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Frente a este estallido social inesperado, surge la pregunta sobre si ¿hubo algún atisbo o señal que el Gobierno pudo observar? Pues sí, hubo varios avisos. Desde las movilizaciones masivas de 2006 (revolución pingüina), pasando por las de 2011 y 2012 (gas en Aysén y Magallanes, Freirina y los cerdos, Calama y fondos del cobre, etc.) y luego con la articulación de una parte de la sociedad civil en movimientos que buscan una reforma a los sistemas de pensión y de seguridad en salud, con una perspectiva y exigencia de reconocer, respetar y promover los principios de la seguridad social en dichas áreas.
¿Hubo acciones preventivas y/o correctivas durante las anteriores manifestaciones? No. Al menos no para la solución al problema basal: La desigualdad social.
Una de las causas basales de esta desigualdad social son la desprotección política, financiera y jurisdiccional de derechos como la salud, educación, vivienda, trabajo, etc.
Explicación temporal del estallido social de octubre de 2019.
La “revolución pingüina” inaugura la serie de manifestaciones de la ciudadanía, en aquel entonces los ministros del interior con el de educación salieron del gabinete, entre otras causas, por su incapacidad para prever y controlar las extendidas manifestaciones de los estudiantes secundarios. Esa fue una de las medidas políticas tomadas por la presidencia de la República, sin perjuicio de otras tantas de orden económico, que fueron más analgésicos que de modificación estructural.
En 2011 y 2012, las movilizaciones locales (Aysén, Freirina o Calama), y las de los estudiantes (secundarios y universitarios) se pueden observar los mismos errores que en esta oportunidad: ninguneo hacia los manifestantes, criminalización de protestas, negación a dialogar y reprimir marchas.
¿Cuáles fueron las medidas y/o resultados?
Principalmente, Piñera responde a demandas con la propuesta del GANE (Gran Acuerdo Nacional por la Educación) y FE (Fondo por la educación) de US$ 4,000 MM. Ninguna de las medidas tuvo una concreción en el tiempo.
Durante el cuatrienio de Bachelet 2 (2014-2018), las manifestaciones se vieron alimentadas por los escándalos de corrupción y financiamiento ilegal de la política. Debido a estos escándalos Bachelet, ejerciendo la mayoría obtenida en el Congreso, aprobó y sancionó leyes como la de financiamiento de los partidos políticos y el fin del sistema binominal.
Durante esta gestión las movilizaciones fueron conjuradas por acciones tendientes a satisfacer las demandas sociales del momento, pero no atacaron; nuevamente, el problema basal o fundamental en Chile: La desigualdad social.
Segundo gobierno de Piñera:
Piñera y su gabinete se excusaron por el bajo desempeño durante 2019 de la economía (debido a la guerra comercial entre EEUU y China, según ellos), lidiaban con denuncias de defraude contra oficiales de Carabineros y excomandantes en jefe del Ejército, y asesinatos a comuneros mapuche y dirigentes sociales. A todo lo anterior, agréguense las declaraciones del ministro de economía y de la ministra de transportes.
La ciudadanía en Chile tiene la oportunidad de retomar el control de su destino, y no que la voluntad del 1 % más rico del país se imponga
Todo lo anterior conduce a la indignación de la población, la que se tomó las calles luego que el presidente de la República decidiera decretar Estado de emergencia.
En consecuencia, la reflexión obliga a cuestionar:
¿Era recomendable escalar el conflicto a un Estado de excepción constitucional, con represión y militares en la calle sin transitar por algún intermedio?
Para nada. Especialmente cuando no hay una orgánica detrás. Cuando la movilización es espontánea y sin conducción visible. Hace que el diálogo y las potenciales soluciones sean muy complejas y de largo aliento, que requiera de la participación de varios actores. Por tanto, una intervención militar para la restauración del orden, bajo el contexto histórico de Chile, fue ponerle más leña al fuego.
¿Qué se viene ahora?
La exigencia primigenia fue la renuncia del presidente de la República. No obstante, con el devenir de los días esa idea ha ido perdiendo impulso, y otras demandas se comienzan a levantar.
El anhelo de cambios estructurales es la demanda mayormente compartida. Al 25 de octubre, ya se habla entre los manifestantes de la necesidad de organizar y autoconvocar cabildos.
Considerando el gran número de demandas que se le avecinan al Gobierno, es altamente probable que la Sociedad Civil presione por la instalación de una asamblea constituyente donde se abra el debate respecto a qué tipo de Estado se aspira.
A modo de conclusión, se debe señalar que la ciudadanía en Chile tiene la oportunidad de retomar el control de su destino, y no que la voluntad del 1 % más rico del país se imponga. Los ciudadanos tenemos el desafío y la gran tarea de construir nuestra institucionalidad como personas libres.
Viva Chile y sus estudiantes.
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