¿Cuál de las tres derrotas es la que más le duele al Gobierno de Chile Vamos- la ciudadana, la del Congreso o la del TC? En el descalabro global da casi lo mismo. Sin embargo, los sectores políticamente más experimentados de la derecha saben que el mayor costo político lo pueden pagar con la ciudadanía en las próximas elecciones.
El Gobierno, por su parte, tocó fondo. Un nuevo cambio de gabinete, que puede ocurrir en cualquier momento, es, a estas alturas, para hacer el inventario de control de daños. A casi nueve meses de terminar su mandato, no hay cambio de gabinete que pueda salvar la mala imagen de Sebastián Piñera. Después de Pinochet, el peor presidente. Y su Gobierno, el más mediocre desde el retorno a la democracia en 1990.
Pero ojo, el Gobierno de Piñera se hizo del poder político como parte de una coalición. Si bien es cierto, la figura de Piñera en estos momentos resta más que aporta al proyecto político de la derecha agrupada en Chile Vamos, en lo sustantivo la responsabilidad política en la pésima conducción del gobierno y de la pandemia, es de toda la coalición. Que dicha coalición no haya podido llevar a cabo su programa de restauración conservadora, y que “no hayan visto” el cuestionamiento ciudadano expresado en las movilizaciones de octubre de 2019 al modelo neoliberal que los ordena y agrupa, y que más bien lo niegan e ignoran, haciendo como que no existiera malestar, fatiga social y ahora hambre, solo ha agudizado las crisis y el deterioro de la convivencia social cada vez más al rojo vivo.La mejor salida a este drama humanitario es la renta básica universal. Que permita por un lado, evitar que las malas condiciones de vida ya existentes en los sectores más pobres de nuestro país antes de la pandemia, se agraven.
Es cierto, ha habido una parte de la derecha más sensible a la realidad social del país. Hoy incluso la sigue habiendo. Es aquella parte de la derecha que tibiamente viene insinuando que la salida a la coyuntura brutal impuesta por la pandemia es por la vía de soluciones universales. Sin embargo, atendidos los argumentos entregados a la prensa por parte de los mismos personeros, más que por convencimiento, el giro en el sentido de la universalización es por razones meramente electorales. Es decir, es un flirteo con la realidad para evitar la eventual pérdida de votos en las próximas elecciones. Y para generar en parte de la oposición la sensación ambiente de que esta vez sí habrá diálogo fecundo, y el país sí podrá avanzar en soluciones concretas, efectivas y sentidas por la mayoría de la ciudadanía. La triste realidad, sin embargo, es que desde el 18-0 de 2019 a la fecha, cambio relevante no ha habido ninguno, incluso hemos retrocedido en términos de derechos civiles como no había ocurrido desde los tiempos de la dictadura.
Pero existe otra realidad. La realidad concreta, esa que duele, y que se expresa finalmente en que los costos de los malos gobiernos alguien los paga. Y en Chile siempre son los mismos. Lo que viven centenares de miles de familia de sectores populares y de clase media, angustiadas por la falta de alimentos en el día a día, y viviendo en territorios controlados por el narcotráfico y la delincuencia, comienza a ser representada por el mundo científico. Así lo señaló hace algunas horas en el programa de conversación, Lo que Queda del Día de radio Cooperativa, Francisco Pérez, director del Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos de la Universidad de Chile: “hubo un leve incremento de la desnutrición, que pasó a ser desde un 1,8 por ciento en el 2019 a 2,6 por ciento en el 2020″.
Luego, amplía, “Estamos hablando de tener componentes dentro de la nutrición, que están haciendo que nuestros niños tengan un menor desarrollo en estatura, un menor flujo de nutrientes esenciales para poder justamente amplificar sus funciones vitales, como son el crecimiento, el desarrollo físico, el desarrollo cognitivo». Y termina: “si uno lo mira desde la perspectiva de la inseguridad alimentaria, que es el término que usa la OPS y la OMS, nosotros nos estamos acercando, en algunos grupos vulnerables, a perfiles de hambre. O sea, estamos volviendo a los setentas.
En este contexto, es cierto que el tercer retiro del 10% representa un alivio para sectores importantes de la población. La “autoayuda”, según el acertado matiz de la senadora Provoste, no a todos favorece, sin embargo. Existe una franja importante de la población que no recibe nada, que está literalmente a la deriva en medio de la pandemia. Si bien el bono de $200.000 que anunció el Gobierno para este sector, en algo ayuda, no es sin embargo la solución. En el modelo imperante de ayuda estatal basado en la hiperfocalización, más la letra chica habitual de este Gobierno, estos sectores no tienen cabida. Consumido el bono, sigue la angustia. Y es que este modelo de focalización de la pobreza se ha mostrado completamente ineficaz para abordar la realidad de sectores sociales tales como los trabajadores informales, precarizados y sin contrato, lo mismo que en el caso de centenares de miles de mujeres, en muchos casos jefas de hogar, pequeñas empresas, trabajadores por cuenta propia y diversidad de emprendimientos.
En ese cuadro, la mejor salida a este drama humanitario es la renta básica universal. Que permita por un lado, evitar que las malas condiciones de vida ya existentes en los sectores más pobres de nuestro país antes de la pandemia, se agraven. Por el otro, que dispongan de los medios básicos indispensables para poder hacer confinamientos efectivos, de proseguir la pandemia en los términos de descontrol que ha presentado estas últimas semanas y se agrave la crisis económica. Ese es el piso básico para frenar el descalabro.
Sin embargo, es mi opinión que la renta básica universal que es hoy urgente y necesaria para importantes sectores sociales afectados por la crisis económica y la pandemia, debe transcender a la emergencia. No es moneda de cambio para otras prestaciones sociales tales como salud, educación y pensiones ni mucho menos para el cambio de Constitución que debe consagrar derechos sociales universales y solidarios.
Es imposible soslayar el fondo ideológico de esta cuestión. Si existe un sector que se ha opuesto a rajatablas a la renta básica universal y a cualquier otra propuesta que vaya en una dirección solidaria es por qué ello toca el centro neurálgico de la concepción de sociedad que agrupa a la derecha chilena. En efecto, el ala más recalcitrante de ese sector, se ha parapetado para defender su modelo de sociedad esencialmente individualista, presentado corrientemente como “libertad de elegir”. Es decir, restringe la libertad a la capacidad individual a quien pueda comprar salud, educación, pensiones, entre otros, que es justamente lo que colapsó y tiene al país empantanado. Que hay personas que gozan de mayor libertad para elegir, obviamente que las hay. Bien por ellas. Pero un país decente y digno no se construye a partir de relaciones sociales hipermercantilizadas en sus aspectos esenciales para una sana y civilizada convivencia, mientras que la mayoría inexorablemente precariza sus condiciones de existencia justamente a consecuencia de ellas.
En el marco de la pandemia, la “libertad de elegir” se ha debilitado aun más. A las restricciones propias y objetivas que la pandemia ha significado en todo el mundo, el gobierno se ha encargado de reforzarlas, mediante restricciones a los derechos civiles como no había ocurrido desde los tiempos de la dictadura. Asistimos en consecuencia a un progresivo y constante debilitamiento de la democracia y el estado de derecho en el país, hecho que debe llamar la atención de todas las fuerzas políticas de cambio y la ciudadanía toda.
Por eso, es conveniente interrogarse si acaso deben seguirse postergando los procesos electorales programados precisamente con el fin de encontrar un camino democrático y civilizado para resolver la gravísima crisis social, económica y política en la que se encuentra el país. Es mi convicción que, al igual como ha ocurrido en muchos otros países, varios de la región, las elecciones no deben postergarse más. El país dispone de la experticia para organizarlas sin descuidar las medidas sanitarias y el gobierno dispone de las herramientas, capacidades y recursos para garantizarlas.
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