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Chile Vamos y su segundo rechazo ¿Algo nuevo que ofrecer?

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A poco menos de un mes de que la Convención Constitucional deba entregar el proyecto de nueva Constitución política al presidente de la República para que sea plebiscitada el próximo 04 de septiembre de 2022, toda la derecha; ya formal y expresamente (porque por voluntad lo ha estado desde el plebiscito de inicio del proceso constituyente) ha declarado su postura de rechazar el proyecto constitucional que aún sigue en elaboración.


El llamado es a informarse apropiadamente, a través de canales de comunicación rigurosos en el procesamiento de la información, cuestionar, debatir y exigirle a este sector político que hagan una revisión rigurosa de lo que ofrecen y lo que la población en general demanda

Si hacemos memoria, desde que se ha levantado la voz crítica contra la actual carta fundamental chilena desde 1990, año de entrada en vigor completa de la Constitución de 1980, desde siempre los actuales sectores que han formalizado su voluntad de rechazar el proyecto constitucional, se han opuesto tanto a las reformas sustanciales para democratizar la Carta magna impuesta en la dictadura cívico-militar (1973-1990) como a todo el actual; e inédito, proceso constituyente.

En 2011, cuando arrecieron las múltiples manifestaciones contra no solo el gobierno de turno (Piñera I), sino fundamentalmente contra el modelo de desarrollo extractivista,  contra el modelo de educación como servicio y no como acceso garantizado, contra el modelo de salud segregador por riesgo (edad, sexo e ingresos), en definitiva contra el modelo del Estado subsidiario que la Constitución reformada en 2005 por el expresidente Ricardo Lagos planteaba como concreción de la teoría neoliberal y su propuesta de Estado mínimo o subsidiario.

Si bien el argumento de quienes defienden el modelo de desarrollo, como la institucionalidad creada para su aplicación y desempeño,  ha sido el más que significativo desarrollo y crecimiento económico, dicha expansión no se tradujo en profundización del bienestar general, sino que el bienestar y desarrollo económico se va estrechando, no es para todas los habitantes del país y, peor aún, el modelo no supo responder debidamente antes las reiteradas crisis sociales surgidas durante los últimos años, evidenciando la ausencia estatal para hacer frente a catástrofes naturales o sociales, como consecuencia directa de un Estado disminuido, sin recursos ni capacidades propias para enfrentarlas. Es más, el ejemplo más palpable de la ineficacia del Estado subsidiario neoliberal se observó durante la pandemia, donde la población tuvo que recurrir a sus ahorros para financiar la crisis, y el gobierno de turno (Piñera II) decidió endeudar al fisco para acallar las críticas y la falta de acción oportuna.

A parte del argumento del crecimiento económico, la expansión del ingreso y los ahorros del Estado, que se vieron fuertemente impulsados por una década prácticamente con el alza del precio de las materia primas, el grueso del ingreso de los países latinoamericanos, que siguen sin poder desarrollar y articular un sistema industrial propio competitivo, sustentable y de alto valor agregado, como sí ocurrió con algunos de los países del sudeste asiático o de Europa oriental, durante el mismo período.

Asimismo, el ahorro fiscal vino de la mano del fuerte endeudamiento y gasto de bolsillo por parte de la población, pues el Estado solo puede intervenir cuando ocurre algún desequilibrio en el mercado o porque los privados no quieren o no pueden proveer de los servicios demandados, lo que para el caso chileno se tradujo en una fuerte contracción del gasto público y de la participación del Estado en la producción. Como efecto secundario de este gran ahorro fiscal, no solo hubo una disminución de los activos y patrimonio del fisco, por la ventas de empresas estatales, sino que debido a esto, las capacidades instaladas del Estado también se redujeron a tal punto que, para el terremoto del 2010 o para los grandes incendios forestales de 2017, hubo que recurrir al arrendamiento (y requisamientos en casos extremos) de maquinaria privada, retrasando aún más la acción del Estado frente a situaciones de catástrofes.

Elementos todos los anteriores que durante los últimos años han profundizado la molestia ciudadana frente al modelo de Estado y desarrollo económico, a lo que se debe agregar el pecado original de toda la institucionalidad que sustenta estos modelos, que es su origen espurio o ilegítimo, y que en 2005 fue reformada, pero que resultó en una acomodación cosmética que no tocó ni el modelo de desarrollo extractivista de materias primas, ni al Estado subsidiario, ni el problema de la falta de control y transparencia.

Hoy, a semanas de finalizar esta inédita instancia política suprema y democrática, el mismo sector que siempre ha defendido esta institucionalidad, que se opuso con dientes y muelas a toda transformación democrática la Constitución de 1980, contra el aumento de participación ciudadana, de fiscalización, transparencia y control, como también a la necesidad de terminar con una educación de mercado, para transitar a una educación formal completa como derecho, o a que la salud sea considerada como una categoría mercantil y que sea pensada como una herramienta de garantía al derecho a la vida y bienestar físico y emocional de las personas.

Esta lista de anhelos y demandas (junto con otras muchas más) son las que se consideraron consagrar en el proyecto constitucional que se va a presentar, y fundamentalmente establece la transición de un Estado subsidiario a uno “social de derecho”, implicando con ello que el libre mercado desregulado deja de ser el centro de los modelos de desarrollo y Estado. Pero esto no necesariamente implica que el proyecto ofrecido consagra un Estado socialista o una economía fuertemente centralizada, sino que ofrece la posibilidad de mantener un modelo de desarrollo capitalista con un aumento de la regulación estatal en áreas estratégicas o sensibles para la comunidad y no para el mercado. El centro del modelo se trasladó desde el mercado desregulado y del Estado subsidiario hacia un Estado social; es decir, protector de su población en materias mínimas para el máximo desarrollo material y espiritual posibles.

Finalmente, cabe expresar la necesidad de transitar; asimismo, hacia una cultura del accountability y la gobernanza. La gran deficiencia de las propuestas que se han presentado desde la derecha en todas las instancias posibles durante el último año no pasa ni por cerca respecto a estos asuntos, como sí han planteado conceptos y categorías como propiedad privada, seguridad, orden público y de defensa de sus granjerías y beneficios que solo los miembros de los grupos de mayores ingresos disfrutan con este modelo fracasado y agotado. En consecuencia, los partidos políticos agrupados en Chile Vamos, como también aquellas agrupaciones aún más conservadoras, no logran sintonizar con la sociedad que empujó y sigue pulsando por los cambios estructurales de los modelos, sino que pertinazmente siguen ofreciendo la misma fórmula fracasada, no muestran propuestas creativas que acojan, al menos en lo medular, las sentidas demandas populares.

Por lo tanto, el llamado es a informarse apropiadamente, a través de canales de comunicación rigurosos en el procesamiento de la información, cuestionar, debatir y exigirle a este sector político que hagan una revisión rigurosa de lo que ofrecen y lo que la población en general demanda. Estamos ad portas de una nueva etapa de nuestra democracia republicana, con elementos que se podrían acercarnos a la democracia agonística o polémica de Chantal Mouffe, y la derecha requiere urgentemente superar no solo sus temores atávicos al debate y sus pulsiones autoritarias, adecuarse a los tiempos, revisar sus categorías teóricas y analíticas (y, humildemente, de rigurosidad en la producción de pensamiento político), porque la muestra de exclusión de sus ideas en el debate general en la Convención se repetirá en la disputa del poder, corriendo riesgo de incluso quedar excluidos del Congreso Nacional, debido a la alta desafección ciudadana al sistema de partidos políticos.

En fin. A esta altura, ya deberíamos darnos cuenta de que no da lo mismo rechazar para cambiar, como propone Chile Vamos, porque el cambio que proponen es más de lo que hemos soportado por 40 años.

TAGS: #DerechaChilena #NuevaConstitución #RolDelEstado Estado Social Democrático de Derecho

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Comentarios

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10 de junio

Solo quisiera opinar respecto a un tema: la economía extractivista.
Este ha sido un patrón de TODOS los gobiernos; siempre se han considerados los recursosn naturales no renovables (escencialmente minería..) como un eje de desarrollo. Incluso un presidente habló del «sueldo de Chile».
Por lo tanto es FALSO tratar de endosar eso a políticas liberales. De hecho estas han hecho mucho mas que cualquier otro por tratar de expandir la economía a otros ambitos, particularmente a industrias exportadoras de materias primas también, pero renovables: agroindustria, peces, etc. Lamentablemente siempre nos encontramos con un tema: las distancias a centros de consumo.
Entonces, la duda es porque no nos abocamos a una veta mas de conocimientos específicos y tecnológicos. Ahí si ha habido una gestión MUY interesante que hizo el vilipendiado gobierno de S.Piñera (aunque el primer gobierno, que si es reconocido como exitoso…): StartUp Chile. Ahi se importó tecnología real, empresas reales y han dado sus frutos. El problema es que ahi empiezan a complotar otros problemas que impiden su asentamiento, y que sería muy bueno revisar: si el tratamiento tributario no reconoce el valor que estas generan, el capital humano se va al igual que el financiero. El Estado queda convencido que las personas son como el cobre: se le puede poner impuestos, sino no sale.
Los países que han prosperado en esto dan mucha franquicia que permite dejar capacidades estables. Si no se piensa en esto, habrá poco avance

15 de junio

Don Arturo. Tanto tiempo.

El modelo extractivista se agotó, y no es una falacia. Que haya sido o no exitoso en otro momento, es otra cosa.
Estoy muy de acuerdo con idea de impulsar un modelo productivo que transite hacia la oferta de servicios, con generación de clústers para la estimulación de producción local y consolidación de ecosistemas para la generación de servicios específicos, que permitan construir plataformas de venta de los mismos servicios al exterior, con valor agregado.

Sin embargo, para que ello ocurra se requiere superar el cascarón normativo en que se transformó el Estado subsidiario, pues es muy pequeño y, además, opaco. Sugiero revisar «Capitalismo» de J. Von Wolfersdor, donde se plantea la necesidad de recuperar una mayor regulación y, por ende, mayor tamaño del Estado, para garantizar movilidad de actores del mercado y evitar concentración monopólica de grandes grupos económicos.

Finalmente, los Estados que usted indica que han flexibilizado tasas tributarias, lo han hecho en un umbral mucho más alto que el chileno o, han debido ajustar los ingresos tributarios de otras áreas, con el objeto de atraer inversión e ideas para generación de venta de bienes intangibles y servicios asociados a plataformas digitales o e-commerce. Pero en caso alguno, tuvieron una estructura tributaria tan liviana como la chilena.

Espero se encuentre muy bien.

F.-

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