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Durante siglos la participación política solo se circunscribió al sexo masculino (como varias otras actividades) debido al sesgo de género imperante en las sociedades humanas. Sin embargo, con la consolidación de los principios liberales y del Estado moderno durante el siglo XIX, particularmente en Europa a finales de dicho siglo y en conjunto con las demandas sociales de la clase obrera, las mujeres comenzaron a organizarse contra las normas instauradas por siglos que, no solo las dejaba fuera de muchos de los avances y beneficios que la edad moderna y la revolución liberal trajeron para un sector de la sociedad (todos hombres, blancos y ricos), sino que les prohibía cualquier acceso al ejercicio pleno de los derechos políticos como votar o ser nominada candidata a algún cargo de elección popular.
El movimiento feminista comenzó, según autoras como Susana Gamba[1] reivindicando el derecho de las mujeres de ejercer su derecho a sufragio para elegir a sus autoridades principalmente en Inglaterra y EEUU, por lo que en un primer momento se denominaron “sufragistas” a estas agrupaciones femeninas. Con el devenir del siglo XX, el derecho a votar por parte de las mujeres se comenzó a expandir por todo el orbe, cual ariete para abrir los espacios vedados a la mujeres por pate de una sociedad centrada en las necesidades de los varones y que consideraba al género femenino prácticamente como un ser relativamente incapaz y ciudadana de segunda categoría.
En Chile la situación no fue diferente. Durante la década de 1920 los partidos de izquierda y anticlericales se opusieron al voto femenino por temor que las mujeres manifestaran un apoyo a los partidos más conservadores[2]. Sin embargo recién en 1934 las mujeres pudieron votar en las elecciones municipales, y después de 15 años se les habilitó para las votaciones nacionales para la presidencia de la República y el Congreso Nacional, para llegar a 1970 en paridad con los hombres para votar por las autoridades políticas del Estado.
No obstante los avances durante el siglo pasado, el inicio del silgo XXI en nuestro país no implicó un aumento efectivo de las mujeres en la actividad político-eleccionarias. Lo anterior se debe a que, por ejemplo, en el Congreso Nacional de Chile, en 2009 el 14,2 % de los escaños de la cámara baja estuvo en manos de mujeres (17 escaños de 120), mientras que en el Senado la situación era peor en la misma fecha con 13,1 % de los asientos con mujeres electas (cinco de 38 escaños).
Todo lo anterior explica, por sí misma, la demanda por una integración paritaria de la Convención Constitucional. Fenómeno que vio su primer prueba durante las elecciones generales de 2017, donde la participación femenina en el Congreso Nacional de la República aumentó, llegando las postulaciones solo a un 30 %[3], y que para las postulaciones a la futura asamblea constituyente se verifica que la paridad en cargos político habría llegado para quedarse, pues al revisar las candidaturas inscritas y validadas ante el SERVEL; tanto por los partidos políticos como por los pactos electorales entre candidaturas independientes, se observa una virtual paridad de género según los datos publicados por el SERVEL y revisados por quien redacta esta columna.
En consecuencia, se puede observar; tanto en las tablas 1 y 2 y en los gráficos 1 y 2, que dentro de las candidaturas patrocinadas por los partidos políticos como por independientes, que se ha roto la barrera del 30 % que hubo en 2017, pasando inclusive a más mujeres como candidatas en algunos distritos que los hombres, lo que implica un salto significativo en la consolidación de los derechos políticos femeninos en nuestro país.
Se puede sostener que a nivel de pactos electorales ya sea entre partidos políticos o entre candidaturas independientes, pasando por incluso por los partidos fuera de pacto, las listas con los registros de las candidaturas están prácticamente en un relativo equilibrio
En consecuencia, se puede sostener que a nivel de pactos electorales ya sea entre partidos políticos o entre candidaturas independientes, pasando por incluso por los partidos fuera de pacto, las listas con los registros de las candidaturas están prácticamente en un relativo equilibrio que, en una buena parte de los casos, se muestra a favor de las mujeres en número y otras algunas en favor de los hombres, pero que son diferencias mínimas.
Ad portas de una nueva conmemoración del 8 de marzo, esta comprobación sobre la participación política femenina que se encuentra hoy en un plano de paridad, donde ambos géneros se representan proporcionalmente para las decisiones políticas y la producción normativa fundamental es una muy buena noticia para todas y todos.
[1] Susana Beatriz Gamba, periodista argentina, es magíster en Ciencias Sociales y ha publicado trabajos relacionados con feminismos y estudios de género.
[2] Fuente revisada: Memoria Chilena (sitio web a cargo de la Biblioteca Nacional de Chile).
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