Desde la intromisión en el sistema administrativo estatal, del modelo de la “gobernanza” es que la participación ciudadana se convirtió en uno de los pilares del trabajo gubernamental. Tanto para el trabajo “vinculante” de las instituciones públicas, como también para profundizar la representación política hacia el ciudadano de a pie.
No obstante, al parecer los procesos participativos institucionalizados, parecen no responder a la captación de necesidades originaria de los mecanismos de participación regulados por la Ley N°20.500, que da rigen en nuestra legislación a: 1. El acceso a la información, 2. Los consejos consultivos de la sociedad civil (COSOC), 3. Las cuentas públicas participativas y 4. Las consultas ciudadanas.Es necesario plasmar que la realidad de la participación ciudadana en Chile es que se consideran acciones decorativas
Pero ¿qué pasa en la práctica con estos mecanismos? ¿se implementan o no?, esta primer pregunta, se responde haciendo referencia a los datos entregados por la Cuenta Pública Participativa 2022, en primer lugar, entre los Ministerios y servicios que respondieron la medición de carga, esta arroja que el 76% de las instituciones tiene una unidad de participación, mientras que el 24% no posee dicha unidad. El dato mas relevante en este ámbito es que las instituciones que si tienen una unidad de participación un 61% de ellas no tiene financiamiento propio para las actividades de la unidad, además durante el año 2022 las instituciones tan solo implementaron un 10% de mecanismos para acercar el acceso a la información institucional.
Por otro lado si bien, el cumplimiento de los COSOC al menos responde a que en promedio tuvieron 7 sesiones durante el año, no se mide sus planes de acción, si se presentan estrategias, o presentan sugerencias o planes hacia la autoridad del servicio.
En cuanto a las consultas ciudadanas, al menos el 38,2% de las instituciones no realizo ninguna consulta durante 2022, además de ello no se mide si estas consultas ciudadanas permitieron o no incluir modificaciones a las decisiones que se buscaban tomar por las instituciones.
Entonces la pregunta que devienen de estos datos, ¿cuál es el objetivo de implementar los mecanismos de participación?, en este punto es necesario plasmar que la realidad de la participación ciudadana en Chile es que se consideran acciones decorativas, que pareciesen responder solamente a lo que obliga la ley.
Mientras que en el ámbito de las organizaciones de la sociedad civil, el mundo empresarial y en las instituciones internacionales, se esta tomando como uno de los pilares centrales para el desarrollo, ejemplo de ello es que la Agenda 2030 de la ONU incluya en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) el Objetivo N°17 es justamente “generar alianzas para lograr los objetivos”, ya que ningún progreso, política o decisión que no contemple la visión de los actores beneficiarios o vinculados indirectamente, atacará el problema de fondo.
El llamado al gobierno, autoridades, congresistas e instituciones, es a poner el foco de las discusiones actuales, en materia de seguridad, ,medioambiente, educación, salud, entre otras, tomando asunto en lo que plantean los/as ciudadanos/as, que por cierto les dieron la oportunidad de estar en los cargos que están, y para lograr ello las oportunidades formales de fomentar la participación y la cohesión social, son justamente a través de los mecanismos de participación que estando regulados por ley no se utilizan en función de mejorar la toma de decisión.
La relevancia de generar estos cambios es que al generar estos espacios, además se colabora a fortalecer nuestra democracia, que en ocasiones parece muy débil, pero que en otras demuestra porque es nuestro país en los confines del mundo, uno de los mas resilientes y ejemplo en materia económica, social, política y en seguridad.
Matías Rivas Peña
Presidente y analista político
Fundación Voz Pública
Comentarios