¿Cortar, pagar, prorrogar? Los servicios básicos durante la pandemia

Las dificultades para los países y personas derivadas de la pandemia global de Coronavirus están presentes a todo nivel, aunque no siempre visibles de la misma forma.

Mientras el virus se expande, especialmente entre los sectores más vulnerables, se multiplican las voces exigiendo medidas drásticas de distanciamiento social y control de la autoridad para limitar al máximo la circulación de las personas fuera de sus hogares.

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Es evidente que la capacidad de las familias de sobrellevar una cuarentena va de la mano con la cobertura adecuada de las necesidades básicas de todos sus integrantes, situación por la que se debaten soluciones en Chile y el mundo, con diferentes contextos y aproximaciones.

Además de la alimentación, la provisión de servicios básicos es clave, especialmente agua potable y electricidad, en un momento en el cual el consumo está variando debido a la baja temporal del uso comercial e industrial de estos servicios, junto con el aumento de su consumo doméstico.

Es evidente que la capacidad de las familias de sobrellevar una cuarentena va de la mano con la cobertura adecuada de las necesidades básicas de todos sus integrantes, situación por la que se debaten soluciones en Chile y el mundo, con diferentes contextos y aproximaciones.

En cuanto a los servicios básicos, hay países que independientemente de su condición económica o PIB per cápita, han anunciado la exención del pago de servicios de electricidad y agua domiciliaria, en lugares tan disímiles como Bahréin o el Congo, pasando por mecanismos de subsidios y descuentos como los implementados en gran parte de Europa, y prórrogas de cobros establecidas por las principales empresas eléctricas en Estados Unidos (Que además han suspendido los cortes de suministro por no pago en estados como California, Texas y Florida, entre otros) y así los gobiernos, empresas y economías, se adaptan a esta nueva situación.

El alcance de las medidas está influido por múltiples factores, entre los cuales además del principal, que es la apremiante necesidad de las personas, está también la presión de recursos, esquemas de costos y utilidades en la provisión pública o privada de estos servicios, y la falta de certezas sobre el tiempo durante el cual cualquiera de estas medidas se implemente, ya que al menos en Chile la situación no parece estar bajo control y en el mundo la preocupación por retrocesos y rebrotes del Covid-19 está en riesgo latente a cada momento.

En la permanente tensión entre lo urgente y lo importante es vital tener en cuenta que familias, comunidades y sectores más vulnerables deben contar con alimentación, provisión eficiente de servicios básicos y apoyo para sobrellevar los efectos económicos a largo plazo que este proceso trae consigo. Eliminar el riesgo de corte por no pago de agua o luz es de ayuda, pero puede no ser suficiente, en un contexto donde las personas se enfrentan a dos grandes incertidumbres.

Por una parte, en las grandes áreas urbanas de Chile, especialmente Santiago, hay problemas de mantención y suministro de electricidad y agua potable en los últimos inviernos, lo que lleva a la opinión pública a cuestionar continuamente la calidad del servicio, su sostenibilidad y capacidad de respuesta a contingencias climáticas y de otros tipos.

Y además de lo anterior hay una pregunta en suspenso para los casos en los que no se corta el servicio ahora, pero hay deudas que se acumulan, en cada hogar día a día, sin un horizonte en el que estas se puedan resolver.

Estos temas anticipan un debate sobre la propiedad y la gestión de los servicios básicos, donde además se deben considerar un balance entre el crecimiento económico necesario para la recuperación productiva, junto con la sostenibilidad medioambiental, en equilibrio de estos factores importantes, en momentos muy críticos para el país y el mundo.

Ojalá este sea uno de los casos en los que la sociedad pueda decir que hizo de la crisis, una oportunidad. El tiempo lo dirá.