Los 50 años en Chile: Entre la tibieza y el desparpajo

Septiembre inicia, y con ello el eterno y tormentoso recuerdo de lo que fue, lo que pudo ser y lo que no será.

Se comienza, y era que no, con el recuerdo (y celebración para algunos grupos) del triunfo del candidato de la Unidad Popular, Salvador Allende, en las elecciones del 04 de septiembre de 1970, logrando la primera mayoría relativa con el 36,2 % de los votos (más de un millón 70 mil preferencias), voluntad que fue refrendada por el Congreso Nacional, previa firma del denominado Estatuto de garantías constitucionales o “Pacto de garantías democráticas”, que permitió el acceso a la primera magistratura de nuestra República a un candidato socialista, abiertamente marxista en lo teórico, político y económico, hito de repercusión mundial, pues hasta ese momento los movimientos revolucionarios de bases teóricas e ideológicas marxistas únicamente habían accedido al poder exitosamente por la vía armada, pues estaba fuertemente instalada la máxima de Friedrich Engels de que “toda la historia de la humanidad tiene como verdadero motor la lucha de clases”.

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La democracia no es perfecta, jamás lo será alguna construcción humana, pues por extensión, es falible pero también perfectible. (…) Sin embargo, es la herramienta que tenemos hoy para resolver de manera pacífica y civilizada las diferencias políticas

Sin embargo, no todo es fiesta, a pesar de que en septiembre se celebra y conmemora la instalación de la Primera Junta Nacional de Gobierno y a las glorias del Ejército que luchó en las batallas de la guerra de independencia contra el imperio español, desde 1973 el 11 de septiembre marcó a sangre y fuego en la conciencia de miles de personas que, directa o indirectamente, sufrieron la violencia y el terror de Estado que ejercieron agentes en su nombre por órdenes directas del jefe subrepticio que, una vez derrocado el gobierno legítimamente constituido, buscó asegurar para sí el poder no solo del gobierno, sino fundamentalmente dentro de las FFAA y del Ejército, en particular[1], y lo hace mediante el involucramiento bajo orden directa a oficiales (de alta graduación inclusive, como el general Sergio Arellano Stark) para el procesamiento de forma irregular y asesinato de presos políticos, de forma tal que queden comprometidos ante él, la justicia y la historia, gracias a los actos de violencia terrorista de Estado y asesinatos.

Con todos esos antecedentes donde, por una parte, tenemos un gobierno legítimamente constituido; con una grave crisis política y económica de múltiples fuentes, sufre un violento golpe de Estado fraguado con mucha antelación por agentes de las FFAA en concomitancia con el gobierno de una potencia extranjera a instancias de gestiones conspicuos dueños de formidables fortunas de la época; y por otra parte la instalación de un gobierno de facto de corte autoritario y violento, que significó la muerte de al menos 2.116 personas y la desaparición forzada de otras 1.144 y en total más de 40 mil víctimas oficialmente calificadas[2]. No obstante aquello, desde que comenzamos el 2023 hasta estos días ya próximos a conmemorar 5 décadas desde aquel fatídico martes donde las FFAA se alzaron contra el gobierno de la Unidad Popular, ciertos sectores se han esforzado en presentar sus reparos en los esfuerzos por parte del gobierno del presidente Boric en realizar actos conmemorativos de esta fecha, fustigando su necesidad, cuestionando la decisión y calificándola de provocativa, divisoria e incluso buscando justificar (soterradamente o no) el golpe de Estado.

En esa línea, se han escrito sendas columnas de opinión, de los más variados tenores, y uno que llama la atención es la columna del director del Centro de Estudios Públicos (CEP), Leonidas Montes Lira, publicada en El Mercurio y que titula “Entre recuerdos y olvidos”. Se debe señalar que, proviniendo de un centro de pensamiento fuertemente ligado a los grupos económico más influyentes del país y, por tanto, más cercanos a la centroderecha política, resalta el esfuerzo que se percibe sincero de ponderar “objetivamente” los hechos acaecidos hace 50 años atrás, con la legítima crítica tanto al gobierno de la Unidad Popular como al actual por no propender a buscar una mirada de futuro y unidad.

Sin embargo, nada hay respecto a condenar expresamente, sin reservas o condiciones, el quiebre institucional de nuestra democracia en 1973. Hay un silencio absoluto en lo relativo a establecer líneas rojas que no son posibles de traspasar y que es la democracia, dentro de ella, el lugar para resolver las diferencias fundamentales sin sobrepasar esas líneas rojas, como es el exterminio de adversarios, su exilio, exoneración u otras maneras de castigo corporal y moral a la diferencia ideológica.

La actitud anterior resalta ante la negativa de los dirigentes de la Unión Demócrata Independiente (UDI) de firmar el “Acuerdo de garantía democrática” convocado por el presidente de la República, argumentando que no están disponibles “…a participar en hitos que generen más división y que de alguna manera nos pongan al “servicio” de hechos que no tienen una sola mirada. Nosotros no nos vamos a poner al servicio de una verdad oficial en esta materia», según las palabras del presidente del partido, el senador Javier Macaya, aun cuando dicho acuerdo no tiene relación alguna con fijar una única verdad o una verdad oficial, sino fijar el compromiso de todas las fuerzas políticas en la defensa incondicional de la democracia como forma de resolución de las diferencias políticas.

Y aunque la UDI y su coalición Chile Vamos busquen establecer un discurso paralelo con una declaración alternativa a la promovida por el Gobierno, no condenan en modo alguno el golpe de Estado, aunque reconocen la gravedad del quiebre institucional que ello implica, no hay una crítica reflexiva respecto al rol y las responsabilidades que a la derecha le competen en aquella fatídica crisis, solo reprimendas al gobierno y al presidente de la República por, según esta coalición, intentar instalar una “verdad única” lo que es una falacia. La conducta pertinaz de no reconocer los errores de su sector y, especialmente, de buscar desafiar a las fuerzas de la historia solamente por una motivación ideológica es lo que divide, no la exigencia de justicia, de verdad, reparación y garantías de no repetición, y este último punto es lo importante de rescatar que esta coalición no desea asumir, porque no sienten de verdad que repetir un quiebre institucional de la democracia sea un objetivo legítimo e indubitado.

Todo lo anterior contrasta con la condena que el excomandante en jefe del Ejército, general(R) Ricardo Martínez Menanteau, condenó las actuaciones de oficiales de alto rango como en los casos de la denominada “Caravana de la muerte”, general Arellano Stark, y las calificó planificadas, dejando entrever la sistematización de los actos criminales de la dictadura y, en particular, del Ejército. Asimismo, el general(R) Martínez repudia las torturas y las ejecuciones fuera del debido proceso y señala, en una entrevista, que “los actores políticos son los principales responsables del quiebre democrático” y que “Pinochet debió asumir la responsabilidad de mando”, pues al no hacerlo permitió que otros repitieran dicha conducta dejando en la indefensión a quienes creyeron ejecutar ordenes dentro de una legalidad que fue desconocida posteriormente por los superiores en tribunales.

Si bien esta actitud representa un divorcio con la conducta tradicional o histórica de los últimas 4 décadas en el Ejército, no se observa en sus palabras reproche o censura al rol que tuvo el Ejército en el quiebre de la democracia en 1973, quizá porque carezca de una formación política acabada o porque considera abierta la posibilidad que el Ejército y las FFAA siempre puedan intervenir a discreción si consideran que el diálogo polémico en una democracia no conjura la amenaza de una crisis mayor. Eso es grave y tampoco muestra evidencia de compromiso real e inquebrantable con garantías de no repetición de quiebre institucional de la democracia, violaciones a los DDHH y terrorismo de Estado.

La democracia no es perfecta, jamás lo será alguna construcción humana, pues por extensión, es falible pero también perfectible. La democracia no es el mejor modelo de expresión política y, sinceramente, espero que en el futuro podamos avanzar a un modelo mejor. Sin embargo, es la herramienta que tenemos hoy para resolver de manera pacífica y civilizada las diferencias políticas, desde las más fundamentales hasta las más mundanas, porque es en su seno donde nos reunimos con ocasión de todos y por todos (el “inter hommines ese” de Arendt) en torno a la palabra debatida, al diálogo polémico como diría Chantal Mouffe, para la resolución no de las diferencias, sino en base a las diferencias la disolución del conflicto ideológico en un momento y una materia determinada en virtud de bienestar general del pueblo, de la ciudad, del país.

Es hora de que todos los agentes y actores políticos, de ayer y hoy, asuman sus responsabilidades políticas (heredadas o no) en torno al golpe de Estado y sus consecuencias, pedir perdón, hablar con la verdad, reparar material y moralmente y prometer solemnemente “nunca más” como garantía de no repetición. Eso es todo, amigos, compatriotas.

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[1] Según lo manifiesta el historiador y académico Gonzalo Peralta, en su columna habitual del programa “Stock Disponible” del canal Vía X emitido el 22 de agosto de 2023 (min.39:00 y ss).

[2] Estas cifras son según lo informado por el portal del Ministerio de Justicia, visto y rescatado el 05-09-2023 en https://pdh.minjusticia.gob.cl/memoria/#:~:text=De%20acuerdo%20a%20las%20distintas,de%20prisi%C3%B3n%20pol%C3%ADtica%20y%20tortura.