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Textos Escolares: Abriendo oportunidades

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Acostumbrado cada Marzo a los reclamos de abuso en el costo de los textos escolares (organizaciones ciudadanas apelando a SERNAC o la Fiscalía Nacional Económica), el cansancio de los locatarios de libros de recibir los improperios, este año parecía tranquilo, pero bastó que el Ministro de Educación defendiera la calidad de los textos escolares distribuidos por el Estado para encender la ira que provoca tener que gastar en promedio entre 120 y 150 mil pesos en textos de dudoso uso.

Sintomática resulta la postura de la Feria Chilena del Libro de negarse a vender textos escolares por los precios excesivos sin justificación, un hecho sin antecedentes.  Pero mientras la industria editorial intenta justificar lo injustificable, hay un dato muy importante que explicitó el propio gerente de Santillana, eterna favorecida de las licitaciones públicas: libros que se elaboran para el sistema público no pueden ser vendidos a privados, puesto que los contenidos le pertenecen al Mineduc.

El que los contenidos educativos y sus derechos dependan del Estado es un tema relevante, pues crece el consenso de una intervención mucho más radical del Gobierno como forma de regular este ecosistema y mercado tan tergiversado. Una de las medidas más importantes sería la de separar los contenidos de los soportes y su distribución en los procesos de licitación pública de textos escolares.  El encadenamiento de contenido-soporte-distribución aporta inmediatamente a favorecer a las grandes editoriales y, de paso, impedir la participación de otros actores.  Separar el contenido también asegura la durabilidad a dichos contenidos, quebrando la falacia de las editoriales de tener que rehacer permanentemente los libros.

Pero no basta para el MINEDUC tener un repositorio (indudablemente digital) de contenidos educativos, se requiere que estos contenidos sean utilizados para crear todo tipo de recursos, por ejemplo, textos escolares. Siendo contenidos adquiridos por una entidad pública, a través de fondos públicos, para fines públicos (aportar a la calidad de la educación), parece ser obvio que los contenidos deban ser públicos. Para que esto sea realmente así, se necesita consagrarlo mediante herramientas legales de derecho autoral que así lo explicitan, vale decir, el licenciamiento público de los contenidos educativos.

Las licencias Creative Commons, que tienen total validez y vigencia en nuestra legislación, nos entregan una variedad de opciones donde sólo “algunos derechos son reservados” y otorgan una serie de posibilidades para permitir distintos usos en torno al contenido.

¿Por qué es importante y necesario licenciar públicamente los contenidos educativos adquiridos por las reparticiones públicas?, ¿qué aportan a mejorar el mercado abusivo de textos escolares?  La idea ya ha sido esbozada, y básicamente la apertura pública de los contenidos permite una mayor inclusión de actores en torno a la producción y distribución, algo que tendría inmediato impacto en un mercado de licitaciones públicas, altamente concentrado en 2 empresas extranjeras (Santillana y SM).


«Los recursos educativos adquiridos por fondos públicos pueden efectivamente ser públicos, y por cierto, la responsabilidad de definirlo es de la autoridad pública».

Pero quizás lo importante son los usos posibles que favorece la diversidad de usos de dichos recursos. UNESCO define los Recursos Educacionales Abiertos (REA) como “materiales de enseñanza, aprendizaje o investigación que se encuentran en el dominio público o que han sido publicados con una licencia de propiedad intelectual que permite su utilización, adaptación y distribución gratuitas”. La posibilidad de ampliar facultades de utilización (mezclar, combinar, revisar, modificar, extender, secuenciar, validar, etc.), adapatación (traducir a lenguas originarias, inclusión a necesidades especiales, etc.) y distribuición (distintos tipos de salida: impresos, web, dispositivos móviles) abre una gama insospechada de oportunidades y, por ende, de beneficios posibles.

No cuesta imaginarse que los colegios alinien o prioricen los contenidos educativos públicos a sus proyectos educativos, que los profesores puedan adaptar los textos escolares para atender la necesidades específicas de sus alumnos, que los padres puedan aportar o involucrarse en la educación de usu hijos, que se puedan cubrir áreas disciplinarias curriculares deficitarias o no cubiertas por el Estado y que son muy caras en el mercado privado (Tecnología, Artes, Deportes, Religión, Ciencias).  Los usos posibles son insospechados, por ello crece el consenso de que la licencia abierta más favorable para la educación y, por ende, a los textos escolares, son aquellas que otorgan amplias facultades (licencia de Atribución CC-BY), entendiendo que se debe crear un marco que maximice la flexibilidad de tipos de usos de los recursos.

En efecto, un repositorio con contenidos educativos públicos, impulsado por las tecnologías digitales, puede generar Textos Abiertos (Open Textbooks), textos construidos por contenidos (textuales, gráficos, mediales, interactivos, etc.) y recursos (guías de estudio, evaluaciones, ejercicios, planificaciones didácticas, simuladores, etc.) de uso público.  El proyecto Siyavula desde el 2006 ha trabajado textos abiertos de matemáticas y ciencias, siendo reconocidos y distribuidos a sus establecimientos por el Ministerio de Educación de Sudáfrica.  Estos fueron creados por una red de voluntariado de alumnos universitarios, mentoreados por sus docentes universitarios que asumían el rol de evaluadores críticos y validadores del contenido.  Esos mismos textos sirvieron de base para reutilizar y recrear textos para el estado de Utah en EE.UU.  El año pasado se realizó una evaluación preliminar de ahorros e impactos en el aprendizaje del uso de Textos Abiertos en las asignaturas de ciencias desde 6° Básico y 4° Medio con interesantes y prometedores hallazgos: los estudiantes obtienen mejoras en su desempeño académico (mejores notas) con textos que valen 16 veces menos, confirmando que la brecha existente de precios en el mercado público y privado se debe a las políticas comerciales de las editoriales.  Lo propio ha ocurrido en los libros de texto para la educación superior en EE.UU; donde también poseen evidencia del positivo desempeño académico con los textos digitales y abiertos, como también los ahorros significativos que propician.  Hay una calculadora que permite reconocer los ahorros que significa la adopción de textos abiertos en vez de textos comerciales impresos (calidad resolución de impresión, tipo de materiales, distribución, etc.). El ahorro posible es impactante, en un mercado público local de textos escolares.

Los recursos educativos adquiridos por fondos públicos pueden efectivamente ser públicos, y por cierto, la responsabilidad de definirlo es de la autoridad pública. Ya hay algunas experiencias de licenciamiento público de recursos educativos en el propio MINEDUC.  Incluso, en su sitio web (enlace “CC” en el footer de la página) anuncia sus contenidos con licencia de Atribución (CC-BY) que otorga amplias libertades de uso, pero esta postura no es coherente con las políticas de propiedad intelectual explicitadas. ¿Por qué no considerar licenciar con atribución los contenidos adquiridos para los textos escolares?  De seguro abriría numerosas oportunidades.

TAGS: Educación Textos escolares

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