Finalizada la dictadura cívico militar en marzo del año 1990, se inicia un largo proceso transicional para reinstalar confianzas, esperanzas y derechos conculcados por el régimen de facto, para ello, las nuevas autoridades democráticas se abocaron a dar respuesta a la demanda colectiva de Verdad y Justicia promovida por las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, colectivos e instituciones defensoras de los Derechos Humanos.
Para dar cumplimiento a lo anterior, el gobierno transicional de Patricio Aylwin Azocar creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación que tras casi nueve meses de recopilación e investigación culminó con la entrega en febrero de 1991 del llamado “Informe Rettig”, el cual concluyó que entre 1973 a 1990 hubo 3.196 personas víctimas de violaciones a los derechos fundamentales por agentes del Estado y/ a su servicio.
Con el devenir se fueron ampliando otras respuestas estatales, así nacieron y complementaron la primera iniciativa, la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación (febrero 1992), la Comisión Valech I (septiembre 2003) y II (febrero 2010), que acrecentaron significativamente la cantidad y calidad de víctimas dado el proceso de ratificación y certificación.De manera sistemática, los altos mandos de Carabineros de Chile han negado o minimizado la ocurrencia de violencia a los Derechos Humanos, descartando de plano que haya existido una política institucional
A pesar de las acciones anteriores no se logró avanzar sustantivamente en Verdad y sobre todo en Justicia, incluso bajo los gobiernos de la Concertación existieron tratativas de acelerar y cerrar administrativamente procesos. Cabe recordar el acuerdo Figueroa Otero (noviembre 1995) y la Mesa de Diálogo (agosto 1999) no siendo las únicas pero si las más relevante pues facilitaron que la ciudadanía y los Derechos Humanos se movilizarán impidiendo su concreción. A pesar de dicha movilización con el correr de los años se fue instalando una suerte de Impunidad debido a la baja cantidad de procesados, inculpados en prisión efectiva y una suerte de negación – conspiración de silencio de los mandos de las Fuerzas Armadas y de Orden.
No cabe duda que la mayor falencia de los gobiernos de la Concertación fue asumir el tema como una carga en los diferentes programas de gobierno que se tradujo en una escasa voluntad política de llevar las causas a los tribunales de justicia. De igual forma, el tema de los Derechos Humanos que fue un emblema bajo la dictadura de Pinochet Ugarte para los partidarios y militantes, con el pasar de los años se fue convirtiendo en una disyuntiva sin solución, por tanto, una contradicción permanente. Lo anterior se fue ratificando con la continua represión y criminalización a las movilizaciones de estudiantes, pobladores, mapuches, sindicatos y/o de cualquier sector social que osará afrontar el orden establecido, de la misma forma, los encarcelamientos indiscriminados, conmutación de penas, aplicación de Ley antiterrorista, prisión política, operaciones encubiertas y espionajes y casos de detenidos desaparecidos todas prácticas heredadas del pasado dictatorial. Por lo referido sucintamente, se pueden detectar las siguientes dificultades, a saber:
1.-Una justicia y una reparación en la medida de lo posible. En donde los autores materiales y cómplices acusados, procesados y condenados no superan el millar.
2.-Un paradigma impuesto como el “Nunca Más” con un silencio de 50 años, sin contenido técnico, político y programático para las instituciones armadas. Persistiendo en esas décadas la mirada “del enemigo interno” y no como sujetos de Derechos.
3.-La normalización y naturalización de la violencia. Particularmente, administrada y aplicada bajo el concepto de “control social” por las Fuerzas Especiales de Carabineros desde el regreso a la Democracia más allá de los ajustes en los protocolos internos.
4.-El escaso debate de las memorias arraigadas en el pasado como si fuera un espacio inerte a modo de museo. Olvidando que la historia y la impunidad han ido avanzando en tiempo y espacio. Es decir, una memoria certificada más en el dolor y el daño que en las resistencias sociales.
5.-La lucha y la denuncia de los Derechos Humanos y su campo de actuación estancado en el pasado, burocratizando su accionar en una desgastada institucionalidad estatal, esa misma que desde siempre ha reprimido al menor atisbo de exigencia.
Dado lo anterior, a tres décadas de la llegada de ésta democracia, con informes que explican la violencia y la indolencia en un período sombrío de la historia, sigue pendiente la cimentación de un Ethos como sistema que garantice el cuidado, el respeto irrestricto, el ejercicio y la protección de los Derechos Humanos. Ya que la democracia no cumplió a pesar de su propia historia con las garantías de no repetición. Instalándose, por tanto, a lo largo de las últimas tres décadas, una justicia en la medida de lo posible, con una actuación del poder judicial también en la medida de las posibilidades y aquello pesará cuando acontezca la revuelta de octubre del año 2019.
Las masivas movilizaciones generadas a mediados del año 2019, y que culminaron en la llamada “Revuelta Popular” del 18 de octubre, nos transportaron a un escenario que no era posible prever en tiempos anteriores, particularmente por el grado de violencia en el intento de controlar y frenar la protesta social, que por si es legítima. Los principales responsables a partir de las denuncias y querellas interpuestas por organizaciones de Derechos Humanos son Carabineros de Chile y su cuerpo denominado Fuerzas Especiales, actuales C.O.P (Control de Orden Público), las mismas afectaron a segmentos claros de la sociedad, como son niños, niñas, adolescentes y adultos.
Asimismo, se puede identificar a partir de las denuncias una cifra cercana de 500 personas heridas en su aparato visual esto por impactos de perdigones y bombas lacrimógenas disparadas en el torso superior del cuerpo; heridos a partir de golpizas con puños, patadas y bastones; atropellos por carros blindados; heridos por quemaduras de agua mezclada con químicos; trasgresiones en la esfera de la sexualidad y desnudamientos, torturas y apremios ilegítimos, y una cantidad indeterminadas de personas privadas de libertad con extensión de medidas cautelares draconianas por delitos como preparación y lanzamiento de artefactos incendiarios y desordenes públicos entre las más relevantes a través de LCA y LSE ambas de la década de los años 1970.
Algunos nudos críticos detectados a considerar:
1.-Mantención del Decreto Supremo N° 1086 sobre reuniones públicas que se encuentra vigente desde 1983, a pesar que la Constitución Política en el artículo 19 N° 13 “aseguran a las personas la libertad de reunión de manera pacífica y sin autorización previa”. Empero, el mismo decreto en su artículo 2 “establece la obligación a los organizadores de dar aviso a lo menos con dos hábiles de anticipación”. Por tanto, dicho decreto se convierte de facto en un sistema de autorización a las manifestaciones, con lo cual se otorga a las Fuerzas de Orden y Seguridad para impedir o disolver cualquier tipo de forma de encuentro, reunión u manifestación.
2.-A pesar de los informes internacionales realizados por comisiones de observación y verificación, el discurso público del Estado ha sido ambiguo con escasa celeridad en la adopción de acciones o medidas correctivas. Por ejemplo, no existiendo disculpas públicas a las víctimas.
3.-De manera sistemática, los altos mandos de Carabineros de Chile han negado o minimizado la ocurrencia de violencia a los Derechos Humanos, descartando de plano que haya existido una política institucional. Incluso, expresando que las mismas son una falta y/o infracciones administrativas. Por tanto, cediendo escasa información en relación a oficiales encargados de zona de conflictos, grupos operativos y similares. Solamente, la Contraloría General de la República en aras de sus facultades inicio un sumario en el cual se formuló cargo a 7 generales.
4.-Un escaso avance de investigaciones, acusaciones formalizadas en las causas que versan sobre violaciones a los Derechos Humanos en contexto de la revuelta popular. Existiendo pocas condenas efectivas contra agentes del Estado lo cual contribuye a una percepción de Impunidad. Esto aparejado con los escasos recursos disponibles para el Ministerio Publico, la aplicación de Protocolo de Estambul y Minnesota y la crítica situación por la pandemia de Covid 19.
5.-Un nulo control civil respecto al funcionamiento, rendición de cuentas y protocolos de la institución de Carabineros de Chile, que en términos solamente de denuncia y querellas entre el periodo comprendido entre el 18 de octubre al 31 de marzo de 2020, es la principal institución que concentra la mayor cantidad de acciones judiciales. Cabe mencionar que dicha institución, según el Informe Rettig es la tercera fuerza responsable de personas fallecidas durante los años de la Dictadura Cívico-Militar.
6.-Un escaso avance en el proyecto de ley bajo el boletín 13.854-17 ingresado con fecha 27 de octubre del 2020, denominado “Establece un procedimiento especial para hacer efectiva la responsabilidad civil del Estado respecto de personas que hayan sido víctimas de lesiones, mutilaciones o muerte, en el contexto de movilizaciones sociales”, en segundo tramite constitucional desde julio del 2021.
7.-Una insuficiente institucionalidad en Derechos Humanos, que venga a promocionar prevenir, cautelar y defender los derechos de la ciudadanía. Particularmente ante la violación de Derechos Humanos por parte de agentes del Estado y/o a su servicio.
Concluyo, no hay miedo sin esperanza, ni esperanza sin miedo. Chile conoce bastante luego de finalizada la dictadura cívico militar y la justicia en la medida de lo posible. Empero como enunciaba Letelier del Solar, “la impunidad nos ata al pasado, atentando así contra nuestra libertad de construir el presente y el futuro” (1996).
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