El proceso asambleario constituyente de nuestro país, tiene devenir en la demanda social y política de crear una nueva Constitución, que está presente en las luchas sociales desde el estallido social. La situación de resonancia de la movilización popular en los poderes públicos que accedieron al plebiscito del 26 de abril de 2020, consisten en una praxis emancipadora del ejercicio de la soberanía popular radicada en un pueblo que habita la tierra chilena.
El derecho a la felicidad corresponde a la cima de todos los derechos humanos, en la presencia o ausencia de su realización, como inherentes e inalienables a cada uno de sus sujetos individuales y colectivos . Está en la materialización de los derechos de la persona. En el ciudadano, su comunidad y entorno. En aspectos atingentes al desarrollo de la historicidad de la libertad, igualdad y en mayor medida que la fraternidad, en la sororidad. Los derechos civiles y políticos son una convocatoria a vivir tiempos de democracia y justicia social, que puedan proyectarse para muchas décadas de un Estado de derechos económicos, sociales y culturales; además, en los que se hagan presentes, los que se relacionan con el medio ambiente y el clima. Todas estas generaciones de derechos, se encuentran en una arquitectura global que pueden traspasar el umbral de los derechos humanos, en el derecho internacional y pasar a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico como derechos fundamentales, de las convenciones internacionales, que Chile ratifique, como Leyes de la República, concomitante con la inserción de un Capitulo de Derechos y Recursos Constitucionales, que los hagan prevalecer, en la Constitución de la Asamblea Constituyente.
La idea que sustenta la dinamización de los derechos ejercidos, como mayor estado de satisfacción material, que puede favorecer la felicidad de las personas, sus familias y comunidades, se genera en un horizonte de sentido, consistente en dar respuesta a la crisis planetaria que tiene características culturales, económicas, sociales y políticas. Esta situación del planeta es abordable por la comunidad internacional y los países. Es una provocación seria a la protección y cuidado de la humanidad y el ecosistema de su propia autodestrucción.
Un pueblo, el pueblo pobre es el más expuesto a las violaciones de los derechos humanos en esta era de injusticias inviables de justificar, en estrategias discursivas o violencia política.
Tan sólo una vez ejercidos nuestros derechos como trabajadores, podemos superar las contradicciones entre capital y trabajo, en perspectiva global y local. Nos tenemos que cerciorar de afectar favorablemente a las personas y sus familias, según las decisiones personales, familiares y de redes comunitarias de seguir los flujos mundiales de capitales, para vender su fuerza de trabajo. En nuestro país puede propiciarse en la relación del Estado, los privados y la ciudadanía, el estímulo a la contratación y acceso a condiciones apropiadas en el trabajo. Puede darse la superación de las condiciones de cesantía resistente, que justifica la situación salarial de los trabajadores.Los derechos civiles y políticos son una convocatoria a vivir tiempos de democracia y justicia social,
La aldea global puede ser su propia fábrica, el país puede comprometerse a la inserción en procesos de manufactura de recursos naturales, útiles en la producción mundial.
Corresponde atender en Chile, las migraciones, según un curso ordenado, regular y seguro, como subjetivización en el derecho internacional sobre el fenómeno migratorio, conforme la consolidación de un proletariado global, con visión de realización planetaria y local.
Adquiriendo la cualidad de trabajadores asalariados y en el ejercicio del trabajo profesional, técnico y universitario, además de otras formas de emprendimiento, podemos situar todas las necesidades relacionadas a la seguridad social, que tenemos como personas.
Nos nace la idea de producir un Sistema de Protección Social fuerte, de carácter público y universal; que desarrolle los ejercicios de nuestros derechos a la salud, educación, vivienda y previsión social, de calidad y gratuito para las personas pobres; porque formamos parte de la mayor proporción de la población del país, respecto de quienes tienen la cualidad de poder tener otros accesos a las prestaciones de seguridad social.
Algunos de los emprendimientos más sencillos son de carácter cooperativista y, con apoyos del sector público pueden salir adelante juntos.
Una economía equilibrada, con crecimiento sostenido, es contexto para la justicia social, además las decisiones de las personas y sus familias. El abastecimiento de los lugares de bienes de primera necesidad y otros de consumo, además de las relacionadas a las decisiones de mayor ahorro y manejo responsable de la situación crediticia. Esperando la lealtad al bien común de las inversiones de distinta magnitud, de las familias y comunidades, tanto de nuestro país, como de la índole internacional, en la esfera local y global, en favor de una comunidad internacional en la región de América Latina y El Caribe.
Esta perspectiva de derechos, para las relaciones entre personas, organizaciones sociales e instituciones, tiene antecedentes en Constituciones Políticas y Asambleas Constituyentes de avanzada, en nuestros países vecinos y en los de otros continentes. Por esta razón, la nueva Constitución puede ser fundante, del devenir que contribuye a tener, en la situación de haberse resuelto la materialidad de un Pueblo, como un ir hacia mayores posibilidades de experimentar la felicidad, como razón de ser de la insistencia en existir, de una vida cotidiana con mayor solidaridad orgánica.
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