Políticas de desarrollo productivo: una serie de avances infructuosos

Es difícil mirar la realidad productiva de nuestro país y no sentir preocupación sobre sus perspectivas en el mediano y largo plazo. Autoridades de gobierno, académicos, representantes de la sociedad civil, ciudadanos de a pie, entre otros. Todos tienen absolutamente claro que somos un país que depende significativamente del cobre y, que de alguna manera, llegará un momento en que esta historia tendrá que cambiar.

---

Es imperativo que Chile se plantee la discusión sobre desarrollo productivo de forma seria, con altura de miras y obviamente pensando en el largo plazo. Debe existir un acuerdo político amplio y para eso se requiere voluntad, es tiempo de que decidamos cómo vamos a avanzar al respecto.

Lo ideal sería que cuando llegue este cambio, como país, nos encontrásemos con una base lo suficientemente sólida que nos permita seguir avanzando por la senda de la estabilidad económica que hemos disfrutado desde que volvimos a la democracia y que nos ha permitido realizar diversas reformas a través del tiempo. Lamentablemente, para nuestra desdicha, parece que la realidad nos va a encontrar mal parados y tendremos que afrontar las consecuencias de aquellas decisiones que, por algún motivo, se tomaron sin imaginar un escenario más complejo. Refresquemos un poco la memoria en torno a la discusión productiva relativamente reciente de nuestro país.

En el primer gobierno de Michelle Bachelet, como resultados de los esfuerzo realizados en el gobierno de Ricardo Lagos, se creó el Consejo de Innovación para la Competitividad (CNIC), una institución público – privada que, en teoría, propondría las respuestas a los requerimientos productivos de la nación (diversificación y sofisticación de la matriz productiva), considerando que en ese entonces éramos un país productor de materias primas y dependiente del cobre. Básicamente, la nación se concentraría en fomentar dos materias: Innovación y Competitividad.

De esa forma se desarrolla una estrategia enfocada en priorizar esfuerzos sobre aquellas actividades económicas que demostraran un alto potencial de desarrollo por sus encadenamientos productivos (clusters). Obviamente esta decisión no fue arbitraria, de hecho, se solicitó un estudio a The Boston Consulting Group para que identificara las actividades que cumplieran con ese objetivo.

Quizás fue una agradable casualidad pero, coincidentemente, Chile se encontraba en un proceso de profundización de su política comercial con la entrada en vigencia de importantes acuerdos económicos con China y Japón. En ese momento todo demostraba una estrategia coordinada que nos permitiría avanzar económicamente, por un lado, profundizando el acceso a mercados y, por otro, favoreciendo el desarrollo productivo de los sectores: acuicultura, offshoring, turismo, porci-avicultura, minería del cobre, fruticultura, alimentos procesados y servicios financieros.

Lamentablemente, nuestros gobiernos se han caracterizado por una mirada cortoplacista y, adicionalmente, quien sucedió a Michelle Bachelet fue Sebastián Piñera, quien representaba una visión relativamente distinta de la que habían tenido los cuatro presidentes anteriores; a lo menos, en lo que respecta a la política de desarrollo industrial. Siendo sinceros, aparte de la política de industrialización por sustitución de importaciones (ISI), surgida a partir de la década del 30 y mantenida hasta el 70, Chile realmente no ha tenido una política de desarrollo industrial propiamente tal. Como dato anecdótico, prácticamente, lo único que hemos mantenido desde esa época ha sido la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO).

Para el perjuicio de los recursos públicos, el gobierno de Sebastián Piñera catapultó las esperanzas surgidas con la iniciativa de los clusters. El CNIC perdió la influencia que había tenido en el período previo y, es más, quedó relegado a un segundo plano en las decisiones sobre estas materias. Entre el 2010 y 2014 se potenció la estrategia de start-ups que, a diferencia de la estrategia anterior, tiene la característica de no ser selectiva y asegura un acceso relativamente igualitario a los fondos públicos.

Se termina así el período de Sebastián Piñera, con logros económicos significativos, con escasos avances en la materia que nos ocupa en esta discusión y con un fenómeno preocupante: el fin del súper ciclo del cobre o de los commodities (como desee llamarlo). Situación en extremo preocupante porque seguíamos siendo un país completamente dependiente del cobre y sin esperanzas de que alguna actividad ocupara su lugar en el corto y mediano plazo.

A mediados del año pasado se crea la Comisión de Asesora Presidencial de Productividad presidida por Joseph Ramos, uno de los economistas más importante de Latinoamérica. Una buena noticia, sin duda, pero una clara señal de desalineamiento respecto de las estrategias diseñadas en el primer gobierno de Michelle Bachelet en torno a materias de desarrollo industrial.

A fines de marzo, el Ministro de Hacienda junto con el Ministro de Economía y el Subsecretario de Hacienda anunciaron un paquete de 22 medidas destinadas a impulsar la productividad, dados los magros resultados de crecimiento que hemos visto. Cualquiera podría señalar que es mejor eso a seguir tal como estamos; por supuesto, pero siguen siendo medidas cortoplacistas que intentan dar respuestas a situaciones coyunturales.

Unos días después se presentaron las 21 propuestas realizadas por la Comisión de Asesora Presidencial de Productividad y, realmente, dejaron un sabor a poco. Con esto no quiero decir que las ideas surgidas no puedan resultar, solo llama la atención que simplemente se haya hecho una mención generalizada de éstas y no se expusiera una operacionalización o una hoja de ruta acerca de cómo se avanzará concretamente. Es más, la información disponible al respecto es escasa, incluso en la misma página web de la comisión, creada para comunicar sus avances.

Es imperativo que Chile se plantee la discusión sobre desarrollo productivo de forma seria, con altura de miras y obviamente pensando en el largo plazo. Debe existir un acuerdo político amplio y para eso se requiere voluntad, es tiempo de que decidamos cómo vamos a avanzar al respecto. Aprovechando el espacio de reflexión que nos ha proporcionado el fallecimiento de Patricio Aylwin y su legado, retomemos la lógica de los acuerdos y avancemos.

El establecer una Estrategia de Estado al respecto es primordial. No podemos dejar una materia tan sensible en manos de los gobiernos de turno que, dicho sea de paso, solo duran 4 años, las decisiones de política dependen de la ideología dominante y, en el caso de que este cambie, toda iniciativa previa, a menos que afecte a la población en su bolsillo, sea eliminada y se cree una nueva hasta que aparezca otro gobierno, con otro pensamiento.

De esa forma realmente estaremos otorgándole un uso eficiente a los recursos o, por lo menos, un uso más eficiente que el que les hemos dado desde que surgió la iniciativa más seria durante en el mandato de Ricardo Lagos.

Solo un último antecedente, considerando el tiempo que ha pasado entre ese período y el actual, como mínimo, llevamos 10 años perdidos.