La última encuesta Paz Ciudadana-Adimark sobre delincuencia común en nuestro país, dada a conocer el pasado lunes, confirmó una situación que desde hace un tiempo venía siendo claramente contradictoria respecto de este fenómeno social. La medición, llevada a cabo entre julio y octubre de este año, registró una baja en la victimización desde 43,5% a un 38,9% a nivel nacional, en tanto que el temor a ser víctima de un delito aumentó notablemente de 13,8% a 21,2%. Yendo más atrás, y de acuerdo a las mismas fuentes, la victimización en Chile disminuyó desde 37,9 a 34,2% entre 2005 y 2010. Además, y según estudios del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, los hogares víctimas bajaron desde un 38,3 a un 28,2% en el mismo periodo. Sin embargo, durante la década el porcentaje de hogares que se ubica en un nivel de temor alto creció de manera importante. Apegándose a estos y otros datos duros como los de Carabineros de Chile y la Subsecretaria de Prevención del Delito, es posible apreciar una abierta dicotomía entre la real ocurrencia de casos y los niveles de temor en la sociedad. La pregunta, entonces, es obvia: si baja la delincuencia común, ¿por qué sube el miedo de la gente a poder ser víctima de ella? ¿De dónde viene su sensación de vulnerabilidad e inseguridad, en circunstancias que -y de acuerdo a las cifras- debería ser precisamente todo lo contrario?
Los medios de comunicación de masas resultan ser actores clave en cuanto el rol social que desempeñan en esta materia, especialmente la televisión abierta. Una investigación llevada a cabo en 2012 por Andrés Scherman y Nicolle Etchegaray, de la Universidad Diego Portales, titulada “Consumo de noticias y temor al delito en Chile”, concluyó que es precisamente la televisión, como medio más usado por la población, el que se relaciona positivamente con la percepción de temor, debido a la mayor cobertura que realiza respecto a la delincuencia -en comparación con radio y prensa escrita- y la espectacularidad con que muestra y narra este tipo de episodios. Diariamente, los noticieros de la televisión chilena asignan relevancia especial a aquellos hechos delictuales que les permiten captar la atención de sus audiencias, dedicando largos minutos de sus transmisiones a este tema. Incluso se han hecho programas especiales relacionados a la problemática, mostrando persecuciones policiales, allanamientos, detenciones, todo con un nivel de sensacionalismo que hace del asunto un verdadero reality show, sobredimensionando el fenómeno para obtener rating. La lógica comercial instalada de manera preponderante en los criterios con que se define el tratamiento periodístico de los temas, entregando información de baja calidad en virtud de la farandulización de sus contenidos. Desinformando, finalmente. El fin justifica a los medios.“El debate debe hacerse en serio, con cifras arriba de la mesa, con más responsabilidad y menos alarmismo”, remató Rincón, propuesta que otorga a la discusión una dosis de racionalidad muy necesaria para avanzar de verdad en la superación real del problema, y que es de esperar encuentre respuesta en la labor periodística desarrollada al interior de los medios cuestionados.
Ahora bien, ¿por qué este tema se posiciona en la agenda como prioritario? La delincuencia común es un tópico, también común, que desde siempre ha permitido a la prensa sensacionalista captar audiencias, debido al impacto que genera en las personas. Esto despierta el consiguiente interés de parte de los auspiciadores, los que encuentran en estas audiencias masivas y cautivas un atractivo mercado potencial para sus productos. Dentro de un contexto de monopolios como el que actualmente tenemos en nuestro país, y en el cual la propiedad de los grandes medios se concentra en las mismas manos que han acaparado casi todo -repartiéndoselo entre ambas- el uso del amarillismo sirve no sólo como vitrina comercial, sino fundamentalmente como instrumento de propaganda para la manipulación de la opinión pública, manteniendo así un discurso funcional a las conveniencias político-empresariales de los sectores dominantes. A través del miedo como mecanismo de control social, el poder alimenta su perpetuación dentro del orden establecido y sostenido para ello, legitimándolo a través del discurso del “bien común”. Por ello, y como constante histórica, el miedo también es empleado contra las ideas reformistas en tanto subversión del concepto de “estabilidad” como sinónimo de “equilibrio”. Nuestra realidad social como país nos indica con evidencia clara que, al contrario de lo señalado, nuestra “estabilidad” en cuanto valor equivale más bien a desequilibrio. Profundo, grave, estructural. La delincuencia común, entonces, sirve como adecuada “cortina de humo” para desviar la atención de las masas y convencerlas, sometidas al miedo, de que lo verdaderamente importante es combatir un escenario permanentemente inseguro en el que todos y todas estamos expuestos a esta oleada delictual. Algo similar a lo ocurrido hace un tiempo con los bombazos en la vía pública y la instalación del miedo a través de la sensación de terrorismo. Ciertamente, la ciudadanía ha sido víctima de la delincuencia; sin embargo, para esa clase de delincuencia (o para la delincuencia de esa clase) la indignación y las cacerolas quedan guardadas, dormidas en el silencio de la indiferencia.
Las cifras internas sobre el tema concuerdan también con nuestra imagen exterior: Chile es considerado por varios organismos internacionales -incluyendo el Banco Mundial- como uno de los países más seguros y tranquilos del barrio, con tasas de homicidios y delincuencia por debajo de sus vecinos. A pesar de ello, y gracias al alza en la percepción de inseguridad fomentada por fundaciones, autoridades y medios de comunicación, algunos sectores pueden hablar de lo urgente que resulta la aplicación de mano dura y tolerancia cero, “por el bien de todos”. Lo delicado del asunto es que es en base a este clima artificial, y sin el respaldo objetivo de los datos duros, que se ha pretendido implementar políticas públicas en seguridad, dentro de la Agenda Anti-Delincuencia, así como la llamada “Ley Hinzpeter”. La televisión cultiva opinión pública y ésta también es utilizada con fines electorales, ofreciendo los candidatos soluciones superficiales que por lo general tienen que ver con factores subjetivos, emotivos, como es el miedo instalado, en vez de hacerlo con propuestas de fondo, que decidan abordar la complejidad del problema desde su raíz. Pero claro, ello pasa por la adopción de cambios estructurales, como por ejemplo la redistribución del ingreso para la restitución de mayores equilibrios y un mejor ambiente social. Cosas que -insiste el discurso- Chile no necesita.
Hace pocos días, los periodistas Mónica Rincón -víctima de un “portonazo” en 2013 y de un asalto en una estación de servicio, ocurrido en septiembre de este año- y Daniel Matamala abrieron el noticiero central de CNN Chile haciendo una autocrítica notable sobre el rol social que juegan los medios respecto de la percepción de inseguridad ante la delincuencia común, poniendo sobre la mesa la pregunta obvia que, sin embargo, ningún colega televisivo había planteado antes: «¿Cómo es posible que la realidad esté tan divorciada de la percepción, que según la misma encuesta estemos más seguros pero vivamos sintiéndonos más inseguros?», se preguntaron los conductores, emplazando a la clase política y líderes de opinión (“que azuzan un discurso muchas veces alarmista, porque el miedo da rating, pero también da votos»), a hacer su propio mea culpa. “El debate debe hacerse en serio, con cifras arriba de la mesa, con más responsabilidad y menos alarmismo”, remató Rincón, propuesta que otorga a la discusión una dosis de racionalidad muy necesaria para avanzar de verdad en la superación real del problema, y que es de esperar encuentre respuesta en la labor periodística desarrollada al interior de los medios cuestionados.
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