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Seguridad por sobre libertades y derechos

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Entender la seguridad pública desde el enfoque de derechos humanos, es una oportunidad que el gobierno ciertamente no ha aprovechado en su función legislativa en esta materia: por el contrario, sucumbió ante la fuerza del populismo penal que se suma a la presión de una ciudadanía que ubica a la delincuencia como una de sus principales preocupaciones y que, incluso, es capaz de justificar detenciones ciudadanas que tomen la justicia por su propia mano o hasta de armarse para la defensa propia.


En relación al proyecto sobre antifiltraciones o la llamada Ley Mordaza, si bien se cambió la redacción y se excluyó a los periodistas de las sanciones penales, éstos sí podrían ser citados a declarar para dar cuenta de la identidad de sus fuentes y la indicación sigue siendo ambigua y puede dificultar el acceso a éstas, por lo que el Colegio de Periodistas llamó a los diputados a rechazar la normativa en la próxima etapa del proceso legislativo.

La agenda corta antidelincuencia responde, justamente, a un paradigma sobre la seguridad pública basado en la idea de “mano dura” y represión incluso a costa de restringir libertades y derechos, endurecimiento de las penas, mayores atribuciones a las policías, que difícilmente se diferencia de la legislación que promovería un gobierno de derecha. De hecho, el espíritu del proyecto de la llamada Ley Hinzpeter impulsada durante el gobierno de Piñera, poco se distingue del artículo 12 del proyecto de ley del gobierno que incluye el control de identidad preventivo.

Mientras en el actual proyecto se plantea que el control sólo debe efectuarse en la vía pública y si la persona no porta su carnet de identidad, puede ser retenida en una comisaría pero no por más de cuatro horas, el del anterior gobierno proponía que el control se realizara en ciertos lugares y en ciertas circunstancias, cuando las personas se encontraran en cercanías a lugares sensibles como hospitales u otros bienes públicos y si la persona no se identificaba, podía ser retenida por un máximo de ocho horas en la comisaría.

Aprobada por 34 votos a favor y 14 en contra en el Senado, la agenda corta será debatida en su tercer trámite en la Cámara de Diputados, donde podría sufrir un revés, lo que obligaría a pasar a una comisión mixta. Lo anterior, producto del rotundo rechazo tanto del control preventivo de identidad como de la sanción penal en caso de filtraciones, por parte de diversos actores sociales, organismos de derechos humanos, los fiscales, que han ejercido presión en los parlamentarios, a los cuales probablemente “les pasaron un gol” (en palabras de un senador) en la tramitación del proyecto por falta de rigurosidad en el análisis. El propio vocero de gobierno, Marcelo Díaz, señaló que hay tiempos en el proceso legislativo si es que se estima hacer ajustes, marcando un contrapunto con la iniciativa surgida desde Interior y reconociendo implícitamente la dificultad de la tramitación y lo polémico de las indicaciones.

En el caso de la propuesta de ampliar las atribuciones de Carabineros permitiendo el control preventivo de identidad, ACNUDH señaló que vulnera conceptos ampliamente adoptados por la comunidad internacional, como la presunción de inocencia y el principio de legalidad, al otorgar facultades desproporcionadas y arbitrarias a la policía.

Asimismo, Unicef y el INDH han alertado que el proyecto transgrede los derechos de los niños; es considerado por la Corte Suprema como “difícilmente aceptable en un Estado democrático de derecho” por disminuir las facultades de control que poseen los tribunales; y limita derechos garantizados en tratados internacionales ratificados por Chile, según expresara el Relator Especial de las Naciones Unidas para los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación cuando estuvo en Chile en 2015.

Incluso Paz Ciudadana considera que aumentar indiscriminadamente las penas no tiene utilidad práctica en la reducción de la delincuencia. “Si una causa fundamental de la delincuencia en Chile es la desigualdad, el incremento de sanciones solo profundiza el problema. El aumento de penas es una respuesta fácil, pero inútil”, señalan y agregan que “el aumento de las facultades policiales y el control de identidad preventivo propuesto profundizarán una sociedad ya muy desigual, lo que solo redundará en una mayor delincuencia, mayor violencia -real y larvada- y menor seguridad”.

Otra arista que se desprende de la ampliación de las facultades a carabineros dice relación con situaciones de abuso policial, en que los civiles se enfrentan a la impunidad de la Justicia Militar en caso de que los hechos sean investigados. Por ello, urge reformar el Código de Justicia Militar para poner fin al uso de la justicia militar para investigar, enjuiciar y sancionar violaciones de derechos humanos y limitarla a delitos estrictamente de carácter militar que involucren a militares, como lo ha impulsado Amnistía Internacional Chile, y no a los civiles.

Si bien la institución de Carabineros cuenta con alta confianza ciudadana, según la Encuesta Nacional de la UDP 2008-2013 ésta ha ido a la baja en los últimos años y quien más confía es el nivel socioeconómico alto con 47,5%, mientras en el nivel bajo la cifra es de 36,7%, de lo que se desprende que son los pobres quienes se ven más afectados por el abuso policial y son también los que menos lo denuncian porque, en general, no creen en la justicia y menos en la militar.

No a la Ley mordaza

En relación al proyecto sobre antifiltraciones o la llamada Ley Mordaza, si bien se cambió la redacción y se excluyó a los periodistas de las sanciones penales, éstos sí podrían ser citados a declarar para dar cuenta de la identidad de sus fuentes y la indicación sigue siendo ambigua y puede dificultar el acceso a éstas, por lo que el Colegio de Periodistas llamó a los diputados a rechazar la normativa en la próxima etapa del proceso legislativo.

La indicación parece ir en el sentido contrario del rol fundamental que ha tenido la prensa en el destape de escándalos de financiamiento ilegal de campañas, de casos de corrupción en el Ejército como el Milicogate o de la coordinación de 400 periodistas en todo el mundo que sacó a la luz los Panamá Papers. Sin filtraciones, la opinión pública no habría tenido acceso a esta información que visibiliza delitos y faltas a la ética y con esta legislación (antes de las últimas modificaciones surgidas por la presión ciudadana), los periodistas que investigaron estos casos estarían presos con penas incluso más altas que las del cohecho.

El duopolio de la prensa escrita -que concentra el 80% de los medios escritos en todo Chile- y la alta concentración mediática en Chile, constituyen un escenario restrictivo para el real despliegue y goce del derecho a la información y la libertad de expresión y de prensa, que podría limitarse aún más con legislaciones como la que se aprobó en el Senado y pasará a la Cámara de Diputados y que, para muchos, sería un intento de acallar las investigaciones sobre malas prácticas en la oscura relación entre Dinero y Política en que los propios parlamentarios están involucrados.

Es tal la contradicción que representan para el ala progresista de la Nueva Mayoría ambas iniciativas, que la bancada de diputados socialistas adelanta un rechazo a las medidas, al que se suman reparos en el PC y algunos sectores del PPD, PR y la DC. Por su parte, la bancada de senadores socialistas no estuvo de acuerdo con la indicación del control preventivo y citó a múltiples organismos que consideran que representa un serio riesgo de privaciones arbitrarias de la libertad personal, que recaería en la parte más discriminada de la población, lo que es aún más grave considerando que esta medida también puede afectar a menores de edad.

Resulta paradojal que haya sido el hijo de un senador socialista como el fiscal Andrés Montes (mientras subrogaba al Fiscal Nacional) quien haya propuesto la indicación sobre sanciones a las filtraciones y abogado por un aumento en los plazos de reserva para las investigaciones, con el patrocinio de Interior, señalando que dichas filtraciones constituyen “una conducta indebida, inadecuada, que socava el principio de objetividad y que faranduliza el proceso penal”.

En la vereda opuesta se ubicaron sus colegas, que a través de una declaración del Presidente de la Asociación de Fiscales, Claudio Uribe, consideraron que se trata de un norma redactada en forma apresurada y poco prolija que no contribuye a mejorar la persecución penal, sino a criminalizar a las víctimas y a los fiscales, poniendo en peligro la calidad de las investigaciones. Mientras, el Presidente de la Corte Suprema considera que se trataría de una vuelta al secreto de sumario del antiguo sistema de justicia.

Si bien el ministro del Interior, Jorge Burgos, señaló durante la votación en el Senado que nunca estuvo ni en la letra ni en el espíritu de quienes participaron en la redacción del proyecto afectar a terceros ni al derecho de informar de la prensa, paralelamente (dando cuenta de las tensiones al interior de la Nueva Mayoría en temáticas de seguridad) anuncia urgencia al proyecto que modifica la Ley Antiterrorista que enfatizará la figura de organización terrorista para acciones como incendios o quema de camiones. Interior en la senda del populismo penal en todos sus proyectos de ley.

El populismo penal encuentra sus bases en un derecho penal que mira al otro –al que delinque- como un enemigo, justificando políticas autoritarias y sancionar anticipadamente actos que ni siquiera se han cometido. La sospecha del otro, generalmente recae en los pobres, los marginados y excluidos del sistema. Sin embargo, la demagogia punitiva ha fracasado en mejorar la seguridad. Ya es hora de que ese paradigma sea superado por uno de seguridad democrática que ponga el énfasis en la protección de las personas y de sus derechos fundamentales, y la prevención de distintas formas de violencia.-

TAGS: #Delincuencia ley corta anti delincuencia Ley Mordaza Seguridad social

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