El propósito de esta columna es exponer nuevos argumentos que refuercen el hecho de que los efectos del Big Data en la democracia son producto de una nueva variante que influye a un sistema político democrático.
1.- El uso del Big Data en la política debe analizarse transversalmente, esto es, que la totalidad del espectro político sea un potencial asesorado. Actualmente no cuestionaríamos la idea de que tanto grupos políticos de derecha como de izquierda tienen un poder de pago importante –movimientos, partidos, etc.–. Ese es el elemento relevante de esas agrupaciones, pues será el factor que discriminará el acceso a asociaciones que presten servicios con fines electorales en el cual la presencia del Big Data es esencial.
2.- El Big Data no implica solo la existencia de noticias falsas o manipuladas. Ellas pueden generarse de forma independiente. Lo importante es entender que el Big Data hace que ‘un jugador de póquer sepa qué cartas tienen sus rivales, sin saber los demás las cartas de los otros’. De este modo, el político sabrá cómo, dónde y para qué moverse en un lugar u otro. Un candidato a un cargo democrático específico tendrá información de toda una ciudad: sus preferencias políticas y personales, su situación socioeconómica, su historial de trabajo, familia, o cualquier otro ámbito relevante. Como consecuencia habrá una reducción de la política a un golpe de puerta a los hogares indicados acorde a la información dada.
3.- Básicamente, la prestación de servicios de empresas como Instagis a un partido político no es, en principio, distinto al trabajo de asesorías en períodos electorales. Comienza a ser controversial la cantidad de información idónea para elaborar un mapa tan detallado de una ciudad, cuya calidad pueda compararse con los datos que tienen organismos estatales –o mejor–. De dónde los obtuvieron, cómo, y con qué fines son las preguntas que debiésemos hacernos. Lo polémico es por qué una empresa que recopila datos con el consentimiento de sus usuarios los comparte con agrupaciones que los usarán para fines electorales, y por qué la la agrupación que los recibió usará aquellos datos para esos fines. Se está de acuerdo con entregar nuestros datos, no para que ellos sean usados por grupos externos con fines políticamente cuestionables.La ley no castiga la inconsecuencia ideológica, pero la política debería hacerlo; ocurre lo mismo si reprochamos a un político que claudica sus principios y valores con tal de seguir en el poder
4.- Es importante distinguir las pautas de comportamiento que genera el Derecho con las que son exigibles en la política. El Derecho –se caerá al borde de lo caricaturesco con esta caracterización, pero tiene un fin ilustrativo– elabora un cierto marco de conducta que se considera mínimo: se es libre de no seguir exigencias morales, políticas, etc., pero no seguir exigencias jurídicas es lisa y llanamente actuar en la ilegalidad. En la política, las exigencias deben ser más estrictas. La ley no castiga la inconsecuencia ideológica, pero la política debería hacerlo; ocurre lo mismo si reprochamos a un político que claudica sus principios y valores con tal de seguir en el poder. Plasmando este tipo de exigencias al uso del Big Data en las elecciones, se les debe exigir a los políticos que transparenten el uso de estos recursos, pues generan desigualdades de distinta naturaleza. Primero, la recopilación de bases de datos comparables a un padrón electoral y más tiene un acceso restringido: pocos sujetos tienen la facultad de disponerlos. Segundo, pocas asociaciones de personas tienen acceso a instrumentos tecnológicos lo suficientemente sofisticados como para sistematizarlos y armonizarlos; tienen además conocimiento técnico específico. Tercero, hay un acceso restringido –esto último debido a las diferencias de dinero que se tenga– de grupos con intereses políticos a estos servicios realizados por asociaciones dedicadas a sistematizar estas bases de datos, puesto que los valores de estas faenas alcanzan los millones de pesos.
El tema será importante a largo plazo, puesto que la relación entre Big Data y política será tan consolidada que la primera definirá elecciones –si es que ya no lo hace de forma constante–. Es un recurso tan poderoso que pocos son capaces de acceder a él, pero su práctica será tan habitual que –como lo fue el lobby en su momento– pretender su destierro será visto como una ingenuidad. Será necesario acordar qué se querrá regular: el acceso a los macrodatos, a los servicios, el nivel de sofisticación del servicio, etc. La dificultad está en que la materia a regular se encuentra sustancialmente en la web, y esta por esencia no conoce fronteras. Y si las conoce, puede eludir una u otra, dependiendo de la intención de quiénes la manejan.
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