La votación o sufragio es quizás el elemento más significativo de la democracia. Cada cierto tiempo, los ciudadanos tienen la oportunidad de elegir a sus representantes y autoridades. En otras palabras, escogen a quienes impulsarán políticas públicas que, cuya aplicación, van en beneficio directo de los electores. El 25 de octubre próximo –mismo día que se conmemora un año de la marcha más grande desde el retorno a la democracia donde, en el marco del estallido social, se movilizaron 1,3 millones de personas solo en Santiago-, los chilenos tendremos una oportunidad única e histórica: plebiscitar la redacción de una nueva Constitución Política para mejorar y/o perfeccionar nuestro marco de entendimiento y nuestra vida en sociedad.
No obstante, cabe destacar que esta iniciativa no fue para nada planificada y responde únicamente a la ola de protestas de octubre de 2019, la cual hizo trabajar más que nunca al sistema político chileno: nuestras autoridades parecían comprender –aunque sea leve y superficialmente- el origen de las demandas sociales. El alza de $30 en el sistema de transporte público fue la causa inmediata que, a todas luces, amortiguaba razones mucho más profundas y estructurales: el modelo socioeconómico y la brutal desigualdad del país colmaron la paciencia y dignidad de las personas, sobre todo de la ciudadanía más vulnerable.El futuro sociopolítico del país está en nuestras manos. No dejemos escapar este momento histórico. La democracia fue una ganada histórica y, por lo mismo, debemos ir a votar y ejercer nuestro deber cívico – ciudadano. ¡Nos vemos en las urnas!
La orientación política, social y económica del Estado de Chile se traduce en un rol subsidiario. Esto quiere decir que respalda la iniciativa e intervención privada, haciéndose cargo de las situaciones en las que el privado no puede cubrir los problemas de la población. En teoría no hay problema con eso, salvo algunas realidades y consideraciones:
- Dicha configuración ha facilitado casos de abusos económicos y colusiones. Existen ejemplos de sobra: bajas pensiones y elevados precios de medicamentos, entre otros. El tema de pensiones es el más llamativo, considerando que Carabineros y las Fuerzas Armadas tienen otro sistema de capitalización y jubilación. El factor común es que ambos casos poseen administración privada;
- La calidad de vida de la población más vulnerable se ha visto deteriorada: no tienen acceso a las prestaciones privadas por falta de recursos. Lo anterior trae como consecuencia la utilización de prestaciones estatales, las que claramente son de menor calidad;
Por otra parte, existen otro tipo de situaciones que no tienen que ver directamente con el modelo socioeconómico chileno, pero que han causado profundo malestar en la ciudadanía:
- Los fraudes y desfalcos en Carabineros y Fuerzas Armadas, considerando la cantidad de dinero que fue robada en ambas instituciones;
- El distanciamiento de la clase política con la realidad social y económica del país no es ninguna novedad y, a raíz de ello, la población y ciudadanía está desarrollando una apatía política cada vez más arraigada y fuerte. Esto lleva a no utilizar los espacios políticos disponibles para la ciudadanía, como por ejemplo, el voto.
¿Estas situaciones y condiciones pueden cambiar con la redacción y entrada en vigencia de una nueva Constitución? En parte sí, ya que elementos como salud y educación podrían ser consagrados como derechos fundamentales y, de esta forma, mejorar el acceso de la población y perfeccionar sus prestaciones y servicios. Así, el Estado tendría un rol más activo y patrocinador.
Ahora bien, tenemos que ser claros: la iniciativa privada no va a desaparecer. Seguirán existiendo las farmacias privadas, las escuelas y colegios privados, las clínicas y un montón de servicios más ejecutados por esta entidad. La idea fundamental es “emparejar la cancha” y garantizar el buen funcionamiento de las prestaciones públicas y estatales que, al día de hoy, continúan siendo la sombra de su contraparte.
Otra de las ventajas es que la nueva carta fundamental sería redactada por personas directamente elegidas por la ciudadanía, desplazando así a la clase política tradicional que, como ya dijimos, se encuentra total y absolutamente desconectada de la realidad social y económica del país. Sí, tanto izquierda como derecha forman parte de una élite acomodada que se ha dedicado a velar por sus intereses personales, minimizando la importancia de las demandas de la ciudadanía. Quién conoce mejor que nadie los problemas de población es la misma ciudadanía, no políticos que deliberan en el Congreso con aire acondicionado y/o calefacción y ganando millones de pesos mensuales.
¿”Rechazar para reformar”?
Uno de los argumentos más sólidos que ha usado la derecha política para rechazar la redacción de una nueva Constitución es que, para cambiar ciertas leyes y ordenamientos políticos y sociales, bastaría con enviar proyectos que modifiquen dichos aspectos. Lo anterior es en parte cierto, aunque dicho mecanismo posee ciertas desventajas: los proyectos de ley pueden permanecer años “durmiendo” en el parlamento y jamás ser votados o aprobados. Además, debido al híper presidencialismo presente en nuestro país, muchos proyectos requieren patrocinio del Poder Ejecutivo para un desarrollo más eficaz –condición que también puede modificarse en la Constitución- y más importante aún, es la propia derecha política la que se ha opuesto sistemáticamente a reformas estructurales progresistas. Los ejemplos son muchos, pero podemos mencionar la Ley de divorcio, Ley de inclusión, Ley de interrupción voluntaria del embarazo bajo tres causales específicas, Ley de identidad de género; entre muchos otros. La idea de “rechazar para reformar” no es tan simple como parece y la evidencia demuestra que la derecha política no siempre actúa a favor de iniciativas de carácter progresistas.
Finalmente, debemos recordar que la actual Constitución Política se escribió entre cuatro paredes, bajo un régimen político autoritario que se tradujo en una dictadura cruel y sangrienta, de largos diecisiete años de duración. Esto significa, bajo mi punto de vista, que nuestra actual carta magna sea ilegítima desde su origen. Es necesario, entonces, una nueva Constitución escrita en democracia, de forma transparente, legal, abierta a la ciudadanía, en donde sus redactores sean electos popularmente y, una vez que esté escrita, ratificarla a través de un plebiscito de salida –el cual ya está confirmado-. Sólo así gozaremos de una carta magna democráticamente válida.
El futuro sociopolítico del país está en nuestras manos. No dejemos escapar este momento histórico. La democracia fue una ganada histórica y, por lo mismo, debemos ir a votar y ejercer nuestro deber cívico – ciudadano. ¡Nos vemos en las urnas!
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