Cuando el fantasma de SQM recorre el Parlamento y a los partidos políticos, éstos tratan de instalar el fantasma del populismo ante el ambiente de crisis política e institucional, lo cual no es tal, ya que aquello que realmente estamos padeciendo no es una crisis política y de sus instituciones que esté afectando la convivencia social o el desenvolvimiento económico.
Lo que realmente estamos viviendo es una crisis de los partidos políticos y un desenmascaramiento de la ética empresarial y partidaria, la cual se trata de emparejar con las indelicadezas de la familia presidencial, las torpezas del entorno del Gobierno, el aumento de los fraudes en las licencias médicas y la evasión en el pago de pasajes del Transantiago.La pregunta es ¿qué podemos hacer para disuadir a los pobres de transgredir los derechos de terceros? la respuesta es obvia, pero es de compleja y difícil implementación y ejecución: se trata de ofrecerles alternativas y oportunidades de utilizar sus habilidades y recursos para satisfacer sus necesidades y deseos sin tener que transgredir los derechos de los otros, sin tener que delinquir. En el caso de los “delincuentes de cuello y corbata” bien sabemos que la oportuna y estricta aplicación del derecho penal sí los disuade de ejecutar conductas inaceptables para la sociedad.
Dicho al pasar sobre este intento de emparejamiento ético, tenemos que las licencias médicas por salud mental han crecido de un 25% hace dos años a un 48% del total, lo cual es una manifestación de las pésimas condiciones laborales actuales. El gasto mensual mínimo en trasporte por persona puede llegar a 35.000 pesos algo así como el 16% de salario mínimo, de 225.000 pesos, esta evasión es para mucho pobres una estrategia de sobrevivencia y poco tienen que ver con las millonarias evasiones tributarias y otros delitos conexos descubiertas en el caso PENTA.
Se ha denunciado que en contra de los imputados en aquella causa, y ahora formalizados, por esos delitos se ha desatado una ejecución mediática y política que desconoce el principio de presunción de inocencia, ya que se han aplicado medidas cautelares de prisión preventiva que solo suelen aplicarse a delincuentes comunes. También se ha denunciado de atentar en contra de la privacidad de los imputados por transmitir vía medios de comunicación estos procedimientos penales.
Mientras esta cacareada crisis moral de (casi) todos los chilenos está en el primer lugar de la pauta informativa política, la carencia de una política criminal del Gobierno es suplida por un discurso populista penal de endurecimiento de la aplicación de ley, que se anuncia como una parada en seco de la “puerta giratoria”. El Ministro de Justicia ha anunciado que: “Vamos a establecer un cerrojo a la puerta giratoria de los delincuentes”, esa misma que termina apretando los dedos de sus promotores. Estas salidas de madre del populismo penal gubernamental ha sido rechazado por la Corte Suprema, los expertos e incluso la gran prensa. Pero, alguna propuesta hay que hacer cuando la seguridad ciudadana es la política pública peor evaluada en su ejecución.
Lo que bien sabemos de la supuesta eficacia del poder penal es que el 97% de las denuncias de las víctimas de los delitos no tiene sanción alguna –aquí y en casi todas partes-, y las denuncias son algo así como la mitad de los hechos delictivos, por lo tanto el poder disuasivo y preventivo de la pena, la prevención general y la especial, son una promesa vacua.
En Francia de antiguo se comentaba que los vagabundos cometían delitos menores en otoño para pasar el invierno en calor de alguna cárcel, en Estados Unidos de América se comenta que algunos delincuentes marginales solo en la cárcel tienen la atención médica que necesitan.
Si bien existen fuertes evidencias de que la intervención penal no tienen mayor efecto disuasivos entre quienes delinquen como parte de su estrategia de sobrevivencia, es decir que sus posibilidades de no satisfacer sus necesidades y deseos es mayor si no delinque a que si delinque; en cambio, sí hay evidencias de que entre quienes tienen altos ingresos y podrían delinquir sólo para enriquecerse las sanciones penales son altamente disuasivas, siempre y cuando exista una certeza razonable de que estas conductas inaceptables serán investigadas, perseguidas y sancionadas. En breve, podemos afirmar que el derecho penal no es disuasivo para los pobres y que sí es disuasivo para los ricos. Dicho de otra manera, los ricos tienen mucho que perder en la cárcel, en cambio, los pobres no tienen nada que perder allí.
Entonces, la pregunta es ¿qué podemos hacer para disuadir a los pobres de transgredir los derechos de terceros? la respuesta es obvia, pero es de compleja y difícil implementación y ejecución: se trata de ofrecerles alternativas y oportunidades de utilizar sus habilidades y recursos para satisfacer sus necesidades y deseos sin tener que transgredir los derechos de los otros, sin tener que delinquir. En el caso de los “delincuentes de cuello y corbata” bien sabemos que la oportuna y estricta aplicación del derecho penal sí los disuade de ejecutar conductas inaceptables para la sociedad.
Comentarios
17 de marzo
Por esa cantidad (97%) se hace necesario legitimar moralmente las detenciones ciudadanas, ya que son la manifestación natural de una ciudadanía cansada de «delicuenflaites».
Por el otro lado tampoco me resulta chocante que se haga escarnio público de cómo las familias de Délano y cía tienen que hacer fila con el resto de visitas a reos, ni tampoco me resulta chocante que se pueda ver en directo los juicios.
Nada de eso me resulta chocante, porque creo que parte de la evolución de las sociedades consiste en que tales castigos se visualicen hasta tal grado que dejarán ya de existir con la gravedad que existen hoy en día. Un niño no aprenderá a comportarse hasta que sienta el escarnio social de la vergüenza y lo mismo pasa con el conjunto de todos los actores de la sociedad.
El tema de la redistribución de la riqueza es un tema aparte que únicamente puede ser bien planteado cuando se logre un mínimo de respeto común por las leyes. Por ejemplo no podemos evaluar subir impuestos si aun hay casos de evasión fiscal empresarial, ya que lo que entra al Estado es menos de lo que realmente debería estar entrando.
Finalmente tampoco podemos evaluar hacer un sistema más paternalista si nuestra visión del Estado sigue estando atada a la de, como máximo, un Estado subsidiario, cuestión que apenas son capaces de vislumbrar usualmente quienes piden más derechos sociales. «No se puede servir a dos señores» significa en este caso que no se puede quedar bien con las personas y con los grandes grupos económicos.
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18 de marzo
Me gustaría saber que opiniaria Ud., si el afectado y sometido al escarnio público es un familiar directo, su padre, su hermano, su hijo…seguramente hará lo que hacen los flaites, emprenderlas en contra de los trabajadores de los medios de comunicación…si Señor, seguro eso haría Ud.
18 de marzo
Aunque solo sea por razones de eficacia, sus ideas no tienen ningún atisbo de prosperar. Es decir, seguramente se llegará a criminalizar hasta a usted y a mí, en Chile y en España, que es parecida; pero si yo soy delincuente no me corregiré a palos y humillaciones, y si a usted lo humillan o le muelen a palos sin ninguna causa, probablemente se convierta en el delincuente que no es (imagino, porquec delincuente tiene los pies más en la tierra).
19 de marzo
No importa lo individual, sino que lo colectivo y es hacia ese punto donde apuntaba mi comentario.
En lo personal no me afectaría que se ajusticie públicamente a alguien pillado in fraganti y si es de mi familia sería lamentable, pero no me metería a defender tampoco. Lo chistoso es que después se alega contra el nepotismo… el que alguien sea delicuente no lo exime de su responsabilidad por muy mi familia que sea.
Por otra parte yo mismo he vivido criminilización, por razones absurdas, y es por eso mismo que no creo en el castigo en instancias de juicios, sino que en el visceral e inmediato ante el acto el cual, a la larga, auto-organiza la distribución de la violencia, en vez de generar estas instancias en las cuales existe un solo poder legitimado pero corrupto y otro, el de la delicuencia, frente al cual por razones de derecho no estamos legitimados en defendernos. En general tampoco el argumento de la criminalización es atingente, ya que ésta es un hecho que va más allá de la existencia de detenciones ciudadanas y que yo mismo he vivido por parte del sistema y no de la ciudadanía.
En fin. Ni siquiera es tan extrema mi postura como para causar escozor, ya que no abogo por la abolición del Estado de Derecho, sino que meramente darle cabida moral a la reacción violenta contra la violencia. Nótese y me autocito «se hace necesario legitimar moralmente las detenciones ciudadanas». MORALMENTE.
Saludos.
19 de marzo
A Daniel Cuartango Masseratti, comento: Si tengo un hermano que eventualmente podría terminar en la capacha por contubernios política negocios, en tal caso le levaría consuelo, consejo y cigarrillos, o chocolates porque creo dejó de fumar, nada de leer porque en visita a un amigo en tan mala situación me retrucó que el lugar de libros, que echan a perder la vista, le llevase cigarrillos. En fin, apreciado señor, cada cual le atribuye a los otros aquello que esta dispuesto a hacer.
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