Esta semana ha surgido una controversia respecto a que distintos emprendimientos han ofertado “preuniversitarios” para infantes de tres años pensando en los exámenes de admisión que deben dar los postulantes a los colegios de elite de la capital.
Estos exámenes han generado rechazo en un sector de la población, ya que exponen a criaturas a una presión que no se condice con su edad y que, además, se compone de pruebas y desafíos que muchas veces no son propios para su desarrollo intelectual, físico y emocional. Esta práctica no es nueva, hace ya siete años el Jardín Infantil donde iba mi hija nos pidió a mí y a mi pareja que la ayudáramos a realizar una serie de tareas basadas en libros de texto de kinder y prekinder, como una especie de apresto ante los exámenes de postulación de colegios particulares pagados de gran prestigio. Nosotros explicamos que no estábamos dispuestos a someter a nuestra hija a ese tipo de presiones y el jardín, respetuosamente, mantuvo a Amanda al margen de tales actividades.
Recuerdo esta anécdota porque demuestra un hecho que a veces se nos olvida a quienes nos interesa la educación: son los padres quienes voluntariamente someten a sus hijos a esas pruebas, es decir, es un sector de la sociedad, al parecer mayoritario, el que está dispuesto a que sus hijos postulen a esos colegios vía exámenes de admisión. Tanto la Constitución (cuya legitimidad de origen es más que cuestionable) como desde la tradición liberal (John Locke para empezar) reconocen en los padres las decisiones relativas a sus hijos, por ende, a mi juicio, no hay razones de orden doctrinario político ni de orden legal para si quiera cuestionar esta práctica.Es necesario avanzar hacia la más completa descentralización de planes y programas y del currículum. Son los Profesores los que debiesen elaborar y modificar (adaptar en el tiempo) los proyectos educativos de los Colegios, siempre resguardando el marco mínimo de convivencia y respeto a la diversidad dentro de una sociedad.
Deberemos, pues, reconocer que la educación es una actividad del ámbito social, no del ámbito político. Debiésemos entonces entender que el Colegio y la familia comparten ciertas premisas respecto de cual debiese ser la formación de sus hijos y que esas premisas se traducirían en un compromiso para ambas partes. El colegio debe ser coherente con tales premisas y los padres deberán aceptar, e incluso hacerse parte de, las decisiones que el colegio tome en tal sentido. Lo anterior se acerca a lo que hoy se llama “Proyecto Educativo” y en algunos casos está ligada con la pertenencia a una religión (colegios confesionales), colonias (Instituto Hebreo, Santiago College, etc) o una historia y prestigio como los liceos emblemáticos.
En este marco, es lógico que los colegios agreguen a los requisitos de admisión los de carácter personal, que los colegios católicos no acepten hijos de divorciados, es lógico y legítimo, ya que responden a un reflejo de la diversidad de nuestra sociedad, en este caso un sector conservador.
Sin embargo, surge el problema de la educación pública ¿Quién establece el proyecto educativo de un liceo municipal? ¿Su historia? En el caso de los liceos podría ser el municipio, pero este, salvo el caso de Providencia en la administración Errázuriz y probablemente otras experiencias más, generalmente actúa en función del logro individual, el puntaje en pruebas PSU y SIMCE. Ñuñoa y la escalofriante experiencia del liceo Augusto D´Halmar dan prueba que si el alcalde tiene recursos se gastará en la eficiencia educativa y no en un proyecto educativo. Las comunas sin recursos, por otro lado, se estructuran para una mera sobrevivencia y entregar alguna oportunidad a sus estudiantes se reduce a una calificación laboral.
En el caso de los colegios Particulares subvencionados se establece el mismo criterio de eficiencia detrás del alcalde de Ñuñoa o Santiago, buena educación se reduce a un buen puntaje. A menudo existen fundaciones o sostenedores con directrices pedagógicas que convocan a un sector de la sociedad en particular, ya que promueven un perfil de estudiante y de futuro hombre o mujer que resulta coherente con sus propias convicciones morales, religiosas e, incluso, ético-políticas. Sin embargo, la gran mayoría de los establecimientos que tenían copago, basan su quehacer en resultados académicos individuales.
Alguien podría decir que si la eficiencia del rendimiento individual es la premisa de la mayoría de los colegios en Chile, entonces quiere decir que eso es lo que la sociedad chilena quiere para sus hijos y, por lo tanto, no hay mucho más que hacer que aumentar la competencia, como se ha planteado en variadas ocasiones desde el Ministerio de Educación de esta administración.
Sin embargo, frente a la contundencia de esta premisa podemos plantear los siguientes reparos:
En primer lugar, pensar que todo el mundo quiere lo mismo para sus hijos es un reduccionismo que pocas veces responde a la realidad. Hace unos años se establecía que el principal criterio a la hora de elegir colegios era su ubicación, pensando en los tacos matutinos.
En segundo lugar, colegios alternativos han aumentado su matrícula a través de los años, estos al no tener aporte estatal son de acceso restringido para la mayoría de la población. Sin embargo, cada vez más sectores de la sociedad han comenzado a renegar de la educación basada en resultados medibles para poder competir, lo que nos lleva a que…
… en tercer lugar, la educación basada en resultados está haciendo crisis. Cada vez son más los alumnos que calculan el porcentaje mínimo de asistencia para ser promovidos con el objetivo de faltar la mayor cantidad de veces posible. Largas tomas y paros reflejan el escaso interés de los alumnos por estar en clases. Al mismo tiempo, la ingesta de pastillas para adormilar y enfocar a los alumnos en sus primeros años de enseñanza básica, se transforma en práctica habitual para que los niños aprendan.
En cuarto lugar, la sociedad es, a lo menos cínica, respecto de su real interés por que sus hijos obtengan resultados destacados en sus pruebas. La cantidad de horas de estudio en casa a disminuido al nivel de que hoy está virtualmente prohibido mandar tareas (una forma elegante de los padres por desembarazarse de la instrucción que ellos mismos exigen de los maestros), el uso del celular, costeado por los padres, mantiene a los alumnos en una distracción frente a la que el profesor poco puede hacer (quitar el celular puede terminar con carabineros interrogando a docentes e inspectores, lo sé de primera fuente).
Por último, la educación, aun cuando actividad del ámbito social, tiene dos implicancias políticas que son al menos desde la tradición liberal, claves. Los hijos del sistema educativo serán los futuros gobernantes de este país y, por otro lado, los hijos del sistema educativo serán los futuros gobernados.
Frente a tal escenario, creo que la respuesta está en dos conceptos que son antagónicos al menos en apariencia: educación pública y libertad de enseñanza.
Para poder lograr armonizar ambos conceptos es necesario fijar el análisis y la elaboración del sistema en el eje del sistema educativo; el profesor. Hoy el profesor es un personaje prácticamente intrascendente a la hora de hablar de educación. Siempre sospechoso por flojo o abusador, se le caracteriza con una mirada impávida y frustrada frente a la muchedumbre de alumnos hasta que se somete a las soluciones de manual del jefe de UTP, de la ATE e incluso de la pedagogía filantrópica de la sociedad civil. En resumidas cuentas es un ejecutor, un técnico, que no reflexiona sobre su quehacer (desde esa lógica se entiende el rechazo a los docentes en sus paros y demandas y la fundamentación de no dar espacios de reflexión colectiva durante las jornadas de trabajo en los Colegios).
Es indispensable empoderar al profesor, él es quien debe llevar encarnado en lo que dice y hace el proyecto educativo, y es en base a este que se debe propiciar el aprendizaje de los alumnos.
¿Cómo empoderar el Profesor? Es necesario avanzar hacia la más completa descentralización de planes y programas y del currículum. Son los Profesores los que debiesen elaborar y modificar (adaptar en el tiempo) los proyectos educativos de los Colegios, siempre resguardando el marco mínimo de convivencia y respeto a la diversidad dentro de una sociedad.
En este caso la acción del Estado debiese enfocarse en tres ejes.
En primer lugar, preocuparse de la formación de los profesores para que realmente puedan reflejar a la sociedad y educar a los niños en base a la diversidad presente en el país. La necesidad de intervenir en forma contundente Universidades e Institutos que imparten pedagogía es central. La elaboración de una malla curricular Única para todos los docentes del país es necesaria, pero esa malla debe surgir de la reflexión de todas las autoridades en el ámbito pedagógico que existan en el país, sin excluir a colectividades religiosas, pedagogías alternativas, representantes de la sociedad civil y por supuesto la Universidad, pero no desde la lógica plebiscitaria, sino desde la lógica del diálogo y el consenso.
En segundo lugar, aportar al financiamiento del sistema (que no excluye por ciertos los aportes voluntarios de la sociedad civil y las familias), lo anterior conlleva hacerse cargo de la administración del liceo de forma, aquí sí, eficiente desde el punto de vista económico pero priorizando las necesidades del proceso de aprendizaje.
Por último, hacer de todo colegio público un liceo experimental, debemos retroceder en el infame divorcio entre la universidad y la educación. Profesores en un eterno proceso de aprendizaje y reevaluación de sus prácticas bajo el marco de una universidad son la base de una educación al servicio de una sociedad dinámica.
Estos son los pasos necesarios para poder pensar, realmente, en la libertad de enseñanza y la educación pública.
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