Los cambios de gabinete suelen servir para aclarar las cosas, despejar el horizonte, retomar la agenda y generar escenarios virtuosos para los objetivos del gobierno en ejercicio. En definitiva, permitir que afloren los errores cometidos y, de esta manera, salir de una situación complicada para transitar a una con mejor perspectiva.
La primera señal que envía el recién nominado Ministro del Interior, Jorge Burgos, de que el objetivo es escuchar, dialogar y tomar decisiones para avanzar en el proceso de las reformas, desechando “una refundación”, es una clarificación importante sobre el contenido y la prosa que acompañarán a las reformas, en esta nueva etapa. Es un reconocimiento explícito de una falencia, que en la fase anterior la prosa no siempre estuvo al servicio de los objetivos programáticos, por tanto, ella no contribuyó a lograr el respaldo político y social que las reformas, ergo, tributaria, requerían.El nuevo gabinete de Bachelet tiene las competencias y la pericia para llevar a cabo una sólida gestión política para cumplir lo prometido, reactivando su agenda transformadora y abordar con celeridad los tramites legislativos referentes a probidad, como también poner en marcha, sin retorica, un proceso constituyente “participativo e institucional”, puesto que el tema del cambio constitucional no se puede seguir postergando en el tiempo, menos sacarlo de la agenda pública.
Es positivo que al asumir el nuevo gabinete, se ponga el acento en reconstruir confianzas con los distintos actores políticos y con la ciudadanía. El abrir los espacios de deliberación con los partidos que sustentan al Gobierno, con el mundo social y con la oposición, es optar por terminar con el secretismo que crea murallas y dificulta desarrollar proyectos colectivos y un marco compartido para redoblar los esfuerzos tras los desafíos del gobierno y salir de este clima de desconfianza en que está sumida la actividad política. La confianza es un elemento esencial en la cosa pública y no un patrimonio exclusivo de las relaciones interpersonales.
El hacer coincidir el cambio de gabinete con el anuncio de la Agenda de Probidad y Transparencia de los Negocios y la Política, junto con la presentación del SII de querellas criminales en los casos Penta y SQM, es también una fuerte señal de que se están tomando las medidas indispensables para establecer el marco normativo y ético a observar por la sociedad en su conjunto.
Este nuevo equipo, debe demostrar a la ciudadanía -y ser percibido por ella- un fuerte compromiso con el bien común, focalizándose en las tareas más importantes y significativas para sentar las bases de un Chile más inclusivo y más desarrollado. Es tiempo de que las conductas sean coherentes con el relato, de ejemplos personales que motiven a ensanchar la colaboración y disminuir a su mínima expresión la desconfianza.
El buen trabajo en estos ámbitos permitirá retomar la paralizada agenda del Ejecutivo y darle un sentido de urgencia a los cambios en los ámbitos educacional, laboral, constitucional y en la diversificación productiva para asegurar una reactivación económica con mayor amplitud territorial, lo que implica necesariamente comunicar mejor las medidas en curso a la población.
Los partidos de la Nueva Mayoría tienen un rol fundamental en esta nueva etapa para superar los problemas de conducción política, la cual no es de exclusiva responsabilidad del Gobierno. Ellos son corresponsables de la misma y, por ende, actores que deben superar en forma conjunta los errores procedimentales cometidos. Por consiguiente, es de esperar que a futuro, la prosa de estos partidos sea más hilvanada con la del Ejecutivo y congruente con el proyecto colectivo asumido con la ciudadanía. En vez de perseverar en “matices” y desavenencias artificiales de tipo lingüístico, se debe fomentar una articulación virtuosa entre sus miembros, valorando las diferencias y desechando las dañinas dicotomías entre la vieja y la nueva guardia.
El nuevo gabinete de Bachelet tiene las competencias y la pericia para llevar a cabo una sólida gestión política para cumplir lo prometido, reactivando su agenda transformadora y abordar con celeridad los tramites legislativos referentes a probidad, como también poner en marcha, sin retorica, un proceso constituyente “participativo e institucional”, puesto que el tema del cambio constitucional no se puede seguir postergando en el tiempo, menos sacarlo de la agenda pública.
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