En Chile no nos parece escandaloso que un torturado se encuentre en la calle con su torturador. O al menos, no reconocemos en ello un problema mayor, puesto que abundan las historias de víctimas que reconocen en la vía pública a hombres y mujeres que formaron parte de los distintos sistemas represores que existieron bajo la dictadura de Pinochet.
La comisión Rettig estableció una verdad sobre los casos de violaciones a los derechos humanos que nadie, salvo unos pocos fanáticos, se atreve a negar hoy en día. Felizmente, la memoria colectiva post dictadura condena la figura de Pinochet, rechaza los abusos contra la dignidad de la persona humana y se conmueve con la eliminación sistemática de chilenos que fueron catalogados de enemigos.Por lamentable que parezca, el silencio, el ocultamiento y la mentira han funcionado como amnistía sobre esos criminales que hoy gozan de libertad, cuando su único lugar posible debiera ser la cárcel.
Con todo, aún quedan temas pendientes en la sociedad chilena post Pinochet. Cada cierto tiempo, eventos como la reapertura del “Caso Quemados” o el hallazgo de osamentas humanas en predios militares, nos recuerda que la represión en manos del Estado es una experiencia reciente en la historia de Chile.
En el último tiempo, se ha hablado mucho sobre el pacto de silencio que mantienen militares de nuestro país frente a temas de derechos humanos. Esta es la otra eliminación llevada a cabo por militares y civiles colaboracionistas con el régimen pinochetista: no sólo se trató de la eliminación física de compatriotas, muchos de ellos desaparecidos hasta hoy, sino también de un cuidadoso pacto que oculta los hechos, los silencia e impide que se conozca la verdad sobre numerosos casos aún abiertos para la justicia chilena. Probablemente la máxima expresión de ese pacto es la respuesta contradictoria e imprecisa de Pinochet cuando se le inquirió sobre su responsabilidad directa en secuestros, desaparición de personas y torturas, siendo jefe directo de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA): “no me acuerdo. Pero no es cierto. No es cierto, y si fuera cierto, no me acuerdo”.
Este pacto de silencio implica un impedimento para conocer la verdad sobre los hechos, dificultando con ello la justicia y la memoria. ¿Por qué no nos escandaliza diariamente que torturado y torturador se encuentren en la vía pública? Porque, de alguna u otra forma, el pacto de silencio ha logrado su cometido de sepultar la verdad e impedir la condena de quienes ejecutaron vejaciones, torturas y abusos sobre chilenos y chilenas. Por lamentable que parezca, el silencio, el ocultamiento y la mentira han funcionado como amnistía sobre esos criminales que hoy gozan de libertad, cuando su único lugar posible debiera ser la cárcel.
El testimonio valiente y crudo de Carmen Gloria Quintana y la verdad expuesta por los conscriptos que rompieron su silencio, evidencia cómo la memoria emerge en medio de un olvido tácito del cual no nos hemos hecho cargo como sociedad chilena. Sería bueno que la administración pública diera señales claras para terminar con ese pacto o ayudar en el esclarecimiento de numerosos chilenos aún desaparecidos, para que nunca más tengamos que soportar evasivas, mentiras o declaraciones contradictorias que impiden la justicia ansiada por cientos de familias que aún esperan conocer la verdad.
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