Si la deficiente imagen del gobierno podía mejorar con el reciente cambio de gabinete, ésta posibilidad se verá seriamente comprometida tras la súbita renuncia de Fernando Echeverría a la cartera de Energía. El ministro explicó su salida porque, al revisar su cartera de inversiones, descubrió que mantenía acciones de COPEC, empresa que tiene intereses en su sector, en concreto en el polémico proyecto carbonífero de Isla Riesco. Pese a que oficialmente Chadwick ha destacado el gesto, es sintomático que Echeverría prefiera renunciar a su cargo antes que vender sus acciones como alternativa para superar el conflicto de interés. Si duda, el caso muestra la baja adhesión y compromiso de algunas autoridades que transitan por este gobierno.
Otro aspecto del tema tiene que ver con la desprolijidad en la designación de autoridades, pero, como en este caso se trata de un conflicto de interés que también tendría el propio Presidente, pareciera que hay una tendencia a minimizar este tipo de problemas. Es posible que las crecientes denuncias y peticiones de investigación sobre la inversión del mandatario en COPEC pusiera en alerta al fugaz ministro y precipitara su renuncia. Pese a que se intenta resaltar el lado ético de la decisión, el origen es exactamente lo contrario; la designación no tuvo las mínimas y necesarias consideraciones éticas, lo que ha pasado a ser una condición natural de un gobierno que todos asumen como “de empresarios”. La larga lista de conflictos de interés, que entre otras cosas también incluyó a Lavín y exacerbó el conflicto por la educación, es una norma y no una excepción.
La renuncia de Echeverría deprecia aceleradamente el cambio ministerial y le resta efectividad a un eventual giro del Gobierno. Los intentos de Longueira de imponer una línea en pro de los consumidores, en la que el propio Ministro de Economía se constituye en una especie de defensor ciudadano, tiene un alcance modesto si lo que se potencia desde La Moneda son los grandes negocios y se salvaguardan los intereses de las mega empresas. Lo de Longueira no pasa de ser un intento por integrar la nómina de presidenciables oficialistas y un nuevo episodio en la competencia de poder que parece consumir a la derecha.
Respecto del afán desatado por competir por los cargos, en una seguidilla de declaraciones –cada cual más indigna y sin pudor – ha desfilado por la prensa una nutrida nómina de postulantes a los escaños senatoriales que han quedado vacantes. No sólo es vergonzoso como se ha conducido todo este proceso de reposición de senadores, sino también resulta inexplicable que el Gobierno no advirtiera el problema, si en el cambio de gabinete anterior ya había echado mano de dos parlamentarios. Si el argumento del oficialismo es que la cantera para los ministerios está en el Congreso, debiera haberse buscado aceleradamente un sistema democrático para zanjar las vacantes. A este paso, Piñera terminará el gobierno con más parlamentarios designados que los que impuso el propio Pinochet.
Si Piñera pensaba retomar la iniciativa política y concentrarse en una agenda que permitiera superar los conflictos sociales, es aún más patético que no advirtiera las incompatibilidades en su propio entorno. La situación que se ha producido con Echeverría podrá presentarse como un episodio lamentable o una especie de anécdota, pero en la práctica es una falta de respeto para el país y demuestra un débil o paupérrimo compromiso con los asuntos públicos. Para qué decir si esto es un indicador de lo estratégico que es el tema energético para la actual administración. Como señaló hace un tiempo Carlos Huneeus, director de CERC: Chile no se merece un gobierno como este.
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