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El Estado, la Constitución y la ciudadanía según algunos

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En los últimos meses, el acontecer en Chile nos ha puesto, como sociedad, en contacto con frases como “el Estado debe” o “el Estado no es solución”, así como “la Constitución no se toca” o “la Constitución política es la ley fundante y debe ser elaborada por todos”, también algunas frases sobre lo que es la ciudadanía, su “ser” y su “deber ser”. Son los efectos del levantamiento de octubre de 2019 y la pandemia del Covid-19.

Estos recientes acontecimientos han impulsado el debate sobre la necesidad de refundar el sistema político, para que de una vez en toda la historia de la República, se discuta abiertamente una carta magna en la que se establezcan mínimos de dignidad a toda la población, se termine con el abuso del mismo sector social, de las ventajosas cláusulas incrustadas en el corazón de la institucionalidad del país, dejando en la desprotección al grueso de la población, la que es responsable de la producción pero que no puede acceder a medicina oportuna, universal y calidad; no pueden acceder a los colegios desde donde las universidades prestigiosas seleccionan a sus alumnos, asegurando con ello redes socio-económicas (y políticas) al que solo accede un porcentaje bajo de la población.


La falta de compresión y procesamiento de las demandas generales ya no son suficientemente satisfechas por parte de las autoridades porque estas se quedaron en un momento histórico que le favoreció por mucho tiempo

El proceso constituyente, inaugurado en las postrimerías de Bachelet II, suspendido a penas asumido Piñera II y que en octubre de 2019 resurge como base del acuerdo firmado por el Congreso Nacional en noviembre de ese año para llamar a plebiscito de entrada a una consulta respecto a si se desea redactar una nueva Constitución; o no, y; por otra parte, a si debe ser redactada esta nueva ley fundamental a través de dos alternativas:

  1. Con parte de los miembros del Congreso (altamente deslegitimados) y con candidatos ciudadanos, o
  2. a través de una convención (asamblea) constituyente con la totalidad de miembros electos directamente por la ciudadanía.

Esto es el debate que se viene luego de ver cómo se derrumbó el segundo gobierno de Sebastián Piñera (un final muy similar al de Bachelet II, “curiosamente”) tras  la aprobación y promulgación del proyecto de ley que habilita el retiro, de forma excepcional, del 10 % de los fondos previsionales acumulados a la fecha y, muy a pesar del presidente, que solo se limitó a informar, mediante comunicado de prensa, que había sido promulgado y enviado al trámite de toma de razón a la Contraloría General de la República.

Para un sector de la sociedad, sea en el ámbito que fuere (académico, político, económico, social, etc.), la posibilidad de transformar la institucionalidad fundamental de la República trastornará el desenvolvimiento de las relaciones humanas hasta ahora ordenadas bajo una estructura normativa heredada del gobierno de la dictadura cívico-militar, administrada y reformada por los gobiernos de la Concertación de partidos por la democracia y las sucesiones de Bachelet y Piñera de la última década, y que no representa el problema fundamental o en la base del descontento social. Para ese sector político, económico y social, la lectura del descontento social desbordado el pasado 18 de octubre de 2019, considera que se debió a la falta de actitud de las autoridades políticas para frenar la irresponsabilidad de los llamados populistas que, desde el Congreso, buscaron (y tuvieron éxito) desestabilizar al gobierno mediante el impulso y aprobación de proyectos de ley inconstitucionales y no el actual Estado de derecho subsidiario y la desprotección de este a la ciudadanía ante eventos catastróficos.

Al interior de ese sector el modelo es incuestionable. El Estado subsidiario[1] o de derecho funciona perfectamente para este grupo, y no hay necesidad de una transformación mayor que solo unas mejoras focalizadas para casos específicos, pero manteniendo la estructura normativa que ha facilitado la concentración económica en los mercados nacionales, así como la cooptación de cuotas de poder político por parte de un sector de la sociedad con alto poder económico. Asimismo, para ese sector los abusos son parte de una excepción del modelo, pero no se hacen cargo que la falacia les campea en su sector porque tienen la capacidad de emplear a profesionales para ocultar y distraer del Fisco sus bienes y así, lo que ahorro por aquí lo transfiero a la cooptación de actores políticos relevantes (caso ley de pesca o “ley Longueira”.

Es ese sector social que, en aras de la libertad, considera que sus “colaboradores”[2] idealmente no deben organizarse, menos en sindicatos, pues estas instituciones solo perturban y bloquean la libre iniciativa y la libertad de contratación[3], en definitiva, estancan el proceso productivo que el empeño individual pretende impulsar.

Esa porción de la sociedad ha demostrado no tener comprensión y menos empatía con el resto de la población siendo gobierno, principalmente porque se acomodaron demasiado tiempo (30 años, dos generaciones, toda una vida laboral, etc.) en un modelo de desarrollo que no solo depreda los recursos naturales, sino que a su propia población[4], mediante la venta de servicios sociales como la seguridad social, la salud o la educación. Un sector social que históricamente se ha mostrado rentista y no creadora, precisamente, de bienes durables o con valor agregado, porque es demasiado aversa al riesgo y está muy cómoda como están las cosas, donde por ley se les garantizan márgenes de ganancias obscenas, pero sin mayor valor agregado que la venta del servicio.

Hace muy poco, el lunes 27 de julio, la bancada de diputados de uno de los partidos que buscan representar los intereses de este sector, propusieron una agenda para unir al bloque político que sustenta al gobierno en el Congreso Nacional, donde se presentan soluciones basadas en las recetas de la década de 1990 de mayor privatización, profundizar el desmantelamiento del Estado y precarizar aún más (recortes pro eficiencia) los servicios y prestaciones en materia de seguridad social.

Son estos fenómenos de presión social sobre los órganos y autoridades del Estado, de los diversos sectores o grupos sociales y cómo, aquel grupo dominante, se desenvuelve para mantenerse en el poder, los que motivan revisar los conceptos de Estado, constitución política y ciudadanía y la relación al enfoque teórico-político de dicho sector social dominante.

Para ese sector dominante, la ciudadanía, comprendida desde la perspectiva del ejercicio pleno en democracia al derecho a disentir y a organizarse para participar en las decisiones del gobierno y en el desarrollo de las leyes, como lo planteado por Robert Dahl[5] (1997, 1999) en su idea de “poliarquía”, es un problema. Su ideario de ciudadano es el planteado teóricamente por Friedrich Von Hayek, quien plantea una concepción radicalmente economicista, donde las relaciones humanas se dan y son para el mercado, al extremo de considerar que dado lo anterior es que la vida humana carece de valor en sí misma y que solo el mercado le entrega esa cualidad (Vergara, 2005:5).

Por tanto, para este grupo dominante de la sociedad su idea de Estado de derecho, su idea de ciudadano y, por ende, su idea de ley fundamental es básicamente economicista. No conciben que las personas son valiosas per se y no por cualidades que una entelequia como el mercado pueda entregarle. Y es ahí donde radica la querella fundamental entre este sector de la sociedad, que es reducido, pero con una alta concentración de poder político (son gobierno) y económico (son los dueños de todo el capital) y el resto de los ciudadanos, que forman parte del resto de la población y que es la mayoría excluida de los beneficios que el desarrollo económico brinda solo a quienes pueden pagar por ellos.

Es ahí donde se produce el quiebre, el punto de inflexión, para la aparición de posiciones mucho más radicalizadas, pues este sector social que domina el poder político y económico con sus acciones, decisiones y discursos oficiales se plantea en las antípodas de las necesidades que el grueso de los ciudadanos del país demandan:

  • Un Estado verdaderamente funcional al interés general y público, con capacidad de proteger a través de un sistema de seguridad social que en efecto garantice la seguridad médica, financiera y de ahorro previsional a los habitantes activos laboralmente;
  • Que los abusos de poder sean sancionados severamente por traicionar la fe pública, con la pérdida de todo el patrimonio mal habido, inclusive; la corrupción, con cárcel efectiva, inhabilitación perpetua para optar a cualquier cargo pagado por el Fisco; y que la responsabilidad política de las autoridades sea ejercida por órganos competentes del Estado y por la ciudadanía indistintamente; y
  • En general, una distribución más balanceada de los beneficios del desarrollo de la actividad económica, con posibilidad cierta que al desarrollar una idea y arriesgar capital para llevarla a cabo no implique, necesariamente la ruina familiar, así como la consecución del fin a la tendencia a la precarización laboral con un mercado del trabajo regulado para terminar con las distorsiones que potencian los efectos de la acumulación por desposesión.[6]

Las actuales demandas sociales, económicas y políticas en Chile, no vienen planteándose desde octubre del año pasado, sino que se incubaron durante más de 30 años y fueron obviadas las consecuencias de ignorarlas.

Lo que se observa hoy, principalmente con la desconexión entre lo aclamado por las centenares de movilizaciones sociales durante esas décadas y lo considerado como ideal, correcto y deseable por parte del grupo dominante de nuestra Sociedad Civil, es que la falta de compresión y procesamiento de las demandas generales ya no son suficientemente satisfechas por parte de las autoridades porque estas se quedaron en un momento histórico que le favoreció por mucho tiempo, porque no existe una instituciones constitucionales fuertes o que puedan ejercerse, donde las garantías constitucionales prácticamente son impotentes si no se posee la capacidad económica para su ejercicio, es decir una falta de afianzamiento de la “garantía constitucional” (Villabella, 2010:52) en nuestro sistema normativo.

Finalmente, como corolario y a modo de conclusión, se hace necesario reflexionar en la necesidad de una renovación de las ideas. Los defensores de los intereses de este grupo social dominante que ha sido descrito en este documento, deben considerar seriamente que las ideas elaboradas por Von Hayek a mediados del siglo XX ya no son consideradas actualizadas o modernas, sino que han quedado obsoletas debido principalmente a los problemas que la concentración de poder político y adquisitivo han provocado tanto en las relaciones humanas como políticas en la Sociedad Civil chilena, lo que en parte explica la apatía y desafección políticas de los más jóvenes y las crisis de representatividad, primero, y de gobernabilidad, después, que ha generado el orden político y económico neoliberal.

[1] El enlace lleva a una columna anterior publicada en Elquintopoder, donde explico el origen teórico del concepto de Estado de derecho o subsidiario.

[2] Decirles trabajadores es darle un cariz marxista o socialista dentro del ideario social de este sector.

[3] Para profundizar en esas consideraciones, sugiero revisar la idea de “orden espontáneo” en el pensamiento de Von Hayek, así como consultar su libro “Sindicatos, ¿para qué?”, de Unión Editorial (2010).

[4] Los casos de una población convertida en zona de sacrificio como la de Caimanes se repite en todo el territorio de la República. Ni siquiera la Patagonia y sus recursos naturales únicos en el mundo son considerados por la minería de nada menos que carbón.

[5] El trabajo de Dahl respecto a la democracia como sistema político ideal a alcanzar para el desarrollo humano, debe cumplir con las características de lo que este autor denominó “poliarquía” para garantizar que el régimen y su gobierno son, en efecto, democráticos. Entre esas características está la posibilidad de disentir públicamente del gobierno, así como la posibilidad de organizarse y presentar candidaturas en las elecciones.

[6] Concepto acuñado por David Harvey, que básicamente plantea que bajo la lógica de la idea de “acumulación originaria” de Marx, las clases dominantes deben mantener el ciclo de producción ad-aeternum, pues la en la teoría neoliberal la producción y consumos infinitos son el motor del desarrollo económico. Sin embargo, alerta Harvey, la liberalización de la producción y consumo no trae; necesariamente, un estado de armonía, sino mayor acumulación y desigualdad, debido principalmente porque los más ricos aumentan su capacidad de concentración de capital excluyendo a quienes no pueden acceder o consumir bienes de capital, lo que desata una crisis por sobreacumulación provocando inestabilidad política, económica y social. (Harvey, 2005:111-115).

TAGS: #EstallidoSocial #NuevaConstitución #RolDelEstado Ciudadanía

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01 de agosto

El fundamento de las Constituciones es limitar el poder del Gobernante.
Cuando las Constituciones han querido normar a las personas, su comportamiento y como deben pensar, han aparecido fracasos como la Constitución moralista de Egaña (1823) y otros fracasos mundiales (Venezuela…). El querer imponer una forma de vida a las personas a través de la Constitución implica forzarlas (es decir usando la fuerza) a dejar su propia individualidad para someterla a un fin colectivo que alguien estructuró.
La Constitución del 80 , al revés, dejo mucha libertad para los individuos, por lo que no es difícil habituarse a ella como persona. Quienes más la resintieron eran los grupos de poder intermedios (partidos políticos, sindicatos, etc) que tenían un poder sobre los individuos que fue quebrado.
Saludos

01 de agosto

Hola Arturo. Bueno saber que está bien.

Respecto a su concepción de Constitución política, en efecto uno, de varios objetivos más, es la limitación del poder del Estado en general (no solo del Gobierno), así como también el establecimiento de categorías conceptuales consideradas condiciones fundamentales para la existencia y reproducción de la vida, así como reglas de interpretación de normas, de organización de servicios y qué sistema político es el A C O R D A D O por la ciudadanía, a través de mecanismos como una asamblea constituyente, por el órgano legislativo, por un cuerpo colegiado, o por imposición (dictadura), etc.

La ley fundamental del Estado está supeditada siempre, siempre, en su redacción al contexto en el que fue desarrollada y promulgada. Y como podrá observar, la crítica que usted hace a al actual carta magna, se encuentra sometida a los efectos del contexto en que fue redactada y enmendada.

Lo mismo ocurre hoy. No es excepcional que sea la ciudadanía la que se expresa mayoritariamente por la opción de redactar una Constitución política de forma democrática, como nunca ha sido redacta una ley fundamental en nuestra historia. Y quienes se oponen a ello, tiene la oportunidad de hacer y manifestarse, pero les guste o no, el proceso está abierto y encaminado. Si quiere influir en el proceso, sugiero organización y estudiar los argumentos para convencer al electorado.

Eso es la democracia, según Robert Dahl.

Saludos cordiales.
Atte.

FRC.-

01 de agosto

Como todo, don Fernando, es un asunto de tira y afloja.
Poner derechos sociales garantizados en un Constitución obliga al Estado a darlos, por sobre sus posibilidades reales. Entonces, en general, no logra cumplirlos, y al estar garantizados, permite que los ciudadanos demanden al Estado por incumplirlos. Dado eso, termina en una situación en que el poder judicial se ve atiborrado de demandas de gente buscando….su interés.
Por lo tanto las Constituciones que se llenan de derechos, terminan invalidando al Estado.
Por lo mismo, la real forma de llevar avances sociales a traves de leyes, financiadas, que permiten que esos «derechos» se puedan cumplir. Y, por lo mismo, si vienen crisis como la actual, puedan ser relajados o suspendidos por necesidad. Es mas honesto
Saludos

01 de agosto

¿Es más honesto? ¿En serio?

¿En qué es más honesto su sistema de «libertad» y otro en el que la ciudadanía tenga habilitación para promover normas, particularmente en transparencia y gobernanza. La fiscalización ciudadana debe ser activa bajo un modelo de desarrollo con fuerte intervención estatal.

Entonces, ¿qué es lo honesto de su modelo? Donde no debe existir sino orden para producir. ¿Qué parte es la honesta? Tú no decides, nosotros lo hacemos por ti (?) o gracias por denunciar a los delincuentes de cuello blanco y corbata y mantener el sistema funcionando (?).

Saludos

01 de agosto

Nuevamente, como hemos discutido en otros lados, hay un tema que es curiosísimo: por alguna razón, usted y otros que gustan del estatismo, denostan a las personas cuando actúan individualmente, pero por alguna razón mágica se transforman en santos cuando actúan en conjunto con el Estado como espada. Es pésimo dejar a las personas actuar libremente, como que estuvieran cargadas de maldad por lo que hay que restringirlas; pero cuando es el Estado, dirigido por esas mismas personas, el que actúa, todo será paraíso, las personas no tendrán egoísmo, pensarán siempre en el otro, y como resultado, harán leyes y normas que serán increíbles para todos.
Si me disculpa, es precisamente esa fé en que el Estado es una suerte de manto de bondad que convierte a los malditos egoístas individuales en santos generosos lo que mas desconfianza me genera de propuestas asambleístas como las que usted adhiere.
Saludos

01 de agosto

Arturo.

Usted plantea que quienes no consideramos al mercado como la mejor herramienta de distribución y prestación de servicios sociales denostamos a quienes buscan desarrollar una actividad productiva individualmente. Eso no es así, y está muy alejada de la realidad.

Si se plantea más Estado y menos mercado es precisamente porque en la fórmula contraria tenemos personas excluidas de los beneficios que su modelo económico propicia. Y usted retruca que son esas mismas personas las que operan y actúan a nombre del Estado. Bueno, en un modelo de desarrollo de bienestar, como la educación es una garantía para todas las personas en edad escolar, quienes lleguen a los cargos directivos tienden a manifestar una idea de mundo muy diferente a quienes se socializaron bajo un sistema de educación subsidiada, es cosa de medir las respuestas de un escolar uruguayo vs uno chileno. Le sorprendería la diferencia.

Las garantías de bienestar moral y físico fueron la clave del desarrollo industrial en todo el mundo. El liberalismo y el neoliberalismo solo han provocado pobreza, precariedad, abuso y desigualdad, y de eso no se hace cargo su modelo fracasado.

Saludos.

J.A.

02 de agosto

Pienso que esto esta resuelto, primero es una utopía pensar que el pueblo participara en el diseño de una nueva constitución, no es así y nunca lo será, serán las elites y luego unos oscuros manejos para legitimizar. Ahora, esas elites no se dividen en aquellas que gustan del mercado y los estatistas como se señala, sino en grupos ideológicos que van desde aquellos que desean la libertad total, el libertinaje individual, hasta aquellos que sueñan con un súper estado tipo Corea del Norte, la negación de la libertad del individuo. Es un abanico bastante amplio, pero se ve que la elite educada que busca impulsar el colectivismo y que se acerca en dirección a la negación de la libertad individual crece con más fuerza, en parte por la influencia que ejerce la intelectualidad de izquierda en las universidades, que es intensa, pero además por la influencia que ejercen los organismos internacionales capturados por el mismo sector. Parece entonces que no hay escapatoria, nuestra nueva constitución será diseñada por ese sector o no será.

04 de agosto

Hola J.A. ¿Cómo ha estado?

¿Sobre qué base considera ud que la ciudadanía no está participará en la redacción de una nueva Constitución? Porque de partida le digo que hubo reuniones, cabildos autoconvocados en las comunas y que luego la información se sistematizó en cabildos regionales cuyo informe es la base de propuesta al proyecto de reforma constitucional que Bachelet envió al Congreso y es lo que se pactó en noviembre de 2019.

Si está tan seguro que los marxistas-leninistas van a redactar la nueva Constitución, porqué no mejor buscar argumentos para negociar una ley fundamental que nos represente a todos y verdaderamente nos una.
La población, ciudadanía o pueblo, como quiera decirle, está más que preparada para conducir su camino, ya se demostró el 19 de octubre y todos los viernes antes de la pandemia.

Lo invito a debatir una nueva Constitución.

Saludos.

Atte.,

FRC.-

J.A.

05 de agosto

Estimado, Ud. mejor que nadie comprende que una constitución es algo complejo, para entender esos constructos, ( que son en esencia ideológicos y es lo que se critica a la actual -la ideología de la dictadura) , se requieren “constitucionalistas” , en oposición, una parte importante de nuestro pueblo no entiende lo que lee, https://radio.uchile.cl/2011/12/14/ revela que un 84% de los chilenos no entiende lo que lee, ¿no le parece trágico?. Nuestro pueblo esta sujeto a la manipulación. Estuve en dos cabildos con mi hijo mayor, nos retiramos antes, todo estaba planeado, pauteado y sobre un diagnóstico sacado de la manga, además, después de un intercambio inicial de ideas el asunto se fue alterando. Finalmente, no sé de donde obtuvo lo de marxistas leninistas, creo que se lo imaginó. Lo que estimo es que hoy por hoy hay un sector dominante en todos estos asuntos, dicho de otra forma, tienen más recursos humanos preparados, eso es todo.

06 de agosto

Si su experiencia en los cabildos autoconvocados no fueron lo mejor, no necesariamente significa que los demás también lo hayan sido para participantes que coincidan con su diagnóstico.

No estoy de acuerdo con que la ciudadanía no sepa o no está preparada. Sí lo está. ¿Cómo sabemos que una sociedad civil está preparada para el debate político? Cuando conscientemente le disputa el poder a las instituciones y a la autoridad, cuando esta no es competente o dejan de transmitir las necesidades de la población. Eso es lo que vemos desde hace mucho tiempo, pero que hubo que sufrir una revuelta para que quienes menosprecian a la ciudadanía recordaran sobre quienes reposa la soberanía.

Insisto, organícese, desarrolle argumentos y así pueda a ayudar a la riqueza de nuestra ley fundamental.

Atte,

FRC.-

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