«Hay que recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica, porque se empieza por el olvido y se termina en la indiferencia» (José Saramago)
Entre todas las violaciones a los Derechos Humanos, la más discutible desde un punto de vista ético, es la Desaparición de Personas. A diferencia de otras formas de represión, la desaparición forzada, como práctica masiva y sistemática florece en el siglo pasado. En efecto, los encarcelamientos, las torturas, el exilio, los asesinatos, las masacres, el genocidio, son complementarias a la mencionada. Por ello, debemos lamentar entre los inventos del siglo XX, la desaparición de personas, como el más espurio de los métodos para reprimir al Hombre.
La desaparición de personas compone en sí misma la negación del ser humano. El desaparecido es despojado de todos sus derechos y colocado en situación de total indefensión a la merced de sus victimarios. La práctica de la desaparición forzada vulnera los dictados más elementales de la humanidad y los principios básicos del estado de derecho y del derecho internacional. La desaparición forzada constituye un desafío al concepto mismo de los Derechos Humanos: es la negación del derecho del ser humano a tener una existencia, una identidad.Lo que pena no son sólo los sueños rotos ni los anhelos sino las vidas truncas de mujeres y hombres que lucharon por sus ideales, por sus principios, seguramente por una vida mejor. Y más allá de eso, está el dolor de familias y comunidades, que hoy todavía reclaman Justicia, como un deber ético para saber ¿Dónde Están?
La violación a los Derechos Humanos, ocurrida en Chile a partir del 11 de septiembre de 1973, mereció una atención especial en todo el mundo y la lucha del movimiento de Derechos Humanos y del pueblo chileno no estuvo aislada de la preocupación y de la sensibilidad internacional. La violencia que caracterizó el pasado reciente no fue el resultado de la casualidad ni de excesos individuales: la Dictadura Militar se propuso refundar una nueva sociedad, y su instrumento en ese proceso fue el uso brutal, irracional y sistemático de la violencia de Estado, cuyo efecto trascendió a la destrucción del tejido social, es decir, a las organizaciones sociales y políticas, alcanzando a valores, al espíritu y a la identidad nacional.
La defensa de las violaciones a los Derechos Humanos que afectó a miles de chilenos víctimas de la represión entre el 11 de septiembre de 1973 al 10 de marzo de 1990, se caracterizó por una tarea amplia de denuncia pública que incluyó la interposición de acciones y recursos de amparos ante los Tribunales de Justicia, los cuales no fueron acogidos, particularmente estos últimos con una cifra cercana a la decena de mil.
Cabe mencionar en este sentido la tarea promovida por diversas entidades, como el Comité de Cooperación para la Paz en Chile, creado en octubre de 1973 por la Iglesia Católica, Protestante, Judía y Ortodoxa; la Vicaría de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago, en el año 1976, sucesora del Comité Pro Paz; la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, FASIC (1977); la Comisión Chilena de Derechos Humanos (1984); el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo, CODEPU (1980); y otras organizaciones sociales y organismos no gubernamentales que tuvieron -y conservan- como objetivo la defensa y promoción de los Derechos Humanos y la reclamación de Verdad y Justicia en torno a las violaciones cometidas en el Chile dictatorial.
Revisando la historia, se podría afirmar que el primer país que ejerció la práctica de la desaparición forzada por parte de agentes del Estado o personas al servicio de él, en América Latina fue Guatemala. En el año 1964, durante el régimen del coronel Enrique Peralta Azurdia, 28 dirigentes fueron secuestrados, asesinados y lanzados al mar desde aviones militares. En Latinoamérica, Brasil entre los años 1964 a 1985; Uruguay, entre 1973 a 1989; Argentina, 1976 a 1983, practicaron como política de Estado la desaparición forzada de personas.
Las cifras sobre personas detenidas y desaparecidas en Chile varían. Según el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, creado en 1991 por el gobierno de Patricio Aylwin Azócar, hubo 1.185 casos en el período del régimen militar (septiembre 1973-marzo 1990). El mismo informe, establece dos períodos diferenciados en la práctica de detener y desaparecer. El primero prevaleció en los meses inmediatamente posteriores al 11 de septiembre de 1973.
Por lo general, en este período, tras la detención de la persona, se procedía a su ejecución sumaria o asesinato “disponiéndose” luego del cadáver (por lo común, lanzándolo a un río o enterrándolo clandestinamente), todo ello seguido de negación de los hechos o de la entrega de versiones falsas. En el segundo período, que cubre principalmente los años entre 1974 y 1977, la Comisión señala que tras las acciones represivas del régimen, “había una voluntad de exterminio, dirigida sistemáticamente y por motivaciones políticas, en contra de ciertas categorías de personas” (1996: 18).
En ese período, el principal responsable de las desapariciones forzadas recae en la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) no siendo el único responsable, pues en esa etapa funcionó además el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA) y el Comando Conjunto.
Lo que pena no son sólo los sueños rotos ni los anhelos sino las vidas truncas de mujeres y hombres que lucharon por sus ideales, por sus principios, seguramente por una vida mejor. Y más allá de eso, está el dolor de familias y comunidades, que hoy todavía reclaman Justicia, como un deber ético para saber ¿Dónde Están?
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