En las primeras páginas de El derrumbe del modelo, Alberto Mayol definía el modelo económico como “los principios que rigen la relación entre la dimensión económica de una sociedad y el resto de las dimensiones”. Si nos permitimos reutilizar esta definición, podríamos afirmar que en Chile tenemos un modelo concreto según el cual la dimensión política y administrativa se relaciona con sus demás dimensiones, en particular con la sociedad. Cuando de políticas públicas se trata, nuestro mundo político se siente con la libertad de impulsar aquellas políticas que sean de su agrado o preferencia, empoderado por la representación otorgada por el voto, sin una participación ciudadana permanente. Esto se traduce en un modelo jerárquico, en cierta medida elitista (con una visión acotada de lo que constituye ser “experto”), y sobretodo cortoplacista. Es así como, en el caso de la ciencia y la innovación, se ha reclamado insistentemente por la ausencia tanto de una política de largo plazo que trascienda a los gobiernos de turno como de participación en la formulación de dicha política.
La creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (MinCTCI) ofrecía la oportunidad para cambiar este modelo, especialmente si recordamos la historia de su creación, que obedeció a un trabajo de muchos años e involucró la participación de numerosas personas y organizaciones, relevando de esta forma el valor del diálogo entre la institucionalidad y la comunidad científica. Siendo un ministerio de reciente creación (al punto que legalmente entra en funcionamiento a inicios de octubre, solo unos pocos días antes del estallido social), el MinCTCI tenía la posibilidad de honrar esta historia, incorporando activamente la participación de dichas personas y organizaciones, así como a sus “usuarios”, generando una práctica permanente e integral, procurando que el aporte de la comunidad de investigadores e investigadoras pudiese traducirse, al menos, en ciertas acciones efectivas. Sin embargo, y luego de más de un año desde el nombramiento de las autoridades ministeriales, cada día se esfuma con más fuerza la esperanza de que el MinCTCI “cambie el modelo”. Si bien es cierto que esta cartera ha emprendido ciertas acciones valiosas, el MinCTCI ha sido igualmente errático en cuanto a demostrar una vocación permanente y sistemática de diálogo y de inclusión.La inclusión de la comunidad científica en el proceso “estratégico” del MinCTCI ha sido más bien coyuntural, en respuesta a ciertos temas de interés, distando de ser un proceso permanente e integral
La única acción de envergadura en esta dirección ha sido el proceso de elaboración de la nueva política nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, aunque fue un esfuerzo acotado (pero en medio del estallido social, cabe señalar), con ausencia de ciertas definiciones, y con pocas certezas sobre el grado de real influencia que tendrá la participación de la comunidad científica en la elaboración final de la política. Más aún, pese a este proceso de diálogo, en la práctica el MinCTCI ha funcionado con ciertas orientaciones de política científica ya decididas, un punto abordado en una columna anterior en este medio, y que vuelve a repetirse en un reportaje reciente sobre las SEREMIs macrozonales. En un ejemplo similar, tampoco existió un diálogo más amplio respecto a las recientes modificaciones al concurso Fondecyt de Iniciación en Investigación (las que, si bien apuntan en la dirección correcta, no alcanzan a resolver todos los problemas del instrumento y preservan la naturaleza hipercompetitiva del concurso), al punto que la propia ANID (la agencia sucesora de CONICYT) tuvo que publicar una guía explicativa en la que se habla de un documento “sujeto a constante revisión y mejoras”.
En definitiva, la inclusión de la comunidad científica en el proceso “estratégico” del MinCTCI ha sido más bien coyuntural, en respuesta a ciertos temas de interés (como el coronavirus y la inteligencia artificial), distando de ser un proceso permanente e integral. Pero no está todo perdido, desde luego. Una oportunidad inmejorable para corregir el rumbo será el nombramiento del consejo asesor del ministerio, o bien del consejo sucesor del Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo (CNID). Durante la elaboración del proyecto de nueva institucionalidad, se conversó precisamente sobre la necesidad de romper la lógica hasta ahora imperante, según la cual la asesoría y labor estratégica de consejos estaba limitada a “notables” de “amplia trayectoria”. Fue con el fin de romper esta “cultura” que la redacción del proyecto de ley habla —al menos en el caso del consejo sucesor al CNID— de “destacada labor” (véase la Ley 21.105, en su artículo 19), para evitar la evidente interpretación de frases del tipo “destacada trayectoria”. ¿Por qué conoce esta anécdota el autor de esta columna? Porque el expresidente de CONICYT, Mario Hamuy, sí abrió las puertas del organismo para convocar a diversos actores que habían sido relevantes en el camino hacia la nueva institucionalidad, y los incorporó en el proceso de trabajo en torno al proyecto de creación de la nueva institucionalidad, estableciendo una clara diferencia respecto a las nuevas autoridades.
El actual contexto social y político demanda un justo reconocimiento del mérito y el esfuerzo. En este sentido, la continua exclusión y falta de valoración de dichos actores (que llega al punto de que incluso el propio sitio web del ministerio presenta una “línea de tiempo” que parte recién con la promulgación de la ley 21.105, el año 2018) lleva al MinCTCI a desperdiciar la experiencia acumulada y las redes establecidas por dichas personas y organizaciones durante los casi diez años de trabajo que tomó la aceptación y posterior creación del MinCTCI, y en cierto modo demuestra que el malestar social se encuentra justificado. En efecto, esta exclusión y falta de participación ha comenzado a generar algunos problemas, como queda de manifiesto en una discusión en redes sociales entre una importante organización y una asesora ministerial, así como en una columna publicada recientemente, que critica la falta de diálogo por parte del MinCTCI y de la ANID (la columna acusa “falta de diálogo con las asociaciones de investigadores” y “poca claridad y falta de participación en la definición las políticas públicas de investigación”).
Pese a lo anterior, aún es tiempo de que el MinCTCI “cambie el modelo”. Para eso, las autoridades deben comenzar a convocar más activamente a la comunidad científica para formar parte integral, permanente y activa de la nueva institucionalidad. Esto no se trata de abrir una bolsa laboral al interior del ministerio, como podría pensarse, sino de cambiar la forma en que elaboramos la mirada estratégica y las políticas y planes de acción en el campo de la CTCI, e incluso en otras áreas de interés público.
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