La guerra contra las drogas y una autocrítica necesaria

El reconocido fracaso de la guerra de las drogas, que ha causado cientos de veces más muertos que las drogas mismas, hizo que las Naciones Unidas convocará a una Sesión Especial de la Asamblea General  sobre el Problema Mundial de las Drogas, la UNGASS 2016. Esa convocatoria generó grandes expectativas y  la entusiasta participación en su preparación por parte de las ONGs que representan a la sociedad civil, los expertos y científicos, los  funcionarios y organismos internacionales que se ocupan del tema.

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La tarea pendiente está en reactivar el debate y la aprobación en el Parlamento de la modificación de la ley 20.000 sobre drogas. El debate constitucional y político electoral es un buen espacio y momento político para plantear esos cambios en las políticas sanitarias, sociales y criminales para bien gestionar el consumo y la provisión de drogas en el país.

La etapa preparatoria, que se desarrolló en el contexto político de centrase en la salud en lugar de lo punitivo, fue consensuando entre los equipos de trabajo ante los siguientes asuntos a resolver: aplicación de la reducción de daños y regulación del consumo, aplicación sin restricciones de los derechos humanos,  la despenalización del consumo, la aplicación de penas proporcionales a los delitos por tráfico de drogas y la eliminación de la pena de muerte.

No obstante lo anterior durante la realización de la UNGASS 2016, los días 19, 20 y 21 de abril pasado en Nueva York fue aprobado por los estados un documento titulado “Nuestro compromiso conjunto de abordar y contrarrestar eficazmente el problema mundial de las drogas”, el que no considera para nada las propuestas elaboradas durante la etapa preparatoria, las cuales ni siquiera menciona, y reitera una vez más la doctrina de la “responsabilidad común y compartida” y reafirma la intangibilidad de los tres tratados internacionales sobre drogas: Convención Única de 1961, Convenio de 1971 y Convención de 1988.

La contribución de la República de Chile a la UNGASS 2016, fue,  si bien pidió el respeto irrestricto de los Derechos Humanos en  el control de la oferta y reducción de la demanda de drogas, así como la eliminación de la pena de muerte para los delitos asociados a drogas, nada dijo sobre la despenalización del consumo ni sobre la reducción del daño y la regulación del consumo.

Este fiasco mundial para adecuar las normas internacionales  sobre drogas a los conocimientos y prácticas actuales, expresa una vez más que las políticas de drogas no tienen reales propósitos sanitarios y humanitarios, ni de persecución del crimen organizado que las provee. El propósito real de las actuales políticas internacionales de drogas están centradas en lo punitivo y en el control de poblaciones riesgosas o peligrosas  para el orden establecido. Lo anterior ha sido posible porque en el concierto internacional de las naciones se ha conformado una mayoría de países asiáticos y africanos, predominantemente musulmanes,  encabezados por  la Federación Rusa y la República Popular China, secundados principalmente  por  Arabia Saudita, Irán e Indonesia, que son caracterizadamente autoritarios en lo político y conservadores en lo cultural y son partidarios de la aplicación de la máxima capacidad punitiva del estado para controlar el consumo y la provisión de drogas –muchos de ellos aplica la pena de muerte por drogas. No es un hecho casual que también algunos de estos estados castigan penalmente la homosexualidad – algunos con la pena de muerte-  y, a la vez no reprochan o son laxos en perseguir y castigar las agresiones, las lesiones y homicidios de mujeres.

Lo característico tanto en el período preparatorio, como durante la UNGASS 2016, fue la ausencia de información y de debates nacionales e internacionales sobre  la actual situación y las propuestas alternativas en relación con el consumo y la provisión de drogas. Esta opacidad informativa hace posible que los sectores autoritarios y conservadores impongan a la comunidad internacional sus políticas de drogas, sus políticas criminales para el control social, de irrespeto a  las minorías, etc., como lo han venido haciendo con las políticas de derechos humanos.

Nuestra autocrítica desde la sociedad civil debe reconocer que si bien, se logró instalar nuevas visiones y propuestas alternativas para mejor gestionar el consumo y la provisión de drogas en el periodo preparatorio de la UNGASS 2016, en sus comisiones y lobbies, de igual manera como se ha venido instalando entre los tomadores de decisiones de Europa, los países anglosajones y América Latina, lo cual se ido reflejando en sus políticas locales, no hemos sabido instalar un debate nacional e internacional que conforme una opinión pública nacional democrática, solidaria y tolerante que se oponga a las medidas carentes de evidencia científica y atentatorias contra los derechos humanos que se están empleando en la prevención y control del consumo y la provisión de drogas, lo cual ha sido internacionalmente reafirmado por la referida UNGASS 2016. Bien sabemos que, ha sido mediante la conformación de una mayoría consistente, que la mayor parte de los estados de la Unión Americana y de la Unión Europea han ido instaurando una política de drogas racional y humanitaria.

Aquí en Chile no se publicó ninguna información, ni se dio debate alguno sobre las normas internacionales de drogas ni durante la preparación, ni durante la realización ni después de la realización de la UNGASS 2016. Ahora, la tarea pendiente aquí es reactivar el debate y la aprobación en el Parlamento de la modificación de la ley 20.000 sobre drogas. El debate constitucional y político electoral  que se aproxima es un buen espacio y momento político para plantear esos cambios en las políticas sanitarias, sociales y criminales para bien gestionar el consumo y la provisión de drogas en el país.

Ha existido una movilización social importante en el país, donde se destacan la Fundación Daya, Movimiental Y la Red Chilena de Reducción de Daños, entre otras, las que han jugado un rol determinante en el avance realizado en el Parlamento para cambiar nuestra legislación de drogas. Pero, hay allí tareas pendientes como ampliar la regularización del consumo del cannabis al consumo de la pasta base y el clorhidrato de cocaína cuyos portadores constituyen el 38,3% de los detenidos por infracciones a la ley de drogas. Otro tema a abordar son los tribunales de drogas que se han convertido en otra manera de criminalizar  a usuarios de drogas por delitos de baja significación social y criminal.