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Apología al golpe de Estado

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El pasado lunes 16 de enero se publicó en la sección “Política” del diario “La Tercera” la entrevista al presidente de la Fundación Jaime Guzmán Jorge Jaraquemada donde realiza, nuevamente, una apología al golpe de Estado de 11 de septiembre de 1973 y la posterior dictadura cívico-militar encabezada por el general Augusto Pinochet, motivado por que este 2023 se conmemora el quincuagésimo aniversario de la acción militar que derrocó al gobierno de la Unidad Popular y a su líder, el expresidente Salvador Allende.


Jaraquemada insiste en la contextualización para, de ese modo, no hacerse cargo (como sector político) de la responsabilidad que le cabe a la derecha y deslindar las responsabilidades políticas, civiles y criminales de los actores que desencadenaron el golpe de Estado

No es una sorpresa la búsqueda de radicar la “culpa” del golpe de Estado, y el posterior terrorismo de Estado que supuso la dictadura, en los adversarios justificándolo con el contexto político, social y económico de la época, del mismo que un varón que violenta a su pareja justifica su actuar culpando a la víctima de “provocar” su ira y las agresiones posteriores. En ese sentido se comprende esta reivindicación a la “obra” del “gobierno militar”, eufemismo con el que buscan naturalizar el negro período de nuestra reciente historia republicana.

Jaraquemada plantea, desde su particular perspectiva, que se deben evitar las situaciones que llevaron al golpe de Estado, y exhorta al actual Gobierno a que se pronuncie respecto a lo que “fue la UP entre el 70 y el 73” (SIC). Asimismo, el líder de la Fundación Jaime Guzmán reitera el contumaz argumento que la acción militar contra el gobierno legítimamente constituido de Salvador Allende había caído en la ilegitimidad, invocando el acuerdo de la Cámara de diputados del 22 de agosto de 1973, en el que se representa a las autoridades del ejecutivo; particularmente a los ministros militares y al presidente mismo, el que según el documento era el “grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República” (SIC).

Este antecedente jurídico y político, poco revisado y discutido, fue analizado por los abogados Ramón Briones y Hernán Bosselin en agosto de 2013, donde critican el acuerdo catalogándolo como el acto que permite desarrollar el argumento que justifica tanto el golpe de Estado contra Allende y su gobierno como los posteriores horrorosos crímenes de lesa humanidad cometidos, pues el documento emplaza a las autoridades castrenses en el Gobierno de la UP a actuar contra la misma Constitución y la leyes al solicitarles que procedieran a restablecer el Orden Jurídico que, según el acuerdo, había sido quebrantado por el gobierno de la UP, implicando con ello una inducción directa a realizar una especie de “golpe blanco”, según Briones y Bosselin.

Otro aspecto que critican los juristas en su análisis al acuerdo político que invocan Jaraquemada y su sector, es la evidente falta de armonía entre el breve debate desarrollado en torno al asunto y el documento mismo del acuerdo. En tal sentido, los abogados sostienen que los legisladores que intervinieron en el debate lo hicieron abordando el contenido y la forma de la materia objeto de la discusión en forma general y no en un examen de fondo, a excepción del diputado Jorge Insunza, quien oponiéndose al acuerdo, fue el único que es registrado en el acta de la sesión 32° captando el sentido y orientación, y quien sostuvo: “estamos en presencia de una agudización extrema de la embestida de los sectores que pretenden en nuestra patria, desencadenar un golpe de Estado”.

Finalmente, en su análisis a posteriori de este acuerdo político de la Cámara baja en agosto de 1973, Briones y Bosselin sostienen que el documento aprobado no necesariamente fue desarrollado y redactado por miembros de la corporación, sino por conspicuos personajes tanto del Partido Nacional como del Partido Demócrata Cristiano (ambos de oposición al gobierno popular de Allende), lo que explica el tenor final del texto del acuerdo en comento, y que a juicio de los juristas sin duda alguna es el inicio del quiebre definitivo de toda la institucionalidad política de la República y el consecuente colapso moral, debido a que se ocultó detrás de la una pretendida defensa del Ordenamiento Jurídico un golpe blanco al gobierno, y abrió las puertas a la justificación de los horrores perpetrados por el terrorismo de Estado que se desató durante la dictadura cívico-militar entre 1973 y 1990.

Jaraquemada insiste en la contextualización para, de ese modo, no hacerse cargo (como sector político) de la responsabilidad que le cabe a la derecha y deslindar las responsabilidades políticas, civiles y criminales de los actores que desencadenaron el golpe de Estado en sus adversarios. Insisten en el hecho que la polarización fue generada únicamente por la UP, y que hoy la izquierda busca desconocer, borrar o reescribir la historia, como insistentemente han alentado desde el sector político al que pertenece Jaraquemada, pero que se desentienden de las abrumadoras evidencias de los delitos y crímenes cometidos en nombre de la dictadura, y que han sido puestos a la luz de la opinión pública.

Asimismo, Jaraquemada argumenta que la situación de polarización política es responsabilidad unilateral de la izquierda, e incluso hace el paralelo de lo ocurrido con la fallida propuesta constitucional de la Convención, dejando entre ver que solo sus adversarios provocan o radicalizan el discurso político y el debate, cuando tanto antes, durante y después del gobierno de la UP hubo destacados personajes de la derecha que incendiaron los debates con el mismo vigor que varios de sus contendores de izquierda, fundamentalmente en lo ambos extremos del espectro político. Lo que sigue desconociendo Jaraquemada y su sector son los extensos documentos donde se evidencia que grandes grupos económicos nacionales conspiraron en conjunto con una potencia extranjera para generar un clima de confrontación para, de ese modo, presionar a las Fuerzas Armadas a intervenir violentamente para derrocar a Allende, como se observa; entre otras evidencias, en los documentos desclasificados por el Senado de los Estados Unidos, país cuyo gobierno financió a los conspiradores.

Sin perjuicio del hecho que es necesario y justo un reconocimiento profundo y serio de los errores políticos, tácticos y estratégicos que se cometieron tanto por el presidente Allende, su gobierno y las fuerzas políticas que apoyaron a la UP, tanto dentro como fuera del pacto, no se le puede achacar todo a este sector, e invito tanto a Jaraquemada como a todo su sector, a terminar con la necesidad de buscar justificar el golpe de 1973 en el contexto, porque no procede, no hay manera de justificar un quiebre tan doloroso, en el que hubo una conspiración con una potencia extranjera, lo que es a las claras ni más ni menos que sedición y traición a la Patria.

Por último, se debe destacar que, a pesar del destacable avance de reconocer que la violación a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad deben ser siempre condenados, Jaraquemada y su gente deben comprender mejor los conceptos de democracia deliberativa y legitimidad política, pues requieren abandonar las pulsiones autoritarias y las consecuentes necesidades de comportamientos hipócritas como recursos resolutivos o de cierre forzoso tanto a los debates pendientes como de las profundas heridas que dejan las conflagraciones o los enfrentamientos soterrados o de baja intensidad pero que generan traumas que son muy difíciles de superar si no se encaran con justicia, verdad y reparación.

“La verdad, os hará libres” reza un aforismo cristiano. Esa “verdad” puede ser escrita por los vencedores o ser acordada, convenida, por la comunidad política y así construir un nuevo pacto o acuerdo en su seno. Esa es la manera en que se erige una República, donde todas sus partes asumen sus responsabilidades y entregan su soberanía para constituir el espacio común llamado Estado, organizado para la protección y la promoción de todas sus partes. Eso es lo que, al parecer, no quieren reconocer en la Fundación Jaime Guzmán y en el corazón de esa derecha nostálgica de la dictadura cívico-militar.

TAGS: #GolpeDeEstado

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