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Los encapuchados de siempre

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El pasado jueves 25 de enero el Fiscal regional de Temuco, Cristián Paredes, denunció a la Dirección de Inteligencia de Carabineros por manipulación de información y montaje en la “Operación Huracán”, caso que involucra a ocho comuneros mapuche por “ataque terrorista” incendiario a camiones y fundos en la región de la Araucanía. Casi al mismo tiempo el Fiscal Nacional, Jorge Abbot, reaccionó ante este hecho confirmando que “se ha podido determinar a través de una pericia hecha por peritos tanto de la Fiscalía como por un perito externo, que se habría incorporado con posterioridad a la incautación de esos teléfonos la información en ellos contenida, y que fue la que sirvió de base a la denuncia, lo que constituye claramente una irregularidad gravísima”, según consigna el portal de canal 13.


"¿Acaso no entra en duda todo el sistema cuando existe evidencia histórica objetiva que demuestra cuál ha sido la política empleada por el estado, su predisposición desde hace más de 100 años, para abordar el conflicto?"

La denuncia en contra de Carabineros remeció las dependencias del Ministerio del Interior, instancia que es la responsable política de la institución uniformada. El subsecretario de la cartera, Mahmud Aleuy, quien en noviembre del año pasado negó acusaciones formuladas por familiares de los comuneros imputados respecto de poder estar detrás de esta operación política (bautizada como “Huracán”), salió al paso de esta denuncia de Fiscalía asegurando que “si es que se llegara a probar los hechos que se investigan, el costo institucional será muy alto”. Una forma, quizás, de desligarse a tiempo de eventuales responsabilidades que pudieran implicarlo de alguna manera en esta denuncia de montaje formulada por el Ministerio Público.

El episodio, sin duda, es grave y así ha sido remarcado por las editoriales de algunos medios, como CNN, en contraste con el silencio que han mantenido las de otros. “Según la Fiscalía, los mensajes de whatsapp -tal como reclamaron una y otra vez los comuneros- no serían de ellos, habrían sido puestos después en los celulares incautados. La denuncia es gravísima”, señaló la periodista Mónica Rincón. Y claro, cómo no, si estamos hablando de falsificación de instrumento público y obstrucción a la justicia, conductas llevadas a cabo por una institución cuya probidad y ética han sido duramente apaleadas por la contundencia de las evidencias relacionadas con el millonario desfalco perpetrado al interior de la misma. Estamos hablando de eso, y de mucho más.

El montaje denunciado fue calificado por el Fiscal Nacional como un “hecho aislado”, agregando además que “más que entrar en duda todo el sistema, lo que entra en duda es la información proveniente de la ley de inteligencia”.

¿Hecho aislado? ¿No entra en duda todo el sistema?

En el último tiempo hemos sido testigos de diversos episodios de manipulación de encuestas, estadísticas, rankings, gráficos, cifras. Y ahora, de evidencias. Un contexto general en el cual el manejo tendencioso de la información para determinados fines ha sido evidente, determinado esto por una misma lógica articuladora, como es la de diseñar escenarios favorables a intereses particulares, para lo cual la gestión política y, mediante ella, el uso de la fuerza, son herramientas imprescindibles en la consecución de los objetivos trazados. En este caso específico, tratar de demostrar a como dé lugar la existencia de terrorismo en la Araucanía, de modo de justificar la militarización de la zona, los operativos policiales abusivos, prepotentes, criminales. “Solucionar” el problema mediante el uso de la fuerza, no de la justicia. Terrorismo de Estado en beneficio de empresas forestales -subvencionadas además por el mismo estado-, que han usurpado territorio mapuche para sus negocios y para las que la restitución no es alternativa. Entonces, “a la mala”, baleando por la espalda y en el suelo durante controles de identidad, como le sucedió en 2016 a Brandon Hernández Huentecol, de 17 años, o a Matías Catrileo en 2008 y Jaime Collío en 2009, ambos asesinados por efectivos policiales. Los ejemplos recientes respecto a la forma en que se ha llevado a cabo el proceso judicial contra la machi Francisca Linconao por el caso Luchsinger-Machay, o de la comunera Lorenza Cayuhuán, quien debió parir engrillada, dan cuenta también del trato histórico otorgado por el estado chileno al pueblo mapuche.

Un trato que no siempre fue así. En el libro de Felipe Portales llamado “Historias desconocidas de Chile” (Editorial Catalonia), el autor describe documentadamente durante el primer capítulo cómo “El Mercurio” fue creando, desde mediados del siglo 19, un clima hostil hacia los mapuche, a través de editoriales donde, textualmente, se les calificaba como “hordas salvajes”, hablándose a partir de esta caracterización de la necesidad del “triunfo de la civilización sobre la barbarie, de la humanidad sobre la bestialidad”. “Su inteligencia ha quedado a la par de los animales de rapiña, cuyas cualidades posee en alto grado, no habiendo tenido jamás una emoción moral”… “horda de fieras que es necesario encadenar o destruir en el interés de la humanidad y en bien de la civilización”, señalan otras editoriales publicadas en aquellos años por “el decano de la prensa chilena”. Cabe señalar que el tono fascista de este discurso coincide (curiosamente) con que por esos años Chile se convirtió en un gran exportador de trigo, con el consiguiente aumento en el valor de tierras de propiedad mapuche. “La fuerza motriz de una guerra siempre se basa en la codicia”, dice la letra de “Señor Peligro”, una canción de Ministry. En 1861, el general de Ejército Cornelio Saavedra comenzó la “pacificación” de la Araucanía (la historia oficial suele blanquear algunas cosas con eufemismos), incursión militar de despojo y aniquilación que tuvo devastadoras consecuencias en la población mapuche.

¿Acaso no entra en duda todo el sistema cuando existe evidencia histórica objetiva que demuestra cuál ha sido la política empleada por el estado, su predisposición desde hace más de 100 años, para abordar el conflicto? ¿No entra en duda todo el sistema al ver cómo diversos montajes anteriores han caído por el propio peso de sus absurdas pruebas, en ámbitos distintos como fue el “Caso bombas” o el del ciudadano paquistaní, acusado también de terrorismo? ¿Acaso resulta ilógico suponer o no esperar más adelante la posible ocurrencia de algún otro episodio, mejor elaborado quizás, más perfeccionado, más verosímil, más creíble a la hora de generar opinión pública favorable a la idea de que “hay terrorismo” y que, por ende, se justifica la aplicación de la fuerza, los abusos y la prepotencia impune en el caso de la Araucanía?

Luego de ver cómo Fuerzas Especiales de Carabineros impidieron a funcionarios de la PDI el allanamiento ordenado por la Fiscalía de Temuco, negándose de manera amenazante en primera instancia a entregar información que permitiese arrojar luces sobre esta denuncia de montaje, cabe preguntarse de manera legítima y razonable, ¿qué se puede estar ocultando tras esta capucha de secretismo, pruebas falsas y manipulación de información? ¿Quiénes son los encapuchados de siempre, los que atacan en las sombras, incendian camiones y desaparecen? ¿Cuál es la identidad de estos fantasmas que nunca pueden ser atrapados, que nadie sabe de dónde vienen, a dónde pertenecen y que parecen poder actuar libremente para seguir sembrando el miedo, del cual se alimenta el discurso del terror?

TAGS: #CarabinerosDeChile #Manipulación #OperaciónHuracán #PuebloMapuche

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13 de febrero

Quizás Ud. tenga razón y hay una conspiración muy bien orquestada para crucificar gente inocente, pero démosle una oportunidad a la investigación, y quizás, sólo quizás, las cosas no sean tan maquiavélicas, porque al parecer aquí hay de todo, huele a madeja densa, oscura y algo siniestra, por el bien de todos, esperemos sin embargo lo mejor y que esto se aclare y paguen los malos.

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