AVP y las dos almas de la derecha

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Precisamente, hacer leyes para ampliar el acceso a los derechos fundamentales —para soltar las amarras de la discriminación, que hoy no es sólo personal y cotidiana, sino estructural e institucional— es que se hace necesario que el Estado “intervenga”.

Claudio Alvarado, investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES Chile), a través de una columna publicada en El Mostrador, considera doblemente contradictorio que personas de derecha apoyen el proyecto de ley que establece el llamado “Acuerdo de Vida en Pareja” (AVP).
La primera contradicción se basaría en querer, al mismo tiempo, alejar y acercar al AVP del matrimonio, por ejemplo, al plantear la necesidad de que dicho contrato sea reconocido como una institución del derecho de familia. Lo que subyace en su planteamiento es una reducción de la familia al matrimonio (heterosexual). En base a lo que podría llamarse “irrealismo dogmático” (expresión de Frei Montalva para referirse a la UP), su argumento niega la existencia de muchas otras formas familias, distintas a las matrimoniales. Si las miles de madres solteras que viven con sus hijos y el millón de parejas que conviven en nuestro país no son familia, ¿qué son, entonces?

En este sentido, es falsa la disyuntiva entre matrimonio igualitario y AVP, ya que de lo que se trata es reconocer diversos tipos de familia y no solo uno.

La segunda contradicción que señala Alvarado pareciera ser más de fondo: que el AVP sería contrario al principio liberal que apuntaría “a acotar el ámbito de acción del Estado y fortalecer a la sociedad civil”. Frente a esta objeción, cabe preguntarse: ¿quién dijo que ser liberal implique no dictar leyes a favor de grupos históricamente discriminados? ¿En base a qué puede sostenerse que la inclusión de estos grupos debe ser patrimonio de la izquierda y del socialismo?

Lo cierto es que a través del AVP, la “intervención estatal” apunta precisamente a reconocer la diversidad humana como un bien, como algo deseable para la sociedad, sobre todo para una que tiene como estándar el respeto a la democracia, de la cual se derivan determinados principios éticos, y a los derechos humanos, como facultades universales y no restringidas a un grupo de privilegiados. Precisamente, hacer leyes para ampliar el acceso a los derechos fundamentales —para soltar las amarras de la discriminación, que hoy no es sólo personal y cotidiana, sino estructural e institucional— es que se hace necesario que el Estado “intervenga”. No para someter a las personas a su imperio, sino justamente al revés: para que tengan mayores espacios de libertad, para que cada uno sea como quiere ser y que esto no dependa de autoridades superiores, como pueden ser las iglesias o el Estado.

Las contradicciones (en mi concepto, falaces) que señala Alvarado ponen el tapete las dos almas que todavía conviven en la derecha chilena. Una conservadora, que reduce la libertad al plano básicamente económico, y que busca tutelar desde el Estado una moral maximalista. Y una liberal que, más que imponer desde el Estado un modo “bueno” de vida, busca ampliar los espacios de libertad del ser humano, mucho más allá del ámbito meramente económico. Sería mucho más honesto reconocer estas dos almas como versiones posibles de nuestra derecha y no intentar reducirla a una sola de ellas.

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