Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana;
Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias. (Declaración Universal de los Derechos Humanos. Preámbulo, 1948)El pueblo Mapuche y los no mapuche que cohabitan en esta región merecen saber con esperanza que la solución política proviene de la paz construida por todos y no ajena a ella
El Estado de Chile desde hace 200 años de vida institucional ha promulgado decretos que solo han afectado la paz, comunicación y procesos de crecimiento hacia el desarrollo de una región, con iniciativas de comisiones adjuntas con líneas de promesas incumplidas, que principalmente afectan la convivencia con el pueblo Mapuche con quienes mantiene un conflicto no resuelto.
Las dificultades de los gobiernos continúan y se agravan con decisiones políticas que provienen de un Congreso poco colaborador que no ayuda a la solución. Que desconoce plenamente nuestra historia tomando decisiones inútiles, sembrando el terror, caos e inestabilidad, fomentando acciones de violencia en contra de hombres, mujeres y niños inocentes, mapuche y no mapuche de esta región.
Las secuelas de las decisiones políticas han dejado a familias desintegradas, sin hogar, niños abandonados, jóvenes asesinados, hombres en las cárceles, pobreza, con un desastre que llega a la puerta.
La militarización es una estrategia del pasado en los Estados modernos y civilizados, el problema indígena en naciones desarrolladas fue solucionado en conversaciones y acuerdos tácitos. Hoy la clase política se sirve e invierte en armas para mitigar los dolores y promesas incumplidas del Estado, y se toman decisiones políticas como si fuera una nación en guerra, ¿Será este el camino correcto?. Tanto las familias mapuche y no mapuche han sido sacudidas por hechos de sangre y aturdidas por la actuación de las fuerzas de orden y seguridad que transgreden el debido proceso, sin lamentar la pérdida de vidas.
Ni los Estados de Excepción ni las instalaciones militares mitigan los errores del pasado solo fecundan los conflictos internos y colapsan los pocos logros obtenidos, ignorando los DDHH y la dignidad humana. Para dar la máxima prioridad a las riquezas, los privilegios personales, el poder persiguiendo y ultrajando a quienes siguen una cosmovisión diferente de vida y que solo reclaman respeto por la propiedad arrebatada, las necesidades y dignidad del trabajo.
La Región de la Araucanía necesita un liderazgo que fomente las soluciones pacíficas a sus diferencias políticas y que ayuden a corregir los errores del pasado, constructores de puentes con el pueblo Mapuche para llegar acuerdos con soluciones justas y poner fin a una situación que proviene de un pasado que tomo decisiones en las altas esferas políticas de la nación chilena y que hoy se sigue replicando periodo a periodo con mayor fuerza, profundizando aún más el problema. El pueblo Mapuche y los no mapuche que cohabitan en esta región merecen saber con esperanza que la solución política proviene de la paz construida por todos y no ajena a ella.
La agenda política de paz y acuerdo para el desarrollo sostenible en nuestra región debería señalar los siguientes puntos: devolución de tierras mapuches a través de los títulos de Merced, fin a la pobreza de algunas comunas, educación de calidad con pertinencia cultural para zonas indígenas, agua limpia y saneamiento, salud preventiva, infraestructura que resuelva las deficiencias en salud, educación y red vial, trabajo decente, inversión en contexto cultural, respeto por el medio ambiente y su biodiversidad y fortalecimiento de la economía Mapuche etc. Estos son los fundamentos que sostienen una sociedad integrada, sostenible y floreciente en nuestra región, que promueve el progreso, la paz y procuran el bienestar de todos sus miembros.
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