Con la votación de la causal de violación se entrará a una nueva etapa del proyecto sobre despenalización del aborto en 3 causales en la comisión de salud de la Cámara de Diputados. Se ha creado alta expectación sobre el comportamiento de las y los diputados DC en la comisión. Ellos ya han anunciado su apoyo a la causal, pero también han sido enfáticos en la necesidad de incorporar la obligatoriedad de la denuncia, la reducción del plazo límite para menores de 18 años, desde las 18 a las 14 semanas de gestación y un proyecto de “acompañamiento a la madre”, lo que podría condicionar su aprobación.
Además del horizonte de un aborto libre, seguro y gratuito, el desafío central que tenemos por delante es el de garantizar los derechos sexuales y reproductivos.
Desde algunas organizaciones sociales se ha planteado que se trata de uno de los puntos importantes en disputa en la medida que dentro de un proyecto en que no asoma claramente la mujer como sujeto de derechos, es el único aspecto en que puede insinuarse su aparición como persona con capacidad de decisión en cuanto no se trata de criterios estrictamente biomédicos.
No obstante, aún cuando la aprobación de las 3 causales significaría un alivio concreto a las mujeres que puedan sufrir alguna de las tres, en ningún caso es una medida que resuelva el problema del aborto en Chile. De acuerdo a estudios de la Defensoría Nacional, no se registran casos de mujeres imputadas por el delito de aborto en que la motivación haya sido la violación, el riesgo de vida de la madre o la inviabilidad fetal. Esto es compatible con la experiencia internacional: la OMS en un reporte del año 2000 señala que “la gran mayoría de las mujeres aborta por razones de planificación familiar o económico-sociales”. En ese mismo informe se aborda el caso de Ghana, que tras despenalizar el aborto en 1985 ante riesgo de salud física o mental de la madre e inviabilidad fetal, no disminuyó significativamente las tasas de abortos inseguros.
Si se aprueban las indicaciones de la bancada DC -escenario plausible dadas las negociaciones que se han venido desarrollando-, se estarían poniendo cortapisas importantes a la posibilidad de que este proyecto tenga un impacto sustantivo desde un punto de vista de salud pública.
La violación es la causal a debatir: la violación sistemática de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres chilenas. La falta de acceso a métodos anticonceptivos, el asedio de medios de comunicación que las estereotipan y cosifican y banalizan la violencia que sufren -bastante comentado ha sido el escandaloso titular de La Cuarta sobre el femicidio frustrado en Arica el día lunes-, como uno de los fenómenos propios de la cultura machista en que se favorece la violencia sexual y simbólica hacia la mujer.
Además del horizonte de un aborto libre, seguro y gratuito, el desafío central que tenemos por delante es el de garantizar los derechos sexuales y reproductivos; lo que implica, por ejemplo, contar con una educación sexual que esté orientada a una sexualidad soberana y satisfactoria que se entienda en el marco del desarrollo integral de las personas y no se reduzca a conocimiento instrumental acerca del uso de métodos anticonceptivos -cuestión mínima a la que los sectores conservadores también se oponen- o la difusión acerca de infecciones de transmisión sexual, cuestión que pareciera perseguir una intención disuasiva más que educativa.
Sea cual sea el resultado de la votación de esta causal en la comisión de Salud de la Cámara de Diputados y el posterior curso del proyecto en sala y más tarde en el Senado, el debate no se puede acabar. No se está acogiendo una demanda fundamental de las organizaciones feministas y de la sociedad. No podemos tolerar más la imposición de dogmas: debe respetarse la soberanía de las mujeres sobre su cuerpo y proyecto de vida.
Comentarios