Elecciones al Consejo Constitucional y algunas de sus implicancias

Luego de transcurridas más de 20 días de celebradas los últimos comicios para escoger a las personas que tendrán el honor y el deber de redactar un proyecto de Constitución en base al anteproyecto que entregue la Comisión experta, es importante reflexionar acerca de las implicancias políticas que surgen a partir de este nuevo escenario político. Salta a la vista que este resultado no se los esperaba ni en el mismo Partido Republicano, en virtud de las reacciones y actitudes que se han visto en las últimas tres semanas, que los ha llevado a ordenar silencio a los consejeros electos por parte del partido, evidenciando la escasa preparación ante un escenario tan favorable a sus pretensiones, muy probablemente porque no se había contemplado[1].

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No hay certezas y tampoco las señales provenientes de los actores republicanos de que el manejo de las instancias administrativas y de discusiones en el seno del Consejo Constitucional, sean conducidas con criterio pluralista y con ánimos de acercar posiciones

En consecuencia, no solo el país parece encontrarse en una compleja coyuntura política, sino asimismo el Partido Republicano debe definir su postura respecto al proceso constituyente que le toca liderar, pero con él que nunca estuvo de acuerdo. ¿Es posible encontrar otro escenario más complejo que el descrito? Pues probablemente sí, sin embargo, la situación actual no es fácil siquiera de comprender por todos los actores y por gran parte del pueblo. La contradicción se instaló en el corazón del proceso constituyente 3.0[2] que corre actualmente, y el escenario se torna poco claro con respecto al éxito al momento culmine de este camino con el plebiscito de salida en diciembre del año en curso.

No hay certezas y tampoco las señales provenientes de los actores republicanos de que el manejo de las instancias administrativas y de discusiones en el seno del Consejo Constitucional, sean conducidas con criterio pluralista y con ánimos de acercar posiciones, sino que la sensación instalada desde el conocimiento de los resultados de la elección del pasado 07 de mayo es más bien pesimista respecto a que se logre un texto mayormente democrático que posibilite la apertura al debate de los asuntos y problemas que surjan y que el legislativo del momento pueda discutir las soluciones o políticas públicas que se requieran implementar junto con el gobierno de turno.

Además de lo sumamente complejo que significa que el Partido Republicano tenga la llave del proceso, al menos para la certeza marcada acerca del éxito del proceso, se debe agregar un problema no menor: La desafección ciudadana con el proceso. Según la encuesta de abril pasado, publicado por el “Laboratorio constitucional” de la Universidad Diego Portales, que contó con la colaboración de la empresa “Feedback Research”, a solo un 2 % de los encuestados (1.012 casos) declararon tener interés en las elecciones para el Consejo Constitucional, donde el 63 % confiesa estar poco o nada informado respecto al proceso constituyente o 66 % sostuvo que no conocía a ningún candidato o candidata, pero que un 72 % iría con total seguridad a votar.

¿Qué puede significar todo lo anterior a la luz de los resultados de las elecciones? Primero, si consideramos el último dato señalado, respecto a la participación, que sobre el 70 % de los entrevistados sostuvieran que participarían del proceso, a pesar de que la mayoría de los entrevistados no conocía o no se había informado debidamente para tomar la decisión a quién votar, habla de que es altamente probable que la obligatoriedad del voto logra motivar la participación, la que a pesar de la poca preparación, conocimiento o investigación acerca del proceso mismo y de los actores involucrados.

En segundo lugar, que la desafección es evidentemente contra el sistema de partidos políticos y no necesariamente con el sistema político en general, por el nivel de participación (poco más del 78 % según los datos entregados por el SERVEL); y considerando que en la encuesta antes comentada, solo un 21 % señaló que iría a votar para evitar la multa, mientras que un 35 % lo haría porque es su deber, un 26 % porque está interesado en el proceso y un 13 % porque quiere una nueva Constitución.

El resultado de todo lo anterior permite desarrollar la hipótesis respecto a que la desafección de la población con el proceso constituyente actualmente en desarrollo podría explicarse por la alta desconfianza al sistema de partidos políticos, que son percibidos como grupos sociales privilegiados por los altos ingresos percibidos gracias a sus dietas y porque en no pocos casos legislan en favor de intereses particulares[3].

Con este escenario, otra implicancia de esta elección es el comportamiento de varios grupos sociales, particularmente desde organizaciones empresariales o gremiales, donde incluso han declarado la guerra contra el actual gobierno, como es el caso de las Isapres y las AFP’s, por poner los emblemáticos. Son estos grupos las bases de votos duros de los republicanos[4], y es en este sector donde se encuentran radicados casi mayoritariamente los intereses de los grupos controladores de dichas empresas y con no disimulados vínculos con grandes fortunas detrás del apoyo electoral, que se observa en las fuentes de las donaciones realizadas a las candidaturas, según datos reportados por el SERVEL.

Este partido político se opone a las regulaciones laborales, niega la asimetría de poder en la relación laboral, so pretexto de la libre elección o la voluntad espontánea de las partes para celebrar un contrato de trabajo, abiertamente se declara en contra de la voluntad de la mujer sobre su cuerpo a través de la penalización de toda forma de interrupción de la preñez, y consideran que el “estallido social” fue solo una expresión criminal o “delincuencial” como se encargan de remarcar, con el soterrado ánimo de criminalizar la disidencia y molestia con el modelo que ellos aprueban, e insisten en que representan “el sentido común”, pero se aprecia que no se relaciona con el interés general.

Finalmente, otra implicancia política importante de la elección del 07 de mayo es la percepción de apoyo a los ideales del Partido Republicano del electorado que puedan explotar con el objeto de lograr ganar el control del ejecutivo. Y para ello pueden buscar tensionar no solo al actual gobierno y su agenda, sino asimismo al Consejo y con ello al proceso constituyente, con el objetivo de provocar los mayores problemas y errores a la administración de Boric, y lo que falta es verificar si lo harán a costa del éxito del proceso constituyente que buscarán liderar, o asistiremos a una actitud efectivamente republicana, cívica y responsable, ponga en serio el interés general y superior de la República que cualquier agenda o interés particular, como la protección y garantía del acceso al agua, por ejemplo, o el reconocimiento no solo de las responsabilidades de los menores, sino que asimismo otorgarle rango constitucional al reconocimiento de la titularidad de derechos de niños, niñas y adolescentes.

El deseo es que se verifique lo último, porque de lo contrario la agudización de las crisis políticas, sociales y económicas empeorarán. Y sí, eso es posible, siempre.

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[1] Según reporta T13.cl, la directiva del Partido Republicano encabezado por Arturo Squella ha venido trabajando en un plan comunicacional durante los últimos días.

[2] Recordemos que el primer proceso constituyente lo inauguró la expresidenta Michelle Bachelet en su segunda administración en 2015. Luego vino el segundo proceso impulsado por el “Acuerdo por la paz y la nueva Constitución”, que culminó en el rechazo del proyecto redactado en la Convención Constitucional.

[3] Esto principalmente a situaciones como las del financiamiento ilegal por parte de grupos empresariales como Penta, Corpesca o SQM, por señalar algunos de los casos más destacados.

[4] Esta conclusión se basa en la observación del hecho de la votación obtenida por el diputado De la Carrera en 2021 en el distrito compuesto Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea, las comunas con mayor ingreso socioeconómico y bastión histórico de la derecha, por una parte; y por los aportes de grandes fortunas a las candidaturas de la derecha (Chile Vamos y republicanos) en su mayoría.