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Rebelión ciudadana en Colombia. ¿Semejanzas con lo que sucede en Chile?

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Repasemos los hechos. Finales de abril y en Colombia, el gobierno de Iván Duque presenta un proyecto de reforma tributaria para; según las mismas autoridades para financiar los programas sociales y fijar una transferencia directa desde el Fisco a las familias desde US$ 20,82 para una persona hasta llegar a máximo de US$ 95,26 para familias de seis o más miembros en extrema pobreza, mientras que se entregará los mismos US$ 20,82 a una personas en esta condición, y unos US$ 65,60 a familias pobres de seis o más miembros. Lo mejor de todo, es la promesa de beneficio permanente a familias en condiciones ya indicadas.


Es clara la necesidad de superar al Estado subsidiario y al neoliberalismo como fundamento ideológico del modelo de desarrollo, y transitar a una forma de producción respetuosa del entorno, de la naturaleza como sujeto trascendente de derechos básicos-

El problema en el descontento de los colombianos no radica en que consideren que los beneficios no sean lo suficiente o cercanos al deseado, sino que el financiamiento en un 70 % sería a cargo de la población a través del alza del IVA en productos de consumo básico y masivo (agua, luz y gas, servicios funerarios, objetos electrónicos como computadores, y otros rubros hasta ahora exentos, según BBC Mundo), además de un alza en el impuesto a la renta a remuneraciones percibidas desde los US$ 663 (y donde el sueldo mínimo alcanza solo los US$ 234, también según BBC Mundo).

Es decir, el Gobierno de Colombia pretendía establecer mecanismo de financiación de los programas de protección social del Estado colombiano a través de tributaciones que afectan al grueso de la población, la de menores ingresos, dejando en un rol secundario todo el potencial de recursos que pueden (y por patriotismo, “deberían”) los sectores más pudientes poder tributar. Son los grupos económicos de mayores ingresos los que, “casualmente”, se han visto beneficiados con el crecimiento de sus patrimonios o; en el peor de los casos, han mantenido su nivel de ingresos altos. En consecuencia, en atención a los conceptos de patriotismo y solidaridad, así como en su vital necesidad de mantener el sistema productivo en marcha y no colapse, rendir parte de esas ingentes ganancias para el financiamiento de programas de recuperación y estímulo económico.

Todo lo anterior provocó el descontento social y la ira se apoderó de las masas. Las manifestaciones han sido pacíficas en sus orígenes y mayoría, sin embargo, la indignación desborda a los más carenciados y; al igual que en Chile, donde no fue por un alza de $ 30, sino por 30 años de neoliberalismo, es que Colombia lleva varios años en que la polarización crece, los más pobres se perciben fuera de los beneficios que el sistema de desarrollo productivo genera, y no se ve cercana la posibilidad de un cierre definitivo al conflicto bélico interno con las FARC-ELN.

Otro elemento por considerar es el crecimiento económico. En el decenio 2010-2020, como se aprecian en los gráficos 1 y 2, el crecimiento del PIB y su variación anual presenta un comportamiento similar entre ambos países, con una tendencia marcada a la baja desde 2012 que se estaba rompiendo en 2017 para el caso colombiano y en 2018 para el caso chileno. También en ambos países se han visto golpeados tanto por la pandemia como por las masivas movilizaciones sociales en protestas contra las acciones gubernamentales en ambos países durante 2019 y 2020, suspendidas de forma esporádicas precisamente también por la pandemia, y que durante las últimas semanas resurgieron con fuerza en Colombia.

Hay varios puntos en común entre los casos de Chile y Colombia. Entre ellos la insuficiencia del Estado subsidiario para enfrentar una emergencia de la envergadura de la pandemia por Covid-19, la insatisfacción, poco alcance o retraso con las medidas de los gobiernos de ambas naciones suramericanas, la aplicación de medidas represivas con resultados de muertes y violaciones sistemáticas a los DDHH por parte de los órganos policiales u orden y seguridad, entre varios más.

Sin embargo, resulta interesante destacar que en ambos gobiernos se buscó recurrir a las FFAA para el control interno y forzar a la calma por medio del miedo y la represión de disidencias y manifestaciones públicas, bajo la excusa de la salubridad pública, y la insistencia en medidas ideológicas de focalización extrema del gasto público, sin una perspectiva de inversión, por lo que la creación de nuevos tributos con cargo a los ingresos altos, actividades extractivistas de alto impacto ambiental o una reforma tributaria seria y con mayor participación de los patrimonios más favorecidos por el modelo, no son considerados ni tolerables.

Es decir, los aspectos de coincidencia en el malestar de la población y las acciones gubernamentales entre los casos de Chile y Colombia es, principalmente, ideológico. Respecto a las soluciones o alternativas para superar la pandemia y las desigualdades para sobrellevar la vida en ambas naciones parecen ser de la misma naturaleza. Así, tanto en Chile como en Colombia, la sociedad se presenta polarizada (o se busca graficar así en la prensa el estado del debate), donde se encuentran los intereses de los inversionistas por un lado, el sistema productivo y financiero, motor del sistema de desarrollo por acumulación capitalista flexible, que segrega el acceso a la vivienda digna, a la salud y a la educación según poder adquisitivo o capacidad de endeudamiento de las personas.

Todos estos elementos asociados a una estructura político-normativa del Estado de naturaleza subsidiaria, han gatillado el hartazgo y la extinción de la paciencia por la espera del desarrollo integral del país a partir de los “intereses individuales agregados”, que en 1944 prometía Von Hayek, maestro de Friedman, adalides del liberalismo clásico o neoliberalismo como se conoce hoy.

Es evidente qué es lo que se necesita superar tanto en Chile como en Colombia. Es clara la necesidad de superar al Estado subsidiario y al neoliberalismo como fundamento ideológico del modelo de desarrollo, y transitar a una forma de producción respetuosa del entorno, de la naturaleza como sujeto trascendente de derechos básicos, con centro en las necesidades humanas tanto individuales como colectivas, con un Estado sometido al control civil y dirigido a la promoción de los objetivos colectivos e individuales de crecimiento material y espiritual.

 

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