¿Por qué no hay acuerdo en el proceso constituyente?

Luego del contundente fracaso del proceso constituyente anterior el pasado 04 de septiembre, los diferentes partidos políticos han intentado levantar sus diferentes propuestas, interpretando que el campo del debate fue redibujado por la amplia votación que obtuvo la alternativa de rechazo a la propuesta de la Convención Constitucional.

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Se observa una tendencia a mantener una inercia del proceso que desgaste los ánimos en perseverar en acordar un tercer procedimiento para cambiar la Constitución de 1980

En tal sentido, las interpretaciones del resultado del plebiscito pasado; principalmente por los partidos contrarios a iniciar cualquier proceso para sancionar una nueva Constitución política, han buscado establecer una relación entre lo que ellos íntimamente desean (y han deseado desde que Piñera “entregará” la actual carta fundamental) y lo expresado por las urnas. Y esto lo ha reconocido al diario La Segunda el 27 de octubre el mismo Mario Desbordes, exministro de defensa y ex diputado por RN, acusando que la mitad de la directiva de su partido desea mantener las cosas tal cual, sin presentar alternativas. Una actitud coincidente, aunque más desembozada, han mostrado los miembros de la derecha extrema articulada en el Partido Republicano, quienes públicamente han buscado frenar cualquier nuevo proceso para el debate y redacción de una nueva carta fundamental.

Una postura diversa, pero con matices, son las que presentan tanto la directiva de la UDI, encabezada por el senador Javier Macaya, y EVÓPOLI, los otros conglomerados de derechas que han levantado propuestas concretas a favor tanto de un nuevo proceso constituyente, coincidiendo en la postura de limitar tanto las materias a discutir en su redacción, la composición y número del organismo encargado de redactar el proyecto (es decir, que no haya hoja en blanco) mayor incidencia o derechamente composición mixta entre expertos designados y miembros electos por la ciudadanía

Por otra parte, la élite financiera y del gran capital empresarial, organizados en grandes asociaciones como la SNA, en la CPC o la SOFOFA han planteado su reconocimiento que se requiere de un nuevo proceso constituyente, y coinciden que el resultado de ella no debe ser un producto similar al rechazado el pasado 04 de septiembre, llegando incluso a proponer que no se invoque una instancia como una convención o asamblea sino que sea la actual legislatura la llamada a redactar una nueva propuesta de Constitución, como lo planteó el presidente de la SOFOFA, Richard Von Appen, el pasado 26 de octubre. Con mayores o menores matices, con más o menos coincidencias entre sí, en los sectores que representan a los dueños del gran capital en Chile existe la coincidencia que una nueva Constitución y su proceso de discusión y redacción es algo que se requiere una habilitación expedita y a la brevedad, lo que no coincide con lo que plantean tanto en parte de RN y por los republicanos.

Sin embargo, frente a todas esas manifestaciones de voluntad de perseguir concretar una nueva Constitución por parte de aquellos sectores que se manifestaron críticos y opositores a la propuesta (y a cualquier propuesta que no mantenga el actual estatus quo), salvo los militantes y simpatizantes del Partido Republicano, se observa una tendencia a mantener una inercia del proceso que desgaste los ánimos en perseverar en acordar un tercer procedimiento para cambiar la Constitución de 1980, la que antes del plebiscitos fue declarada muerta por casi todo el espectro político, al menos de forma pública a excepción de los más recalcitrantes admiradores de la dictadura cívico-militar y su legado.

Hay una clara dualidad discursiva desde varias organizaciones de la derecha, una hacia el público por la promesa de rechazar para reformar (excepto por los ultras del sector), pero el discurso interior de varios sectores es todo lo contrario a honrar la palabra empeñada, por las diversas señales que entregan de buscar no ceder en los fundamentos neoliberales de la actual institucionalidad, que la Fundación Sol resumen en once:

• El plan laboral de José Piñera.
• El sistema de AFP, donde se observa una fuerte ofensiva de los dueños que intervienen en el mercado financiero, buscando patrocinar proyectos y publicaciones en favor del sistema de ahorro forzoso y de capitalización individual, como se observa por las declaraciones del presidente de la Bolsa de Comercio de Santiago Juan Camus o los aportes de varios altos ejecutivos relacionados con administradoras de fondos a las campañas para rechazar la propuesta constitucional, tales como el vicepresidente de AFP Provida Jorge Carey Tagle, o el expresidente de la asociación de AFP’s y exministro de Piñera Rodrigo Pérez Mackenna.
• El sistema de tributación.
• El sistema público de salud y el mercado de la salud.
• La desnacionalización del cobre.
• La estimulación a la industria forestal
• La privatización de la educación.
• La desregulación de la banca.
• La flexibilización laboral y el subcontrato precario.
• La privatización del agua.
• La Constitución política.

Dentro de esta lista se pueden observar varios de los “bordes o principios” que la coalición de derecha Chile Vamos estableció como materias que no debían ser objeto de discusión antes de comenzar a debatir de un nuevo proceso constituyente, entre las que se destacan la propiedad privada sobre los aprovechamientos del agua y la mantención o subsistencia del sistema de ahorro forzoso y capitalización individual (AFP), materias que fueron parte de las principales demandas de transformación que surgieron en las movilizaciones posteriores al 18 de octubre y que, según la encuesta Criteria-UDP publicada en enero de 2020, mejorar las pensiones fue la séptima materia más reiterada en las respuestas con un 17 % de las respuestas, por debajo de igualdad (39 %), mejores oportunidades (32 %), cambios (31 %) y educación (19 %).

Todo lo anterior debe ser considerado con el dato que, según la encuesta Criteria-UDP publicada el pasado 17 de octubre, sostiene que un 79 % de los encuestados considera que se debe cambiar la Constitución y que, si se cruza dicho dato con el hecho que la misma élite política, empresarial y financiera del país pretende obviar, es que tenemos el cóctel perfecto para el surgimiento de caudillismos populistas de izquierda como se puede observar con el caso de la diputada Pamela Jiles, o de derecha, con José Kast como rostro más reconocible, pues la actitud de dilatar el acuerdo para un nuevo proceso constituyente para lograr de ese modo controlar que las transformaciones sean únicamente cosméticas, muestran una carencia de visión estratégica, una falta de responsabilidad política por profundizar innecesariamente una crisis política y ese cortoplacismo crónico que adolece este sector social que no ha permitido el desarrollo de inversiones con alto valor agregado y que solo se queda “ratoneando” en su rentismo extractivista.

Y lo que deben recordar es que cuando la crisis vuelva a erupcionar, ya no podrán decir que “no lo vieron venir”.