El Texto Escolar será digital y abierto

El asunto de los Textos Escolares en nuestro país no da para más.

La gota que rebalsó mi vaso fue la investigación periodística que descubrió que durante los años 2013 al 2016 fueron eliminados 1.7 millones de textos escolares en plantas recicladoras, por el encargo del Ministerio de Educación MINEDUC.

Hoy existe un convencimiento transversal del escándalo mayúsculo que ocurre en el mercado de textos escolares, y que las condiciones que lo permiten, deben cambiar. Al menos así lo cree la Fiscalía Nacional Económica, entidad pública encargada de mantener y promover la buena salud de los mercados, quien está estudiando la evolución competitiva del mercado de textos escolares, abarcando tanto el segmento estatal como el privado.  El problema ya era conocido y lo hemos tratado en varios artículos de ElQuintoPoder, pero ahora tenemos evidencia más precisa y, lamentablemente, aún más intolerable.  En corto:

1.-El mercado público de textos escolares, vale decir, los textos adquiridos por recursos públicos y distribuidos a través del Ministerio de Educación asciende a USD$ 52 Millones. Este es un mercado altamente concentrado:  el promedio de editoriales que compitieron en las últimas tres licitaciones fuese de tres, y que en más del 45% de los procesos se presentaron dos o menos competidores.  A su vez, 80% de las ventas queda en manos de dos empresas extranjeras, Santillana y SM.  También hay barreras de entrada que no incentivan la competencia:  en las licitaciones el oferente debe presentar una muestra completa del texto, lo que favorecería a la editorial que se hubiese adjudicado la licitación anterior de ese mismo texto.  Además, se apreció un diseño deficiente de las licitaciones.

2.-El mercado privado de textos escolares, a su vez, asciende a US$ 64 Millones cubriendo sólo el 10% de la demanda. ¿Cómo es esto posible?  Simple, las editoriales fijan precios en promedio 29 veces más, llegando a más de 40 veces en algunos casos, en el mercado privado que en el estatal, donde normalmente se cancela el texto unidad en $800 a $1,600.  Estas escandalosas ganancias supra-competitivas son posibles por la colusión entre las editoriales y directivos de establecimientos educacionales, principalmente de dependencia particular-subvencionados, que obligan a apoderados a adquirir el texto del mercado privado.  Por el bien de sus hijos y su educación, estas familias desembolsan promedio $160 mil por alumno cada año.

¿Cómo salimos de este embrollo?  El estudio que ha emprendido la Fiscalía Nacional Económica, y que debiera ser publicado a fines de este mes, entregará una serie de recomendaciones para la política pública que permitan un mejor y leal funcionamiento del mercado.  Por su parte el MINEDUC se encuentra dando los primeros pasos en “digitalizar” los textos escolares a través de unos pilotos relacionados a textos en formato PDF interactivo y el Techbook, producto de la rama educativa de la transnacional de las comunicaciones Discovery.

¿Cuál es el norte para evitar que los libros terminen en la hoguera?  En sucesivos artículos insistiremos en que el texto escolar debe ser digital y abierto.

Separar el contenido del contenedor

Una de las razones claves para la alta concentración del mercado público de textos escolares es el marco de licitación pública que involucra la elaboración de los contenidos, la impresión de los textos y su distribución.  Este encadenamiento ha permitido favorecer a las grandes editoriales y, de paso, impedir la participación de otras editoriales, especialmente las nacionales.  De paso también impide la participación de otros actores, como las imprentas.

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Las editoriales fijan precios en promedio 29 veces más, llegando a más de 40 veces en algunos casos, en el mercado privado que en el estatal, donde normalmente se cancela el texto unidad en $800 a $1,600. Por el bien de sus hijos y su educación, estas familias desembolsan promedio $160 mil por alumno cada año.

Una de las medidas más importantes sería la de separar los contenidos educativos de los soportes y su distribución en los procesos de licitación pública de textos escolares. En el caso de Ecuador, dicha separación existe hace años, su ministerio convoca a licitación pública para otorgar de derechos de impresión de textos ya revisados y validados por universidades.  Esto ha permitido que las imprentas grandes y pequeñas participen logrando una caída en los precios dónde la unidad texto logra costar menos de medio dólar, redundando en cuantiosos ahorros de gasto público.

El modelo actual concibe el recurso educativo sólo como un libro impreso, omitiendo las múltiples posibilidades que permite la digitalización del contenido.  Un repositorio de contenidos educativos digitales permite elaborar muchos tipos de recursos, por ejemplo, un audio-libro, un formato para dispositivos móviles, un curso en línea, un video-juego, etc.  Sumado a aquellas posibilidades que ni siquiera logramos visualizar a futuro gracias al incesante avance tecnológico, es menester que los contenidos educativos deben albergarse en un formato digital.  Este ha sido uno de los aspectos que han impedido que los textos escolares que hoy ocupan nuestros estudiantes sean similares a los utilizados hace 40 años.

Además, separar el contenido del contenedor también asegura la durabilidad a dichos contenidos, quebrando la falacia de las editoriales de tener que rehacer permanentemente desde cero los textos cada dos o tres años.

Por cierto la digitalización del Texto Escolar, complementado por otros recursos y entornos mediales e interactivos, abre múltiples oportunidades para generar nuevas e innovadoras formas de su uso para el logro de objetivos de aprendizaje.  Pero, especialmente desde la perspectiva de política pública, se debe ser cauto en las decisiones, velando de que cualquier iniciativa pública debe ser equitativa, asegurando el acceso al recurso a todos los estudiantes, y deber ser sustentable, asegurar la continuidad y calidad de sus procesos de desarrollo e implementación.  ¿Es posible entregarle un Techbook a todos nuestros estudiantes?  En un modelo basado en el alquiler de un producto o servicio mediante licencias individuales puede suponer un gasto enorme al querer escalar, y quizás más importante, nos impide focalizar el gasto en las personas y condiciones para asegurar una implementación efectiva.  Ya contamos con una experiencia fracasada (Modelos Pedagógicos TICs) que no podemos volver a repetir en el ámbito de plataformas web, pero también en el ámbito de los textos escolares.

El Programa Enlaces el 2013 publicó “Textos Escolares Digitales” para la asignatura de Tecnología en los niveles de 1ro a 6to Básico.  Previo a ello, no había un texto escolar para dicha asignatura en el mercado público ni el privado.  Lo docentes, muchos de ellos reciclados de asignaturas extintas como Técnico Manual o Francés, debían recurrir a textos argentinos para guiar su trabajo.  Pues estos textos lograron llenar una demanda y necesidad existente y tuvieron bastante éxito en su uso, gracias a su diseño interactivo y gráfico.  Lamentablemente esto textos fueron retirados del MINEDUC en Agosto pasado, pues expiró la licencia de uso de los textos.  Los textos de Tecnología están nuevamente accesibles gracias a la renovación de la licencia, aunque no completo pues es un compendio reducido de lo que era.  Y quizás lo más sensible, no están para la descarga, lo que sentencia su no uso en el aula, pues la conectividad es muy limitada en los colegios.  A pesar de que los textos fueron desarrollados e implementados por fondos públicos, ¿cuántas veces debemos pagar para asegurar su acceso y uso de los textos?

Contenidos públicos, deben ser públicos

Suena a redundancia, pero no lo es:  los contenidos educativos alojados en los textos escolares adquiridos por recursos públicos, no son públicos.

En efecto, la causa directa del escándalo en el mercado privado de textos escolares es la propiedad intelectual.  Las licitaciones públicas definen que:  Los derechos de autor de los textos escolares adjudicados pertenecerán íntegramente al contratado, para los efectos de libre comercialización en el mercado privado …”  Vale decir, las editoriales postulan un texto escolar, según el estándar de la licitación pública, y luego lo reeditan como producto, muy similar o con cambios cosméticos, en el mercado privado a un costo hasta 40 veces mayor.  Un “robo a mano armada” subsidiado por todos nosotros.

Más allá del flagrante abuso de las editoriales y sus políticas de precios en el mercado privado, cabe preguntarse:  ¿por qué no son públicos los derechos de los contenidos de textos escolares adquiridos por fondos públicos?  Simplemente por que así lo define la autoridad pública.

Si primara el sentido común, los derechos de uso de los contenidos de los textos escolares adquiridos con recursos públicos no deben ser exclusivos, sino públicos.  Tal como el Copyright es el instrumento para garantizar que “todos los derechos son reservados” al autor, otras herramientas legales, como las licencias Creative Commons, permiten reconocer la autoría pero otorgan y garantizan derechos para el usufructo público.  ¿Qué tipo de usufructo público?  Poder modificar un recurso para adaptarlo a un contexto específico, poder extenderlo o mejorarlo, poder compartirlo por diversos medios y canales, poder integrarlo a recurso pre-existentes, poder integrarlo a servicios o productos comerciales, etc.

Estas licencias son totalmente compatibles con nuestra legislación y existe jurisprudencia al respecto desde el año 2006.  Son seis las opciones de licencias Creative Commons que declaran distintos niveles de apertura (cantidad de usos permitidos), pero crece el consenso de que las licencias más favorables para la educación y, por ende, a los textos escolares, son aquellas que otorgan amplias facultades (como Atribución CC-BY), buscando crear un marco que maximice la flexibilidad de tipos de usos de los recursos por parte de los usuarios.  Con dichas licencias  el texto escolar se transforma en un Recurso Educacional Abierto, concepto acuñado por UNESCO que lo define como “materiales de enseñanza, aprendizaje o investigación que se encuentran en el dominio público o que han sido publicados con una licencia de propiedad intelectual que permite su utilización, adaptación y distribución gratuitas”.

La flexibilidad en el uso de los contenidos educativos, que se potencia a partir de los permisos otorgados por licencias abiertas, es una característica central dados los usos actuales y novedosos de nuestros docentes y estudiantes.  Por ejemplo, la apertura pudo haber resuelto el caso de los textos escolares para estudiantes con discapacidad visual.  La agrupación de apoderados de personas con discapacidad visual, Acaluces, presentó un recurso de protección en contra del MINEDUC porque nunca llegaron los textos escolares.  La Corte de Apelaciones de La Serena dictó sentencia a fines de Octubre pasado, ordenando al MINEDUC “entregar los textos de estudio para el año 2018 a los menores en favor respecto de los cuales se recurre, debidamente adaptados a sus necesidades especiales”. Increíblemente, esta vez patrocinado por el Consejo de Defensa del Estado, el MINEDUC se opuso a esta sentencia a través de un recurso de apelación ante la Corte Suprema, para revertir el primer fallo, argumentando que “frente al aumento progresivo de estudiantes con discapacidad visual total o parcial que se integran al sistema escolar, no ha existido un aumento de recursos proporcional a esa demanda creciente”.  Por suerte, la Corte Suprema, ratificó la sentencia aduciendo que el MINEDUC “no ha dado cumplimiento a una obligación legal, afectando por tanto la garantía constitucional de igualdad ante la ley”.

Concebido como bien público, los recursos educativos también son asunto de justicia social.  El programa de Textos Escolares del MINEDUC no puede argumentar falta de recursos, es su deber técnico y moral generar las eficiencias necesarias para asegurar a todos nuestros estudiantes acceder a materiales que apoyen un aprendizaje de calidad.

Abrir para mejorar calidad

El primero en levantar las alertas sobre el mercado de textos escolares en Chile fué el estudio del investigador Pablo Ortúzar.  Su tesis central radicaba en que el viciado sistema actual, tanto en el mercado público como el privado, es un entorno cuya competitividad está centrada en la reducción de costos de impresión y no dispone de incentivos para la mejora e innovación de los contenidos de los textos escolares.  Propone así que el Estado pueda comprar los contenidos para que estos pasen a un “formato de propiedad pública y de acceso libre«.  “Eso es importante, permitirá generar un archivo de materiales educacionales abierto al escrutinio público nacional e internacional, que se irá enriqueciendo con el tiempo y que podrá ser de gran utilidad para estudiantes, familias, profesores e investigadores”.  Creo el investigador se alinea perfectamente a la propuesta de que el Texto Escolar debe ser digital y abierto.  Los dejo invitados a profundizar cómo la apertura permite a los recursos educativos elevar su calidad.

Quiero rescatar la importancia del escrutinio público en relación a la calidad desde dos perspectivas:  primero, como estrategia para la mejora continua e incremental de los contenidos educativos, y segundo, el involucramiento en dicho proceso de parte de la comunidad educativa, en especial, docentes y estudiantes.  Y es que todo proceso de aseguramiento de la calidad involucra actividades planificadas como la medición sistemática, la comparación con estándares, el seguimiento de los procesos, todas actividades asociadas con bucles o circuitos de retroalimentación de información por parte de usuarios/interesados/expertos.  No basta con tener un estándar (benchmark) y su lista de verificación para determinar la calidad de un recurso educativo.  Su calidad radica en que su uso efectivo y eficiente satisface necesidades educativas específicas, en contextos específicos.  Y quien mejor que los usuarios directos para retroalimentar el uso de un recurso educativo.

Y son los ciclos de creación, uso y revisión, gracias a la apertura de los recursos educativos, los que nos permiten pensar en un círculo virtuoso que permita multiplicar y diversificar los recursos educativos, lograr eficiencia en el gasto y retorno de la inversión, elevar la calidad y asegurar su sostenibilidad futura, y por sobre todo, impactar positivamente en el aprendizaje de los estudiantes.

En un proyecto de textos abiertos desarrollado en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso implementó dos textos en cursos formales donde los estudiantes contribuyeron a la creación de uno de los textos y a la revisión crítica de otro.  Fue muy interesante rescatar la experiencia positiva para los estudiantes por simple hecho de involucrarlos en el desarrollo y el libre uso de un recurso educativo.  Ellos reconocieron alta motivación y compromisos por las tareas y el rol encomendado, sintieron orgullo y reconocimiento de contribuir a un recurso que será utilizada en futuras versiones del curso, profundizaron mucho más en los contenidos tratados.  El cambio también involucró a las docentes que tuvieron que replantear su labor, haciendo un acompañamiento distinto a las actividades de los alumnos, rediseñando las actividades del aula y como complementarlas fuera del aula, en suma, innovando en su enseñanza.  Lo anterior nos llevó a traducir al español el galardonado libro Guía para Realizar Textos Abiertos con Estudiantes.

La Universidad de Ciudad del Cabo, quien tuvo a cargo una extensa agenda de investigación en torno a los  Recursos Educacionales Abiertos para países en desarrollo, define el circulo virtuoso de la Educación Abierta en la imagen de esta publicación.  Es este círculo virtuoso el que puede remendar las injusticias del mercado de textos escolares de nuestro país y que dichos recursos contribuyan a elevar la calidad de nuestra educación.

Pero no hemos hablado sobre los desafíos que involucra este cambio de paradigma en cómo concebir el Texto Escolar, que no son pocos y algunos bastante complejos, especialmente, para el Estado como garante del interés y los bienes públicos.  Tampoco de experiencias previas, pero ¿qué tecnologías pueden soportar este circulo virtuoso de los Recursos Educacionales Abiertos?, ¿cómo administro recursos digitales mediales e interactivos relacionados a un texto?, ¿cómo integro el aporte de un usuario y cómo administro esa nueva versión para que contribuya a su mejora continua?, ¿cuáles son las buenas prácticas y experiencias internacionales?

A la espera de la publicación del estudio de la FNE, las alternativas de solución la abordaremos en una nueva entrega para concretar que el Texto Escolar en Chile sea digital y abierto.

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