Empezaron como muchos se imaginaban, improvisando, y como todos los que improvisan tienen una matriz común, es fácil darse cuenta quienes les dejaron pauteados. No hay diferencia alguna en la forma en que operan para neutralizar el movimiento mapuche y aunque para estos casos cuentan con cómplices que viven de cada montaje, lo cierto es que no pasa desapercibido el objeto final de las acciones u omisiones en la relación entre el gobierno actual y el pueblo mapuche.
El gobierno de la Nueva Mayoría ideó un montaje conocido como “Operación Huracán” y no puede eludir su responsabilidad política. El actual gobierno – siguiendo la pauta – ingresa a la región un contingente uniformado y armado, y elije el mismo día para plantar un canelo y reunirse con lonko y machi, con el fin de señalar enfáticamente que aquí nada ha cambiado y se instalarán las cosas “por la razón o la fuerza”. Obviamente aludiendo a esa razón racista que evita por todos los medios un diálogo político en serio y de verdad.
Evidentemente el centralismo en acción. La región carece de ideas y el intendente “santiaguino” no tiene ganas de pensar la región ni en la región. Ante estos hechos la primera impresión que deja la opinión gubernamental, es que toma como base resoluciones de debates inconclusos replicando odiosidades. Por otro lado, dejan en segundo plano su propia institucionalidad y quitan del camino a quien debiera ejercer liderazgo en la materia y eso los lleva a caer en la irremediable contradicción y a repetir acciones que ya no funcionaron.Como parte de una estrategia nacional integrada, el Relator Especial de la ONU insta al Gobierno de Chile a priorizar y acelerar el proceso de restitución o devolución de tierra
Esa falta de liderazgo – y de lineamientos – permitió que personalidades pertenecientes a la coalición gobernante, anunciaran versiones entre las que relevamos (para dejar en claro la falta de información) la denuncia del Convenio 169 de la OIT, la puesta en el mercado de tierras mapuche cercanas a las ciudades y, las más extravagantes, solicitando de que no se compre más tierras a los mapuche, ya que estos no son capaces de hacerlas producir.
Pero hay una situación o hecho incuestionable que no es tan fácil dejar de lado cuando se habla de tierras indígenas. Desde la normativa, la tierra indígena está protegida, existe un presupuesto anual para la compra[1] y lo más importante, cuando se habla de tierra también se está hablando de territorio, y aquí hay que detenerse un poco para entender lo que reconoce el Convenio 169 de la OIT: “La utilización del término «tierras» en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera.”[2]
En el mismo sentido conviene recordarle al gobierno que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha sentado jurisprudencia en esta materia. A partir del caso de la Comunidad Mayagna Sumo de Awas Tigni c/ Nicaragua ( 2001) la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estableció algunos criterios a considerar:
- El Pacto de San José de Costa Rica no puede tutelar sólo la propiedad privada, por lo que también consagra el derecho a la propiedad comunitaria de los pueblos indígenas.
- El derecho a la tierra y al territorio es un derecho colectivo:el derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras no es un derecho que ejerce cada miembro de una comunidad indígena de manera individual sino que, por el contrario, es un derecho cuyo titular es la comunidad en su conjunto.
- Los pueblos y comunidades indígenas mantienen un vínculo especial con la tierra que define su propia existencia como grupopues “para las comunidades indígenas la relación con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras”.
- Los pueblos y comunidades tienen derecho a los recursos naturales “que han usado tradicionalmente y que son necesarios para la propia supervivencia, desarrollo y continuidad del estilo de vida de dicho pueblo”.
Otro punto relevante a considerar es la recomendación que hace el Relator Especial de Naciones Unidas – Ben Emmerson – en su Informe sobre su visita a Chile en el año 2013, en la cual señala “Como parte de una estrategia nacional integrada, el Relator Especial insta al Gobierno de Chile a priorizar y acelerar el proceso de restitución o devolución de tierras , incluida la asignación de los recursos presupuestarios necesarios para alcanzar los objetivos de restitución actuales dentro de un plazo de tiempo breve y definido.”
La pregunta entonces es bien concreta: ¿Por qué se abandona desde la institucionalidad las recomendaciones de Naciones Unidas? Sin el ánimo de la obviedad o de lo que cada cual quiera interpretar, lo cierto es que bajo ese reconocimiento al territorio como un derecho de los pueblos indígenas, no será tarea fácil emprender caminos que conlleven a un despojo inmediato – o en un futuro cercano – de las tierras mapuche. Con tanquetas y todo.
[1] Ley 19.253 art. 20 letras a y b
[2] Convenio 169 art. 13 n° 2
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