los partidos políticos puedan concordar en una nueva convención más acotada en convencionales, paritaria, con escaños reservados proporcionales a su real participación e independientes elegidos bajo las reglas de la ley electoral vigente y no bajo condiciones jurídicas especiales, como erróneamente se legisló para la convención fracasada.

El desafío que se le presenta a la política chilena es lograr un nuevo acuerdo, en sede legislativa, definir las características de un nuevo itinerario constitucional que permita finalmente sacar adelante un nuevo texto con un amplio y transversal apoyo ciudadano. La ciudadanía espera ahora una propuesta que, evaluada como un todo, establezca un orden jurídico y político que configure las bases de una democracia participativa, garantice un estado de derecho, pluralismo político, derechos sociales y libertades básicas con equilibrio de poderes, conjugando inclusión, cohesión, sostenibilidad y desarrollo bajo un andamiaje institucional que permita deconstruir a la sociedad chilena en concordancia al cambio epocal y debe, por ende, dejarse abierto para que los protagonistas del futuro puedan tener la libertad de modificar o reconstruir ese pacto social, ya que no debe ser utilizado para ajustes de corto plazo, lo que obliga a tener una mirada larga y de país, flexibilizando las posturas mesiánicas y maximalistas de algunos. Por eso, el Presidente Boric, una vez conocidos los resultados de la consulta, llamó a dejar atrás “maximalismos, violencia e intolerancia”. En tal sentido, puede ser la oportunidad de concebir un texto que conglomere las distintas visiones y aspiraciones de la diversidad que constituye la sociedad chilena.

También está claro, que no se va partir de cero, ya que están disponibles diversos insumos fundamentales para elaborar una nueva propuesta constitucional que tenga como base los compromisos puestos sobre la mesa por distintos sectores políticos: la propuesta misma de la Convención Constituyente; el proyecto presentado por la Presidenta Bachelet y recoger las distintas propuestas que a través del tiempo se han planteado para articular un nuevo “contrato social”. El país no puede continuar con un orden constitucional sin cambios, lo cual exige abrir una nueva etapa que requerirá de la tolerancia y la apertura de las entidades políticas y sus liderazgos para arribar a una nueva Constitución que concite un apoyo mayoritario en la ciudadanía.

Para tal efecto, se necesitará de un proceso de construcción de confianzas para explorar acuerdos y soluciones, lo que conlleva aprender a ceder, salir de las trincheras, abstraerse de imponer una particular visión del mundo y de conversar lo suficiente con el propósito de encontrar las variables que cada parte valora con el objetivo de alcanzar puntos de convergencia que estén en sintonía con lo que espera la sociedad. En esa perspectiva no caben los sectarismos y las exclusiones.

TAGS: #DerechaChilena #NuevaConstitución #ProcesoConstituyente

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