La exclusión puede definirse como un conjunto de procesos y mecanismos de distinto tipo instalados en la estructura social y promovidos por acciones del estado.
Uno de los grupos actualmente excluidos en Chile son las personas con discapacidad, quienes a nivel mundial propusieron, ya en la década de los setenta, una nueva forma de entender la deficiencia, no como una causa y responsabilidad de la persona, sino como resultado de la relación de un individuo con el sistema.
El modelo social en discapacidad ha traído consigo cambios teóricos y políticos en la caracterización de la discapacidad, reflejados en las ciencias de la salud, y en la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).
En su Artículo 12, la CDPD, ratificada por Chile el 2008, indica que “los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica”.Ante las profundas desigualdades sociales que enfrentan las personas con discapacidad en el acceso a recursos materiales y simbólicos, el respaldo a su capacidad jurídica constituye un piso mínimo de garantía para materializar una lucha por la redistribución.
La Capacidad Jurídica es la aptitud de una persona para ser sujeto de derechos, ejerciéndolos y adquiriendo obligaciones sin necesidad de que exista un tercero que sustituya su voluntad.
En las Observaciones Finales del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU del 2016, se solicita a Chile “adoptar medidas concretas para establecer un modelo de toma de decisiones con apoyo que respete la autonomía, voluntad y preferencias de las personas con discapacidad”.
Hoy en día, en Chile, la Capacidad Jurídica no está respaldada. Existen organismos judiciales que han sido utilizados mediante cuatro artículos del Código Civil para la determinación de un modelo de atribución directa de incapacidad (interdicción).
En base a un enfoque de derechos, se debe dar asignación prioritaria de recursos para hacer frente a vulneraciones severas y gruesas de este tipo, aunque afecten a un pequeño número de personas en comparación al total de la población nacional.
Esta posición ética frente a la acción del Estado y la sociedad, implica migrar la visión y la acción de las estrategias desde la focalización en satisfacer necesidades hacia estrategias que generen ciudadanía.
Ante las profundas desigualdades sociales que enfrentan las personas con discapacidad en el acceso a recursos materiales y simbólicos, el respaldo a su capacidad jurídica constituye un piso mínimo de garantía para materializar una lucha por la redistribución.
La falta de reconocimiento como sujetos de derecho instituye una relación de subordinación social en la que la participación plena y la interacción en igualdad de condiciones requiere de una reconfiguración de valores.
Desde una mirada intercultural, este desafío consistiría en promover un diálogo situado, creativo y complejo que visibilice las prioridades de la parte subordinada, es decir, de las mismas personas con discapacidad y su derecho al goce y ejercicio de derechos.
En nuestro país, el actual modelo de desarrollo se sostiene sobre la subsidiaridad, la desregulación y la descentralización en la asignación, competencia y gestión de recursos, que se focalizan y condicionan en base a la vulnerabilidad de los grupos sociales.
En este contexto, que ha diluido las políticas y programas sociales de corte universal y comunitario; los derechos se han transformado en oportunidades por las cuales cada uno tendría que competir de manera individual.
Para garantizar un sistema de apoyos a la toma de decisiones de personas con discapacidad mental, es necesario no solo modificar el Código Civil e instruir por ley los cambios requeridos para la práctica profesional y familiar de quienes conviven con personas con discapacidad mental.
Es imperativa la inyección de recursos económicos que permitan crear una institucionalidad pública robusta que proyecte un sistema garante y sostenible de apoyos.
Con representaciones regionales y comunales, debiera garantizar la facilitación de apoyos interdisciplinarios que permitan a las personas acceder a la diversidad de antecedentes necesarios para ejercer sus derechos y tomar decisiones informadas en esferas públicas y privadas de sus vidas.
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