Al cumplirse tres meses de que se produjera el denominado estallido social del 18 de octubre, y cuando se ha apoderado del país, una suerte de angustia por sofocación, que se oculta detrás de las medidas lentas y evasivas de un gobierno que decidió criminalizar el movimiento, mediante el sofisma de la violencia que acompaña el grueso de las manifestaciones pacíficas de los chilenos, el país sigue esperando.
Porque es evidente que el poder Ejecutivo, en vez de acometer con decisión los cambios estructurales que exige la gente, se las ha arreglado (enfermo de un enanismo de aprobación galopante), para enviar al Parlamento en forma sucesiva, proyectos que en lo principal, apuntan a instalar nuevas medidas para el control del orden público; proyectos que de aprobarse, quedarían a firme al menos, hasta el resto de la presidencia del presidente Piñera, jugándosela por el control de las manifestaciones sociales como un recurso de sobrevivencia, por lo menos, hasta el momento del plebiscito del mes de abril.Hasta hoy no ha habido reuniones o acuerdos empresariales que se hayan autoconvocado para la toma de decisiones que apunten a recoger con auténtica sinceridad los anhelos de la gente, salvo algunas iniciativas individuales
Algo similar ocurre con el sector empresarial, arista decisiva en la reestructuración definitiva de una economía más cercana a la gente. Porque, que se sepa, hasta hoy no ha habido reuniones o acuerdos empresariales que se hayan autoconvocado para la toma de decisiones que apunten a recoger con auténtica sinceridad los anhelos de la gente, salvo algunas iniciativas individuales. Al revés, parecen inclinados más a buscar subterfugios para que la tormenta pase lo más pronto posible, haciendo caso omiso a las enseñanzas de la historia contemporánea que indica que el abuso y la corrupción son siempre el primer síntoma de los estallidos sociales que, en incontables oportunidades, han hecho caer a las naciones en crisis sin salida.
Está claro que el ejecutivo está jugando al empate. Consciente de formar parte de un mismo paquete de desechos institucionales y políticos con la oposición, intenta comprometer a esta para prolongar la idea de la co-responsabilidad. Un juego arriesgado que le impide conjeturar el futuro, puesto que carece de una carta de navegación que sepa o quiera interpretar las exigencias de la ciudadanía movilizada.
Desde luego, no deja de alarmar que cualquier proyecto que el Ejecutivo envíe al Parlamento y que sea finalmente acogido por este, nunca llenará las expectativas de la gente movilizada en las calles. Esto, porque, connatural al origen de esos proyectos, la ciudadanía entiende que el gran empresariado y la banca, no tendrá escrúpulos en usar cualquier artimaña por mantener sus privilegios. Tal es el grado de rechazo decidido, y la desconfianza endémica que se ha incubado en el corazón de las familias chilenas abusadas negligente y “democráticamente” por los ricos, desde el término de la dictadura en 1990. Todo esto, sin considerar el estigma que se ha apoderado del gobierno del señor Piñera, a causa de los graves atropellos a los derechos humanos de una fuerza pública, aparentemente incapaz de someterse a la voluntad del poder civil.
En este balance de los tres meses, aparte de los intentos del gobierno por criminalizar el movimiento social, hay que sumar las primeras manifestaciones de la derecha firmante del acuerdo plebiscitario, en orden a endurecer sus posturas. Hay que prestar atención a los obstáculos que esta se apresta a imponer al desarrollo democrático de la instancia plebiscitaria. La tarea nos convoca entonces, a no cejar en la lucha por la transparencia y la pureza del próximo proceso. Sin olvidar que, la derecha más conservadora, ya está rasgando vestiduras para justificar su enfermiza defensa de la Constitución de 1980.
Ahora, si se hacen confluir dos hechos trascendentales que, curiosamente, han ocurrido en los extremos calendarios de la crisis, en estos tres meses recién cumplidos, como son: primero, la concentración de más de un millón doscientos mil almas reunidas en la plaza Italia al principio de la crisis social, y, segundo, el resultado de la encuesta CEP de la primera quincena del mes de enero de 2020, que le entrega a la primera autoridad política del país, una aceptación ciudadana de apenas el 6%, nos damos cuenta de que estamos en una coyuntura histórica, única y reveladora: hay un pueblo que espera consternado, una respuesta a sus aspiraciones más legítimas, y hay un Poder Ejecutivo que carece ya, de toda representatividad. Más sencillamente, los gobernados no tienen un guía; sin olvidar que el resto de las instituciones, que pasaron por sagradas, a lo largo de un buen trecho de la historia del país, hoy, víctimas del mismo rasero de credibilidad, están también en el descrédito y en el despeñadero de la Historia.
Comentarios