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Perfomances ambientales de la izquierda en este siglo XXI

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Perfomances ambientales de la izquierda en este siglo XXI

Examinemos aquí las perfomances ambientales (antropo o eco/biocéntricas) de gobiernos de izquierda en América Latina en los comienzos de este siglo XXI. Se nota entonces como, durante la segunda mitad de los años 2000, la izquierda, o las agrupaciones políticas que se definían en esa línea, gobernaban en la mayoría de ocho países de nuestro continente: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Estas fuerzas políticas llegaron al gobierno planteando una dura crítica a sus antecesores y sus reformas y modelos neoliberales, las que habían debilitado ostensiblemente las agendas ambientales de los países.


Resumiendo este deteriorado panorama, y según el académico y activista uruguayo E. Gudynas, “no es posible afirmar que los gobiernos progresistas hayan mejorado sustancialmente la gestión ambiental”.

Si uno mira en la dirección de la arquitectura institucional de los Estados, destaca lo realizado en Chile con la creación del Ministerio del Medio Ambiente, la nueva normativa que regula el Servicio de Evaluación Ambiental, la creación de la Superintendencia del Medio Ambiente y de los Tribunales Ambientales. Como ha sido demostrado, estas innovaciones, siendo importantes, se han diseñado en buena medida más para aprobar proyectos económicos o energéticos con una pátina ambiental, que para la protección efectiva de elementos de la  Naturaleza -véase lo que ha sucedido con la política respecto de glaciares-.

En Bolivia, en cambio, primero se desmembró el ministerio a cargo de los temas ambientales, pero luego de la aprobación de la nueva Constitución (2009), se creó un Ministerio del Medio Ambiente y Aguas. Este edificio político-normativo mantiene una aproximación del tipo asociado a los derechos humanos de tercera generación (ambiente sano). Y en otros acápites, esta Constitución declara que una de las finalidades del Estado es la “industrialización de los recursos naturales”, lo que vuelve inconstitucionales algunas políticas de protección ambiental como de hecho ha sucedido.

La nueva Constitución ecuatoriana (2008), presenta innovaciones ecocéntricas que se pueden calificar como de un alcance planetario. Ellas se relacionan con el encuentro de las filosofías de izquierda con los movimientos indigenistas y con una variada praxis del ambientalismo. Se ha procedido a reconocer constitucionalmente unos derechos de la Naturaleza, y se equiparó esta Naturaleza con la voz indígena de la Pachamama -con las consecuencias políticas y jurídicas interculturales y plurinacionales que se siguen de ambas transformaciones-. Pero cuando repasamos la gestión ambiental de los gobiernos que siguieron al régimen de la nueva Constitución, ella demuestra evidentes tensiones con las políticas conservacionistas de orientación biocéntrica. Y así es como persisten graves conflictos de este género y surgen nuevas áreas de confrontaciones -por ejemplo, en la nueva expansión de la explotación petrolera sobre el Amazonas y la nueva gran minería a cielo abierto en las sierras de Los Andes-.

En Brasil por un lado se logró cierta reducción en los índices de deforestación del Amazonas, pero, en otras ecoregiones avanzó la actividad de la ganadería y el cultivo de la soja -sustituyendo extensas áreas de bosque primario-.

En el sector de actividades extractivas como la minería y los combustibles fósiles, y en la agricultura de monocultivos intensivos para las exportaciones al mercado global, ha ocurrido un proceso llamado de un “neoextractivismo” promovido por los gobiernos de las izquierdas. Así es como se han reactivado o refundado empresas estatales promotoras de estas formas económicas, argumentando que ellas resultan eficientes en lo que toca al financiamiento de programas de redistribución de los ingresos sociales. Han comenzado o se ha continuado con proyectos directamente estatales de explotación del hierro y el litio en Bolivia. Este “neoextractivismo” se justificaría como una política necesaria para avanzar en el logro la justicia social.

De esta manera se ha generado una zona de colisión entre las políticas de las izquierdas y las de agrupaciones ciudadanas e indígenas de protección de la Naturaleza. Reaparece la indiferencia estatal ante los impactos ambientales y comunitarios, como la contaminación de aguas y suelos, la deforestación, la pérdida de la biodiversidad, y los efectos en la salud de las poblaciones. Se crean nuevas “economías de enclave” orientadas a la exportación, que no se muestran efectivas en generar encadenamientos productivos, y demandan poco empleo al tiempo que producen múltiples externalidades negativas.

Resumiendo este deteriorado panorama, y según el académico y activista uruguayo E. Gudynas, “no es posible afirmar que los gobiernos progresistas hayan mejorado sustancialmente la gestión ambiental”. Como resultado de esta situación, en estos países han recrudecido los conflictos denunciados por organizaciones ambientalistas.

 

TAGS: #Gestión #Izquierdas #PolíticaAmbiental

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