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Ciudadanía y contragobernanza: lo que se viene para Chile

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Este año, ha sido marcado no sólo por la prolongación de la pandemia producida por Covid-19, sino que también por las elecciones de convencionales constituyentes, para redactar nuestra nueva Carta Magna, las elecciones municipales para alcaldes y concejales y, finalmente, las elecciones de gobernadores regionales, históricas por ser las primeras para elegir estos cargos.

Los cientistas políticos y expertos electorales, se han explayado respecto a la distribución de los votos, de las fuerzas políticas con mayor presencia y de aquellas que se debilitan dramáticamente, desde sus desgastados aparatos ideológicos. Efectivamente, mucho se puede decir al respecto; sin embargo, lo que resulta insoslayable, es poner atención en el grado de participación de la ciudadanía en estos eventos democráticos, en los cuales se expresa con su voto.


La gobernanza ofrecida por las democracias actuales ya no interpreta las necesidades de la ciudadanía, impidiendo pactos sociales que nos lleven por auténticos caminos de desarrollo. Chile se encuentra en el tránsito hacia nuevas modalidades de gobierno. 

En el caso de la elección de convencionales constituyentes, votaron 6.184.594 personas, correspondientes al 41.51% del total del padrón, que asciende a 14.900.089 inscritos. La situación para elegir nuevos alcaldes y concejales no fue distinta, alcanzando una participación del 43.41% sobre el total de los inscritos, votando 6.471.476 de ciudadanos y ciudadanas en el caso de la elección de alcaldes y 6.460.836 para elegir a los nuevos concejales.

Sin duda, la situación más crítica se produjo en las elecciones de gobernadores regionales, para el período 2021-2025. Para la primera vuelta, acudieron a votar 6.464.320 chilenos y chilenas (correspondiente al 43.38% del padrón electoral); sin embargo, la segunda vuelta contó con sólo 2.558.962 votos, equivalente al 19.62% del total de inscritos habilitados para ejercer su derecho en las urnas.

Lo descrito anteriormente, en términos de participación ciudadana en elecciones para elegir autoridades en el país, se viene repitiendo y transformando en una constante, pero los últimos números son dramáticos y nos deben mover a un serio análisis de esta situación. La ciudadanía, más allá de sus niveles de educación, ingresos económicos y edad, entre algunas variables a considerar, muestra una desconfianza radical respecto a la clase política, a los líderes que la representan y a las articulaciones que estos hacen para el ejercicio del poder.

Estudios internacionales de reciente data, como los de Freedom in the World (2018) y The Economist Intelligence Unit Limited (2018)   advierten que la democracia, expresada por los partidos políticos, aparece muy deteriorada como sistema de gobierno, en términos de credibilidad. Cuestión muy delicada, si pensamos en que son los ciudadanos los que acuden a las urnas, quienes también piden niveles de participación horizontal cada vez de mayor protagonismo.

Por otro lado, los destacados politólogos de Harvard, Levitsky y Ziblatt, en su libro Cómo Mueren las Democracias (2018), desarrollan un exhaustivo estudio de casos para evidenciar nuevas formas de debilitamiento del sistema democrático de gobierno, con la aparición de líderes políticos que se distancian de las necesidades de las personas, haciendo cada vez más difícil la construcción de un pacto social robusto y genuino.

Con estos resultados electorales, más los análisis políticos y las reflexiones que de ellos se infieren, nos enfrentamos a una gobernanza democrática desestabilizada y desconectada de las preocupaciones de fondo de la ciudadanía. A riesgo de ser majaderos, debemos repetir como un verdadero mantra, lo que aflige a los chilenos: las escuálidas pensiones asociadas a la inexistencia de un seguro social digno, que permita a jubilados y jubiladas transitar por la vejez con relativa tranquilidad; el acceso a un sistema de salud que asegure a la población asistencia oportuna y de calidad, sin importar su condición socioeconómica y, finalmente; la posibilidad de una educación que permita superar los umbrales borrosos y movedizos de lo que llamamos pobreza, permitiendo una movilidad social auténtica, sin mochilas crediticias que nos pueden acompañar en buena parte de nuestras vidas.

Toda esta fuerza social demandante y urgente, exige el desplazamiento de una gobernanza que ha estado centrada en el eje del valor económico, hacia formas de gobierno en diversas escalas, cuyos protagonistas sean todos los ciudadanos y ciudadanas sin exclusión. De este modo, desde la praxis social, el desafío es la generación de nuevas formas de gobierno vinculadas a las experiencias locales de desarrollo y sus múltiples obstáculos. Ya no se trata de las preocupaciones del Banco Mundial sobre la crisis del desarrollo (1989), desde la perspectiva del modelo de economía de mercado, sustentado en la ideología neoliberal. En ese contexto, la gobernanza tenía que ver con un “buen gobierno” para los intereses de las democracias liberales. Esta preocupación se venía gestando ya desde el Informe de la Comisión Trilateral sobre la crisis de la democracia (Crozier y otros, 1975), informe en el que se busca precisamente, fortalecer la good governance en beneficio del libre mercado, reduciendo el concepto de desarrollo a la variable económica/monetaria.

Lo que sucede hoy en Chile, obedece efectivamente a la necesidad de rediseñar la o las máquinas de la gobernanza, desde la Carta Magna hasta las normativas de mayor contenido pragmático. El cuestionamiento a la clase política en su conjunto y a los actores que han ejercido el poder, también exige, como hemos visto en el resultado de las últimas elecciones, el protagonismo de nuevos líderes conectados con las comunidades de base y, por tanto, capaces de generar pactos sociales en diferentes escalas para un desarrollo armónico y sostenido del país. Lo que observamos, tiene que ver con de la necesidad de un nuevo estilo de gobierno en diferentes niveles. Como señala Mayntz (2000), se trata de permitir grados crecientes de cooperación e interacción entre los diversos actores de una sociedad u organización, sean estos estatales, privados o de otro tipo de organizaciones u origen.

Este conjunto de demandas sociales en torno a los diversos niveles de organización política, en donde los ciudadanos y ciudadanas exigen una participación directa, se presenta como una contragobernanza respecto a aquella que antes aludíamos, centrada en la vida puramente económica de una sociedad. En estas nuevas formas de gobierno, se cuestiona las relaciones jerárquicas que se expresan finalmente en gobiernos de minorías que actúan en beneficio de esas mismas minorías.

El ciclo democrático que comenzó con el fin de la dictadura de Pinochet y los grupos políticos y económicos que lo acompañaron, definitivamente concluyó. La contragobernanza a la que nos referimos para el futuro de Chile, apela a la confianza en los autogobiernos locales, sin desconocer instancias de administración a nivel país en permanente conexión con los desarrollos territoriales.

Se trata, sin duda, del ejercicio de la democracia desde las bases sociales. Este ejercicio implica el robustecimiento de todas las instancias para la toma de decisiones que involucran el desarrollo social en diferentes escalas humanas, siendo la realidad local, el escenario natural para el desenvolvimiento de una comunidad.

 Para un país como el nuestro, el ejercicio de la contragobernanza, implica e implicará en el futuro grandes retos.  Ciudadanos domesticados dentro de un sistema político, en donde finalmente, la elite política y económica ha definido nuestro destino sin una participación significativa del pueblo, comenzando  a articularse voces ciudadanas anti sistémicas que, por otro lado, deberán hacerse cargo de un nuevo orden, diseñando y ejecutando formas de gobierno permeables, ante todo, al pulso vital de las comunidades y a sus necesidades esenciales.

Finalmente, podemos agregar, recogiendo las demandas ciudadanas del pasado reciente, que la contragobernanza que se instala en el país, se articula en sus capas de sentido más profundo, en los movimientos sociales que, desde la calle, han hecho ver la imposibilidad de seguir viviendo esclavizados por un neoliberalismo sordo y ciego que no escucha ni ve los apremios de la inmensa mayoría de quienes conforman la clase trabajadora del país. Lo que haya que hacer, deberemos asumirlo desde la voz colectiva y en beneficio de las comunidades reales. Así, con el tiempo, tal vez ya no sea necesario hablar de contragobernanza, sino sólo de gobiernos justos alimentados por las experiencias de vida de todos quienes habitamos nuestro territorio.

 

por  Dr. Jorge Brower Beltramin
Profesor Titular Departamento de Publicidad e Imagen
Facultad Tecnológica
Universidad de Santiago de Chile

 

“El contenido expresado en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no representa necesariamente la posición de la Facultad Tecnológica de la Universidad de Santiago de Chile”

 

Referencias

  • Banco Mundial. (1989). El África Subsahariana: De la Crisis al Desarrollo Sustentable. Una perspectiva de largo plazo. Washington, D.C.: BM/Oxford University Press.
  • Crozier, M.J., Huntington, S.P., Watanuki, J., (1975). The Crisis of Democracy: Report on the Gobernability of Democracies to the Trilateral Commission. New York University Press.
  • Levitsky, S. y Ziblatt, D. (2018). Cómo Mueren las Democracias. Ariel.
  • Mayntz, R. (2000). Nuevos desafíos de la teoría de governance. En Instituciones y Desarrollo. N°7. Barcelona. 35-51.
  • The Economist Intelligence Unit Limited. © 2018
  • Servicio Electoral de Chile.

 

TAGS: #Democracia #ParticipaciónCiudadana #Usach Crisis de Representación Gobernanza

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