Prepararse para el inicio de clases de escuelas y liceos implica un fuerte gasto en las familias en útiles, materiales, uniformes y, también, textos escolares. Tras el anuncio de distribución de los textos escolares para este año lectivo por parte de la expresidenta Bachelet a fines de febrero, se gatilló el tradicional desfile de quejas y recriminaciones, por parte de los apoderados a través de organizaciones de consumidores (CONADECUS), de los Colegios Particulares de Chile o el Colegio de Profesores, en torno a los “abusivos” costos de los textos en el mercado privado, la colusión entre editoriales y establecimientos educacionales para marginar los textos gratuitos del Estado, la injustificada necesidad de renovar anualmente los textos, etc.
En esta misma tribuna, hemos tratado como se despliega la política pública de textos escolares en nuestro país y la oportunidades que propicia la “apertura” como una estrategia que altere positivamente el estado de cosas, en especial, respecto a la onerosa inversión pública que año a año realiza el Estado, vale decir, sus contribuyentes. El año pasado no fue excepción, el presupuesto asignado a los textos escolares públicos significó un gasto $34.420 millones de pesos.
Pero quizás mucho más interesante que el retorno de la inversión, es cómo un modelo basado en la apertura propicia una política pública de textos escolares que eleva la calidad del recurso educativo y lo hace pertinente a las necesidades y desafíos educativos. Más allá de que hay voces recientes que alaban los avances de los textos escolares públicos en algunas asignaturas, la calidad de los mismos es un tema pendiente hace décadas, aseveración respaldada por numerosos estudios al respecto. ¿Qué más podríamos agregar hoy a la discusión?
La Contraloría General de la República realizó una auditoría y examen de cuentas al Programa de Textos Escolares que gestiona la Subsecretaría de Educación en relación al año 2016 y cuyo informe fue publicado a fines del año pasado. La auditoría estuvo centrada en el proceso de adquisición y distribución de los textos escolares públicos, pero también, conocer cómo los textos son utilizados por estudiantes y profesores. A su vez, este informe hace referencia al estudio “Uso y Valoración de Textos Escolares”, encargado por el MINEDUC a Guérnica Consultores (2016), que profundiza en lo reseñado por Contraloría. Ambos insumos nos permiten abordar problemáticas que nuevamente respalda la idea de cambiar el foco en la política pública de textos escolares a partir del uso detectado por sus usuarios finales en cinco asignaturas claves (Lenguaje y Comunicación; Matemáticas; Historia, Geografía y Ciencias Sociales; Ciencias Naturales e Inglés).
En el aspecto material, para más de un tercio de todos los encuestados la calidad del papel de los textos resulta poco o nada adecuado. Esta opinión podrá percibirse como ajena a la calidad educativa de los textos, pero refuerza lo que hemos tratado anteriormente, las editoriales comerciales centran su competitividad en la impresión rebajando sus costos, algo que ha postergado la competitividad e innovación en los contenidos educativos de los textos.
Pero vamos a lo sustantivo relacionado al uso de los textos. Cabe notar que en asignaturas claves como Lenguaje y Comunicación y Matemáticas, un 22% de los docentes hace “poco uso” y uno de cada cuatro profesores(as) reconoce el empleo sólo durante “pocas clases”, respectivamente. En los textos para la asignatura de Inglés es dónde más se manifiesta la sub-utilización: el 6.6% no los utiliza “nunca”, sólo un 5.7% lo utiliza de manera exclusiva, y en un tercio lo usan en “pocas clases”.
Dichas cifras llaman a considerar las razones subyacentes al poco uso en un grupo no menor de docentes. La secuenciación de los textos emerge como tema relevante. La mitad de los docentes en las 5 asignaturas evaluadas declaran avanzar en el texto de manera secuencial, mientras el resto reconoce trabajar alterando el orden. La alteración en el orden del texto, crece a medida que avanza el nivel del curso, y se verifica en mayor proporción en establecimientos particular subvencionados.
En efecto, cualquier intento de intervención, como cambiar la secuenciación, del texto público actual no es posible. Y no sólo debido el contenedor impreso en papel, sino que legalmente no es posible. Las bases de licitación 2018 para la adquisición del texto escolar público explicita, al igual que años anteriores, que “los Derechos de Autor de los textos escolares adjudicados pertenecerán íntegramente al contratado, para los efectos de su libre comercialización en el mercado privado”. Vale decir, no es derecho de los docentes ni estudiantes promover usos educativos más allá del consumo pasivo del texto escolar. Por otro lado, fondos públicos subsidian un texto que luego es, prácticamente, revendido en el mercado público 10 o más veces el precio ofertado en la licitación.
Por el contrario, si los contenidos del texto adquiridos por fondos públicos estuvieran licenciados con herramientas, como las licencias Creative Commons, que resguardan el derecho autoral sin suprimir usos de parte los profesores y estudiantes, se puede asegurar la apropiación pública e innovación de los mismos para promover mejor aprendizaje. Por lo demás, ¿no debieran los bienes adquiridos por fondos públicos ser públicos?, más aún cuando el entorno digital nos brinda oportunidades insospechadas de uso público.
La necesidad por un texto escolar flexible que promueva diversos usos por parte de docentes y estudiantes se debe a otro hecho de la realidad: el texto escolar ya no es el exclusivo recurso educativo en el aula y el estudio, pues el texto cada vez más se utiliza en combinación o complemento con otros textos o recursos, en gran medida, digitales o accesibles a través de Internet. En Lenguaje y Comunicación entre un cuarto y un quinto de los docentes consultados, utiliza otro texto reemplazando al ‘oficial’ con distintos objetivos. En Matemáticas, el uso del texto escolar público es combinado, o bien con otros textos escolares o bien –principalmente- con otros materiales, con un 25.5% y un 64% respectivamente. Uno de cada cuatro docentes de Matemáticas utiliza el ‘otro’ texto de manera exclusiva, excluyendo al entregado por el MINEDUC. En Historia, Geografía y Ciencias Sociales, el uso del texto público también es combinado, preferentemente con otros materiales (65.9%) o con otros textos (17.5%). En Ciencias Naturales, alrededor de un tercio de los profesores(as) ha utilizado algún otro texto o manual de apoyo, con una frecuencia importante: casi dos tercios de los docentes lo ha utilizado en “todas” o en “la mayoría” de las clases.
Lo anterior nos obliga a cuestionar un modelo de política pública del texto escolar único, por asignatura y nivel, que no reconoce diversidad de usos, audiencias, necesidades, conocimiento previo, etc., pues los docentes poseen modos particulares o no homogéneos en el contexto del trabajo en aula.
Se requiere de un entorno flexible (digital) y abierto que diversifique y amplifique las formas de participación efectiva de los usuarios en torno al texto escolar, garantizando libertad de uso de los recursos en plataformas y soportes provistos por fondos públicos
Tanto la alteración en la secuencia del contenido como el uso con otros textos y recursos nos llevan a problematizar aspectos claves en la calidad del contenido. Respecto de la percepción de los docentes en torno la utilidad de las actividades sugeridas en el texto entre un cuarto y un quinto de los profesores(as) de Lenguaje y Comunicación considera esta contribución como “poco” o decididamente “inútil”. Más aún, en dicha asignatura, tanto la cantidad de actividades sugeridas por el texto, las sugerencias para evaluar el aprendizaje, y la pertinencia de las actividades en relación a los intereses de los estudiantes, reciben proporciones de desaprobación elevadas, con un 28.9%, un 27% y un 27.5% respectivamente. Por su parte en la Ciencias Sociales y Naturales, en relación al grado de utilidad de las actividades sugeridas en el texto para el desarrollo de habilidades y destrezas en los alumnos, el aporte al manejo de técnicas y procedimientos disciplinarios congrega un 22-25% de escasa o nula utilidad.
También se denotan aspectos importantes en torno a la valoración del texto relacionado con los distintos ejes curriculares y su alineamiento. En el caso de Lenguaje y Comuncación, en los ejes temáticos de escritura y comunicación oral, alrededor de la quinta parte considera al tratamiento dado por el texto público es “poco adecuado” o “no adecuado”, requiriendo de mejoras. Mientras tanto en Matemáticas, no se observa diferencias en la intensidad de uso del texto MINEDUC en relación con otros textos utilizados, por lo que el texto público evaluado resulta insuficiente desde la percepción o valoración de los docentes. En Inglés, fuera de comprensión de lectura, los demás ejes temáticos presentan porcentajes de uso incluso menores que los declarados en relación a otros textos o materiales.
Sin lugar a dudas, los temas tratados obligan a repensar la política pública del texto escolar público que aumente los niveles de uso y propicie un mayor impacto en el aprendizaje de nuestros estudiantes. La incorporación participativa de los usuarios es una necesidad. Contraloría insta en sus recomendaciones que “la autoridad ministerial establezca los mecanismos y aplique los instrumentos que le permitan efectuar un levantamiento cualitativo del uso de los textos escolares”. También recomienda “evaluar la pertinencia de llevar a cabo capacitaciones en el uso de los textos escolares, considerando la opinión de los profesores, con el objeto de apoyar al mejoramiento del aprendizaje, a través de la utilización esperada”.
Para lo anterior, no solo se requiere levantar encuestas de percepción, se requiere de un entorno flexible (digital) y abierto que diversifique y amplifique las formas de participación efectiva de los usuarios en torno al texto escolar, garantizando libertad de uso de los recursos en plataformas y soportes provistos por fondos públicos. Países ya han emprendido dicho proceso de “abrir” el texto escolar, donde resalta como proceso el caso de Polonia.
Un ejemplo reciente y muy claro lo puede brindar la experiencia estadounidense Open Up Resources. Creada en 2013, dicha iniciativa educacional buscó definir cuáles son aprendizajes mínimos, o nucleares (core), en Lenguaje y Matemáticas (Common Core Standards CCS) que garantice a los egresados de escuela secundaria estar preparados para ingresar a la educación superior o a la fuerza de trabajo. Este “currículum abierto” también provee los recursos y estrategias de cómo desarrollar y evaluar estos aprendizajes nucleares. A pesar de la alta inversión anual en materiales curriculares a través de editoriales tradicionales (calculada en USD$ 5 Billones en dichos estados), dichos estados no contaban con recursos educativos que estuvieran alineados o que promovieran el desarrollo de los CCS.
Frente a la necesidad común, los 13 estados crean Open Up Resources con la tarea de construir planes de estudio de alta calidad y alineados a los CCS y que fueran distribuidos sin costo a las escuelas o sistemas educativos de educación escolar. El desarrollo del plan de estudios y sus recursos educativos es desarrollado por organizaciones y docentes expertos en lo disciplinario y educativo, los que fueron revisados por rúbricas externas de calidad de diseño instruccional de recursos educativos, como EQuIP e IMET.
Junto a la revisión experta, se extendió el escrutinio y revisión de los usuarios finales, los docentes. El currículum lanzado de matemáticas para 6to a 8vo Básico fue revisado por 175 maestros provenientes de 35 condados (municipios) durante este año lectivo 2016-2017. Una encuesta a dichos profesores mostró que el 90% encontró que el currículo era “altamente efectivo” o “efectivo”, y otro 90 por ciento dijo que recomendarían -o ya lo habían recomendado- que su los compañeros usan el plan de estudios. El proceso de involucramiento docente y la “curación” para asegurar la calidad actualizada del currículums desarrollados serán permanentes a futuro.
Tras su publicación definitiva, tanto el currículum de Matemáticas, como el de Lenguaje para 5to Básico, de Open Up Resources ha obtenido la mejor puntuación (casi perfecta) en la historia de EdReports, organización sin fines de lucro independiente, cuyo rol es aumentar la capacidad de maestros, administradores y líderes para buscar, identificar y exigir los materiales de instrucción de la más alta calidad. Junto con desarrollar currículo de la mejor calidad, los ahorros en adquisición de materiales curriculares ha sido notables, donde los ahorros del 80% o más son típicos, y permiten invertir en otros ámbitos críticos como el desarrollo profesional docente, apoyar procesos de adopción e implementación, o el soporte a la infraestructura educacional.
Nuestros niños se merecen y necesitan de los mejores recursos de apoyo al aprendizaje. Los docentes requerimos de recursos flexibles, adaptables a nuestras decisiones profesionales. Las autoridades requieren de una inversión pública eficiente y efectiva. Los contribuyentes reclaman no tener que financiar un texto que luego es revendido (pago duplicado y mucho más caro) en el mercado privado. Para ello se necesitan replantear y prospectar cómo la apertura nos permite cambiar la política pública del texto escolar y mejorar su impacto a través de una inclusión participativa de los usuarios, todo en pos de elevar la calidad de los aprendizajes de nuestro niños y jóvenes.
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